El Gobierno peruano salió a aclarar una de las declaraciones más polémicas de las últimas semanas: la posibilidad de un ingreso forzado a la Embajada de México para detener a Betssy Chávez, ex primera ministra que permanece como solicitante de asilo desde el 2 de noviembre. En declaraciones a RPP, el canciller Hugo de Zela zanjó la polémica asegurando que el Ejecutivo no ejecutará ninguna acción que vulnere los compromisos internacionales del Perú.
La controversia se generó luego de que el presidente José Jerí respondiera, ante una pregunta hipotética, que existía la posibilidad de ingresar a la sede diplomática. Las repercusiones internacionales fueron inmediatas, reavivando la delicada relación bilateral con México, que ya había sufrido tensiones durante los años previos. Frente a este escenario, De Zela buscó desactivar la crisis enfatizando que el país respetará la Convención de Viena y el derecho internacional, pilares centrales del sistema diplomático global.
¿Qué dijo realmente el canciller sobre la Embajada de México?
Durante la entrevista, De Zela señaló que la discusión pública surgió por una interpretación descontextualizada de las declaraciones presidenciales. Según explicó, la pregunta que originó todo fue planteada bajo un supuesto hipotético.
“La hipótesis de entrar a la embajada por la fuerza no se va a dar en la realidad”, remarcó el canciller, subrayando que ya conversó directamente con el presidente Jerí sobre los alcances de la respuesta inicial.
El ministro también aclaró que el Perú no ejecutará ninguna acción que contradiga la normativa internacional, dejando sin efecto cualquier lectura de confrontación.
“Lo que pasó es que se difundió solo la respuesta y no la pregunta, por eso no se entendió el contexto en el que se dio la conversación”, añadió.
Pregunta clave:
¿Existe un plan del Gobierno para ingresar a la Embajada?
No. El canciller confirma que no se tomará ninguna medida que implique una violación del derecho diplomático.
¿Es Betssy Chávez una perseguida política? Posición del Perú
Otro punto crucial abordado por el canciller gira en torno a la narrativa de “persecución política” promovida desde México. De Zela fue enfático en rechazar dicha versión.
El ministro recordó que Betssy Chávez, investigada por su rol en el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022, había afrontado su proceso en libertad hasta que el Poder Judicial dictó prisión preventiva por cinco meses.
“Es muy difícil sostener que existe persecución política cuando la propia investigada ha seguido su proceso en libertad. Esa versión es fantasiosa”, aseguró.
Para el titular de Torre Tagle, la postura de México es ideológica.
“Si se analizara desde un punto de vista estrictamente jurídico, probablemente cambiarían de opinión”, añadió el canciller, marcando distancia respecto a la narrativa impulsada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sus sucesores.
Pregunta clave:
¿El Perú reconoce que existe persecución política en este caso?
No. El Gobierno considera que el proceso de Chávez es judicial y no político.
Reacciones tras la declaración presidencial: ¿qué originó la controversia?
Las declaraciones del presidente José Jerí al diario El Comercio encendieron las alarmas diplomáticas. En la entrevista, el mandatario señaló que era una “posibilidad” ingresar a la embajada para ejecutar la resolución judicial que autoriza la detención de Chávez.
Aunque matizó que se trataba de un escenario no definido y que requería “meditación” por las obligaciones internacionales, la respuesta generó incertidumbre y abrió la puerta a interpretaciones mediáticas sobre un eventual ingreso forzado, algo prohibido por la Convención de Viena.
El Perú, como Estado parte, debe garantizar la inviolabilidad de locales diplomáticos, por lo que cualquier acción dentro de una embajada extranjera está estrictamente prohibida. Con la aclaración de De Zela, el Ejecutivo busca evitar que el incidente escale hacia una crisis internacional más seria.
Estado de emergencia en las fronteras: ¿por qué el Gobierno busca reforzar la vigilancia?
En otro tramo de la entrevista, el canciller defendió el anuncio del presidente Jerí de declarar en estado de emergencia las fronteras para reforzar el control con apoyo de las Fuerzas Armadas.
Según explicó, las zonas limítrofes del país están siendo descuidadas, permitiendo el crecimiento de actividades ilegales como minería ilegal, tráfico de migrantes, contrabando y crimen organizado.
“Hay que prestarles mucha más atención a las fronteras. Necesitamos una política de acercamiento y vigilancia permanente”, indicó De Zela.
El Ejecutivo evaluará en Consejo de Ministros el plazo y alcance del despliegue militar, en un contexto donde los índices de crimen transfronterizo han aumentado en los últimos años.
Pregunta clave:
¿El estado de emergencia implica militarización fronteriza inmediata?
Aún no. La medida está en evaluación y deberá ser definida por el Consejo de Ministros.