El Estado peruano aprobó diez solicitudes de extradición, entre activas y pasivas, como parte de su estrategia para fortalecer la cooperación judicial internacional y garantizar que los responsables de delitos graves enfrenten a la justicia, incluso fuera de las fronteras nacionales. Las resoluciones supremas que oficializan estas decisiones fueron publicadas en el diario oficial El Peruano, tras contar con la opinión favorable de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Condenados.
Las medidas adoptadas involucran procesos con España, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile y Estados Unidos, y abarcan delitos de alta gravedad como homicidio, tráfico ilícito de drogas, robo agravado y feminicidio, en un contexto marcado por el avance del crimen organizado transnacional en la región.
Extradiciones activas: Perú solicita entrega de implicados en delitos graves
Del total de resoluciones aprobadas, cuatro corresponden a extradiciones activas, es decir, solicitudes formuladas por el Estado peruano para que otros países entreguen a personas requeridas por la justicia nacional.
Estas extradiciones serán presentadas ante las autoridades judiciales de España, Argentina, Colombia y Venezuela, y están vinculadas a investigaciones por delitos de especial gravedad. Entre los casos más relevantes figura la solicitud contra Ronald Cotrina Salazar, quien mantiene una requisitoria internacional por su presunta participación en el homicidio del hijo de un exalcalde del distrito de San Juan de Lurigancho, ocurrido en el año 2014.
Según las autoridades, la aprobación de estas solicitudes reafirma el principio de que ningún investigado puede evadir la acción de la justicia trasladándose a otro país, especialmente en casos que involucran violencia letal y crimen organizado.
Extradiciones pasivas: entrega de requeridos a otros países
Asimismo, el Ejecutivo autorizó seis extradiciones pasivas, que permiten la entrega de personas detenidas en territorio peruano a las autoridades judiciales de Argentina, Chile y Estados Unidos, países que los requieren para enfrentar procesos penales en su jurisdicción.
Los delitos imputados incluyen homicidio, tráfico ilícito de drogas, robo agravado y otros crímenes graves, en línea con los compromisos internacionales asumidos por el Perú en materia de cooperación judicial y lucha contra la delincuencia transnacional.
Uno de los casos que mayor atención ha generado es el de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido con los alias de “Pequeño J” o “Montana”, cuya extradición fue aprobada para que sea entregado a la justicia argentina. El ciudadano es requerido por su presunta responsabilidad en el triple feminicidio de jóvenes argentinas, un caso que conmocionó a la opinión pública en ese país.
Marco legal y coordinación interinstitucional
Las decisiones adoptadas se sustentan en los tratados internacionales de extradición suscritos por el Perú, así como en la legislación nacional vigente. El procedimiento contó con la evaluación técnica de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Condenados, integrada por representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Este órgano tiene a su cargo analizar cada solicitud, verificando el cumplimiento de los requisitos legales, el respeto al debido proceso y la compatibilidad de los delitos imputados con el ordenamiento jurídico peruano.
Desde el Ejecutivo se precisó que todas las extradiciones aprobadas se realizaron en estricto respeto a los derechos fundamentales de las personas involucradas, así como a los estándares internacionales de derechos humanos.
Lucha contra el crimen organizado sin fronteras
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, bajo la conducción del ministro Walter Martínez Laura, señaló que estas decisiones forman parte de una política firme del Estado peruano contra la impunidad, orientada a cerrar espacios a las organizaciones criminales que operan a nivel internacional.
El fortalecimiento de la cooperación judicial es considerado clave para enfrentar delitos que trascienden las fronteras, como el narcotráfico, la trata de personas, el sicariato y los crímenes violentos.
En ese sentido, el MINJUSDH remarcó que la extradición es una herramienta fundamental para asegurar que los procesos penales no queden inconclusos y que las sentencias puedan ejecutarse, independientemente del país en el que se encuentre el investigado o condenado.
Compromiso del Estado con la justicia internacional
Con la aprobación de estas diez extradiciones, el Perú reafirma su compromiso con la seguridad jurídica, la cooperación internacional y el respeto al Estado de derecho, enviando un mensaje claro de que no será refugio para personas involucradas en delitos graves.
Las autoridades destacaron que este tipo de decisiones contribuyen a fortalecer la confianza entre los sistemas judiciales de la región y a consolidar una respuesta coordinada frente al avance del crimen organizado transnacional.
El Ejecutivo reiteró que continuará impulsando mecanismos de cooperación con otros países, con el objetivo de garantizar justicia para las víctimas y reforzar la seguridad ciudadana, tanto a nivel nacional como internacional.