El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, volvió a manifestar su descontento con la gestión del gobierno de Dina Boluarte en materia de seguridad ciudadana. En sus declaraciones, López Aliaga cuestionó la falta de inversión por parte del gobierno central, especialmente del Ministerio del Interior, al señalar que los alcaldes han tenido que asumir gastos que deberían corresponder al gobierno. Según el edil, la falta de recursos destinados a la seguridad pública ha agravado la situación de inseguridad en las ciudades peruanas.
En este contexto, el alcalde propuso una drástica medida: sancionar con hasta 20 años de cárcel a los gerentes de las empresas de telefonía que no actúen para inhabilitar los celulares robados. Para López Aliaga, las empresas deben ser responsables de colaborar en la lucha contra el robo de teléfonos móviles, los cuales se han convertido en un objetivo frecuente de los delincuentes. “Los directores deben asumir las consecuencias si siguen permitiendo que los celulares robados sigan funcionando”, advirtió el alcalde.
Además, López Aliaga aprovechó la ocasión para hacer un llamado a una reforma integral del sistema de justicia en el país. Según el alcalde, la labor de la Policía es constantemente frustrada por un Poder Judicial y un Ministerio Público que no actúan con la misma celeridad para sancionar a los delincuentes. “El Poder Judicial y la Fiscalía necesitan una reforma de cero”, sentenció López Aliaga, quien considera que la corrupción y la ineficiencia del sistema judicial favorecen la impunidad.
Por último, el alcalde estuvo presente en la ceremonia de inicio de obras en la Avenida Libertad, en San Miguel, un proyecto clave para mejorar la infraestructura vial de la ciudad y mejorar la calidad de vida de los limeños. Con este tipo de iniciativas, López Aliaga busca mejorar no solo la seguridad, sino también la movilidad urbana en la capital.
