La madrugada de este feriado 8 de octubre, San Martín de Porres amaneció con un nuevo episodio de sangre. Tres hombres fueron hallados sin vida en la zona agrícola conocida como la muralla de Chuquitanta, un sector desolado en el límite norte del distrito, donde la mayoría de habitantes se dedica a la agricultura. Según las primeras indagaciones, las víctimas fueron ejecutadas con múltiples disparos alrededor de las 4:30 de la mañana.
El hallazgo reavivó los temores de los vecinos, quienes aseguran que la inseguridad en el sector se ha vuelto una rutina macabra: un escenario donde el abandono estatal, la oscuridad y la falta de patrullaje convierten los campos en cementerios clandestinos.
El crimen en la madrugada
De acuerdo con los testimonios recogidos por la Policía Nacional, en la madrugada se escucharon ráfagas de disparos y el motor de una camioneta que se alejó a toda velocidad del lugar. Una de las víctimas presentaba al menos ocho impactos de bala, lo que evidencia un ataque dirigido y planificado.
Los tres hombres no portaban documentos de identidad, y hasta el cierre de esta edición no han sido identificados. Dos de ellos vestían short y uno de ellos no llevaba zapatillas, lo que abre la hipótesis de que pudieron estar retenidos contra su voluntad antes de ser asesinados.
Los peritos de criminalística y el fiscal de turno acudieron a la zona para el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de pruebas.
Una zona marcada por la violencia
El escenario no sorprende a los vecinos. Chuquitanta, con campos agrícolas y caminos de tierra, se ha convertido en una zona propicia para ejecuciones y desechos de cadáveres. La falta de iluminación y el difícil acceso juegan a favor de los sicarios.
“Siempre botan cuerpos aquí o los matan en la zona. Nunca vemos policías”, contó una vecina a la prensa, recordando que no es la primera vez que despiertan con escenas de violencia. Otra residente relató que, al escuchar las detonaciones, pensó que se trataba de fuegos artificiales de alguna fiesta patronal.
El miedo es cotidiano: muchos prefieren esperar la luz del día para realizar actividades simples como correr o trabajar en el campo. “Por acá es muy desolado, necesitamos más policías, porque siempre pasa esto”, añadió otra pobladora.
¿Qué hay detrás de los asesinatos?
La gran pregunta es inevitable: ¿fue un ajuste de cuentas del crimen organizado? Aunque las autoridades aún no brindan una hipótesis oficial, las características del hecho apuntan a un modus operandi vinculado a bandas de sicarios.
En Lima Norte, los enfrentamientos por el control de territorios ligados a la extorsión, cobro de cupos y microcomercialización de drogas han escalado en los últimos años. San Martín de Porres, con sus zonas agrícolas y urbanizaciones alejadas, se ha convertido en un escenario recurrente de crímenes violentos.
El asesinato de tres hombres en simultáneo, con disparos certeros y sin señales de robo, refuerza la tesis de un crimen planificado más que de un hecho fortuito.
El clamor vecinal
Los residentes de Chuquitanta exigen mayor presencia policial. Aseguran que, pese a ser parte de un distrito densamente poblado, esta franja agrícola permanece olvidada por las autoridades municipales y del Ministerio del Interior.
La ausencia de serenazgo y patrullaje convierte la zona en un corredor de impunidad. La comunidad reclama cámaras de seguridad, rondas constantes y proyectos de iluminación pública que permitan reducir la sensación de abandono.
La Policía Nacional mantiene las investigaciones abiertas, a la espera de identificar a las víctimas y determinar si tenían antecedentes. Mientras tanto, el temor sigue instalado en un distrito que ya no duerme tranquilo.
Violencia en ascenso en Lima
Este triple asesinato no es un hecho aislado. Según cifras del Ministerio del Interior, los homicidios con armas de fuego en Lima Metropolitana han aumentado en lo que va del 2025, concentrándose en distritos como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Comas y Villa El Salvador.
La violencia urbana, alimentada por redes de sicariato y extorsión, sigue golpeando a los sectores más vulnerables. La pregunta que queda en el aire es si el Estado podrá recuperar el control de espacios que hoy parecen tierra de nadie.