La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ha decidido archivar las denuncias contra la congresista Rosío Torres, representante de Alianza para el Progreso (APP), en un controvertido caso conocido como ‘Mochasueldos’. Con un resultado de 15 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, la decisión fue respaldada por el parlamentario Segundo Quiroz del Bloque Magisterial de Concertación Nacional. Quiroz argumentó que la Fiscalía no presentó pruebas concluyentes sobre las acusaciones.
El escándalo se desató después de un reportaje especial del programa Punto Final, donde se reveló que Torres habría exigido a sus colaboradores que depositaran parte de sus salarios en una cuenta a nombre de su sobrino, Juan Pérez Guerra. Esta práctica generó un aluvión de críticas y cuestionamientos sobre la ética y transparencia en el manejo de fondos públicos.
Además, se documentó que Cecilia Salazar Mattos, quien fue asesora de Torres entre julio de 2021 y agosto de 2022, realizó transferencias por más de S/24,000 durante su tiempo en el Congreso. Estas revelaciones no solo subrayan la gravedad de la situación, sino que también plantean interrogantes sobre la supervisión de las actividades parlamentarias y la protección de los derechos de los trabajadores en el ámbito legislativo.
La decisión de archivar la denuncia ha suscitado reacciones diversas, evidenciando una vez más las tensiones entre la justicia y la política en el país. Con este desenlace, la imagen de la integridad del Congreso se ve nuevamente empañada, dejando a la ciudadanía con la sensación de que la impunidad sigue prevaleciendo en los altos mandos del poder.