El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, anunció la aprobación de la nueva Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030, un ambicioso plan multisectorial que busca fortalecer la lucha contra el crimen financiero y blindar la economía peruana frente al ingreso de capitales ilícitos.
El Decreto Supremo que oficializa esta estrategia fue aprobado por el Consejo de Ministros el último miércoles. La política está alineada con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y posiciona al Perú como referente regional en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
“La relevancia de esta política radica en que es un instrumento integral, no exclusivo del Ministerio de Justicia, y apunta a evitar el crecimiento de organizaciones criminales que socavan al Estado”, afirmó el ministro Alcántara.
Estrategia integral y preventiva
La nueva política contempla un enfoque preventivo, territorial y educativo, involucrando tanto al sector público como privado. Uno de sus pilares es la educación ciudadana y la formación especializada para fiscales, jueces y efectivos policiales.
Entre los cuatro objetivos principales, se destaca:
- La reducción de prácticas que podrían constituir lavado de activos por desconocimiento.
- La prevención desde la etapa escolar, en coordinación con el Ministerio de Educación.
- El fortalecimiento de la cooperación público-privada para impedir la circulación de capitales ilegales.
Proyección al 2030
El titular de Justicia estimó que, con la implementación efectiva de esta política, el Perú logrará una disminución significativa en la incidencia del lavado de activos hacia el año 2030, reduciendo su impacto tanto en la economía como en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Revisión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Durante su intervención, el ministro Alcántara también se refirió a la conformación de una comisión multisectorial que evaluará la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aclaró que no se ha tomado ninguna decisión de retiro, y que se trata de una evaluación técnica y participativa.
“No se ha tomado ninguna decisión de salida. Se trata de un espacio que nos permita una decisión adecuada”, puntualizó el ministro.