La masacre de 13 mineros en Pataz ha conmocionado al país y representa un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado. El Primer Ministro Adrianzén declaró que este crimen debe replantear la estrategia de seguridad nacional, advirtiendo que no es un hecho aislado, sino una manifestación de la creciente violencia vinculada a la minería ilegal.
Adrianzén condenó el ataque calificándolo como un acto de “terrorismo irracional” y reiteró el compromiso del Gobierno para llevar a los responsables ante la justicia. “La justicia no descansará hasta que todos los culpables sean encarcelados. Frente a semejante barbarie, ni siquiera la cadena perpetua parece suficiente”, declaró el premier, aludiendo a la crueldad del crimen y la necesidad de una acción contundente del Estado.
El Ejecutivo ha reconocido que la minería ilegal y la delincuencia asociada a ella constituyen una amenaza de gran escala, describiéndola como una enfermedad que pone en riesgo la estabilidad nacional. Adrianzén subrayó que los criminales no actúan solos, sino que se esconden entre la población y en los yacimientos informales, aprovechando vacíos legales y la debilidad institucional en zonas remotas del país.
Ante esta situación, el Gobierno ha propuesto reformas legales urgentes, entre ellas la creación de una figura penal para el “terrorismo urbano” y la implementación de un nuevo sistema de formalización minera que reemplace al actual Reinfo. El premier llamó al Congreso a respaldar estas iniciativas, advirtiendo que sin una respuesta coordinada y decidida por parte de todos los niveles del Estado, la criminalidad seguirá avanzando. La masacre de Pataz ha encendido una alarma que exige acción inmediata y firmeza política.
