La Novena Sala Penal Liquidadora de Lima impuso 13 años y 4 meses de prisión al exmandatario Alejandro Toledo por lavado de activos agravado en el emblemático caso Ecoteva, relacionado con la compra de lujosas propiedades financiadas con presuntos sobornos de Odebrecht. La condena se suma a los 20 años y 6 meses que ya cumple por el caso Interoceánica Sur.
Un nuevo capítulo en la caída de Toledo
El 3 de septiembre de 2025, el Poder Judicial dictó sentencia contra Alejandro Toledo Manrique, expresidente del Perú (2001-2006), en el marco del caso Ecoteva Consulting Group, una investigación que se arrastra desde hace más de una década y que se convirtió en símbolo de la lucha contra la corrupción de alto nivel en el país.
La Novena Sala Penal Liquidadora, tras evaluar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, declaró fundado en parte el pedido de la Fiscalía y determinó que Toledo actuó en coordinación con representantes de Odebrecht para canalizar sobornos a través de cuentas offshore y usarlos en la compra de propiedades en Lima y Tumbes.
“Se ha probado que, valiéndose de su alto cargo funcional en el Ejecutivo, concertó con representantes de la empresa Odebrecht la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur, a cambio de pagos canalizados mediante empresas constituidas en el extranjero y colocados en el sistema financiero con apariencia de legalidad”, señala la sentencia.
¿Qué es el caso Ecoteva y por qué es clave?
El núcleo de la acusación gira en torno a la empresa Ecoteva Consulting Group, constituida en Costa Rica en 2012 y vinculada directamente a la suegra de Toledo, Eva Fernenbug. Según la Fiscalía, esta compañía fue una fachada utilizada para blanquear fondos ilícitos provenientes de sobornos entregados por Odebrecht.
El dinero habría sido manejado por el empresario Josef Maiman, amigo personal de Toledo, quien transfirió los recursos a Ecoteva. Con esos fondos se financiaron adquisiciones millonarias como:
- Una residencia en Las Casuarinas (Surco) valorizada en más de US$ 3 millones.
- Oficinas y estacionamientos en la Torre Omega por US$ 800 mil.
- Pago de hipotecas de inmuebles en La Molina, Camacho y Punta Sal.
La Fiscalía sostiene que este entramado financiero fue diseñado para dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos, constituyendo un esquema clásico de lavado de activos.
Fiscalía vs. Defensa: las posiciones enfrentadas
El Ministerio Público había solicitado 16 años y 8 meses de prisión contra Toledo, además de una reparación civil de S/ 38 millones a favor del Estado peruano. También están incluidos en el proceso:
- Eliane Karp, esposa de Toledo, actualmente prófuga en Israel.
- Eva Fernenbug, suegra del expresidente y propietaria formal de las propiedades adquiridas.
- Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Toledo y uno de los operadores clave en la constitución de Ecoteva.
Por su parte, la defensa de Toledo sostuvo que los fondos utilizados provenían de recursos lícitos y que el proceso judicial carecía de pruebas directas. Sin embargo, el tribunal determinó que la ruta del dinero era consistente con los hallazgos de la Fiscalía y con las declaraciones de Josef Maiman, colaborador eficaz en el caso.
Segunda condena para Toledo y efectos legales
Esta no es la primera derrota judicial de Alejandro Toledo. En octubre de 2024, el expresidente fue condenado a 20 años y 6 meses por colusión y lavado de activos en otro proceso relacionado con los sobornos de Odebrecht por la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur.
La nueva condena de 13 años y 4 meses se acumulará a la anterior, agravando su situación judicial y reduciendo las posibilidades de acceder a beneficios penitenciarios. Actualmente, Toledo cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo, donde comparte reclusión con otros expresidentes procesados por corrupción.
Impacto político y mensaje contra la impunidad
El caso Ecoteva representa un hito en la lucha contra la corrupción en Perú. La sentencia contra Toledo envía un mensaje claro de que incluso los más altos funcionarios pueden ser procesados y condenados.
La decisión judicial también fortalece los procesos abiertos contra otros expresidentes y altos funcionarios involucrados en el Caso Lava Jato, entre ellos Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García (fallecido).
Para los analistas, este fallo marca una nueva etapa en la relación entre política y justicia en el Perú, reforzando el papel del Poder Judicial en el combate a las redes de corrupción transnacional.
