El exmandatario Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo en las próximas horas, según informó el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. La decisión se basa en su investidura como expresidente de la República, pese a que la prisión preventiva que cumple responde a hechos ocurridos cuando era gobernador regional de Moquegua.
La noticia fue confirmada durante una conferencia de prensa ofrecida por el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), quien detalló que se ha solicitado una reevaluación al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) sobre el lugar adecuado para el cumplimiento de la prisión preventiva del exmandatario.
¿Por qué Martín Vizcarra será trasladado a Barbadillo?
Aunque el caso que involucra a Martín Vizcarra está relacionado con presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua —entre los años 2011 y 2014—, el ministro Santiváñez explicó que su condición de expresidente no puede ser ignorada a la hora de determinar el penal en el que será recluido.
“El INPE ha emitido la Resolución Presidencial N.º 264-2025, que dispone el traslado inmediato del señor Vizcarra al penal de Barbadillo. Esta medida es autónoma y corresponde a las atribuciones propias del Instituto”, precisó Santiváñez. La resolución se fundamenta en criterios de seguridad, derechos fundamentales y precedentes establecidos con otros exjefes de Estado, como Alberto Fujimori o Pedro Castillo.
Un penal reservado para expresidentes
El penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, se ha convertido en una prisión de alta seguridad y características especiales, destinada principalmente a exmandatarios peruanos procesados o condenados por delitos graves. Allí actualmente permanece recluido Pedro Castillo, mientras que Alberto Fujimori obtuvo recientemente la libertad tras una controvertida resolución del Tribunal Constitucional.
Con el retorno de Vizcarra a este centro penitenciario, el penal vuelve a tener a tres expresidentes vinculados con procesos judiciales de alta relevancia política. La decisión del INPE reabre el debate sobre la politización del sistema judicial y las condiciones especiales de reclusión que se otorgan a quienes han ocupado el máximo cargo del país.
Condicional: solo si su defensa está de acuerdo
Juan José Santiváñez aclaró que la ejecución del traslado está supeditada a la aceptación por parte del propio Martín Vizcarra y su defensa legal. “La medida será ejecutada en las próximas horas, siempre que Vizcarra y su abogado estén de acuerdo con las condiciones de traslado”, sostuvo.
Hasta el momento, el entorno del exmandatario no ha emitido una declaración oficial sobre si aceptará el traslado. Actualmente, Vizcarra permanece bajo custodia en un centro penitenciario común, en cumplimiento de una orden de prisión preventiva de 15 meses dictada por el Poder Judicial en el marco del caso “Club de la Construcción”.
Reforma judicial en marcha
Durante su intervención, Santiváñez también destacó que su despacho viene trabajando en una reforma integral del sistema judicial. Señaló que se están llevando a cabo reuniones con diversas instituciones, como universidades, gremios empresariales y representantes del sector transporte, para diseñar propuestas que garanticen mayor acceso a la justicia y respeto por el debido proceso.
“Queremos construir un sistema judicial moderno, eficiente y justo. Estas reformas son clave para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones”, indicó el ministro. Sin embargo, evitó responder preguntas de la prensa sobre el reciente allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, quien enfrenta una nueva investigación fiscal por presuntos actos de corrupción.
Vizcarra: de la presidencia a la prisión
Martín Vizcarra asumió la presidencia del Perú en marzo de 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Su mandato estuvo marcado por una fuerte agenda anticorrupción, choques con el Congreso y una constante lucha por reformas políticas y judiciales. Fue vacado por “incapacidad moral permanente” en noviembre de 2020, en medio de denuncias que ahora derivan en su prisión preventiva.
En los últimos años, Vizcarra también fue inhabilitado por el Congreso para ejercer cargos públicos, tras revelarse que recibió la vacuna contra la COVID-19 de manera irregular durante el gobierno de Francisco Sagasti.
¿Un penal simbólico de la crisis política?
El penal de Barbadillo se ha convertido en una imagen simbólica del deterioro institucional en el Perú: tres expresidentes, con distintos perfiles políticos y acusaciones, han terminado tras sus rejas. La decisión de reubicar a Vizcarra allí refuerza esa imagen de una democracia golpeada por la corrupción y los escándalos políticos recurrentes.
Más allá de la legalidad de la medida, el traslado de Vizcarra a Barbadillo refleja el difícil equilibrio entre justicia, institucionalidad y respeto por los derechos de los investigados, en un contexto político convulsionado y con baja confianza ciudadana en el sistema de justicia.
