Este lunes, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe que recomienda la acusación constitucional contra Martín Vizcarra, expresidente del Perú, por presuntas irregularidades en el nombramiento de Daniel Soria Luján como procurador general del Estado en 2020.
La medida se basa en una denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación, la cual sostiene que Vizcarra habría intervenido de manera directa e indebida en la designación de Soria, lo que constituiría una vulneración al marco legal vigente para el nombramiento de autoridades de ese nivel.
Según el informe final elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Vizcarra es señalado por los presuntos delitos de negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal.
Fiscalía señala intervención directa de Vizcarra en el nombramiento
El informe —que fue sustentado ante la Comisión Permanente por la presidenta de la Subcomisión, Lady Camones— recoge los fundamentos de la Fiscalía de la Nación, que advierte que Vizcarra habría influido de forma indebida para asegurar la designación de Soria, sin respetar los criterios técnicos ni legales establecidos para el cargo de procurador general del Estado.
De acuerdo con la denuncia fiscal, se habría vulnerado la imparcialidad y transparencia en un proceso que debía estar guiado exclusivamente por méritos profesionales y requisitos técnicos.
Soria fue designado en febrero de 2020, en plena gestión de Vizcarra. Desde entonces, diversas voces cuestionaron el proceso, señalando que no se había realizado una convocatoria pública ni se habían evaluado perfiles de manera transparente. La Fiscalía considera que la injerencia directa del expresidente podría configurar un uso indebido del poder.
Vizcarra no presentó descargos ante el Congreso
Durante la sesión de la Comisión Permanente, se informó que el expresidente Martín Vizcarra fue debidamente notificado para ejercer su derecho a la defensa en esta etapa del procedimiento. Sin embargo, no presentó ningún tipo de descargo ni acudió a la sesión, lo que fue calificado como una ausencia injustificada.
La falta de participación de Vizcarra fue uno de los aspectos más cuestionados por los miembros de la Comisión. Varios parlamentarios señalaron que, al tratarse de un caso de alta relevancia pública, el expresidente debió asumir su defensa y dar explicaciones al país.
Ahora, con la acusación aprobada, corresponde que el caso pase al Pleno del Congreso, donde se debatirá y votará la procedencia de la acusación constitucional. De aprobarse, se abriría la vía para que Vizcarra pueda ser procesado penalmente por estos hechos.
¿Qué implica una acusación constitucional?
La acusación constitucional es un mecanismo legal contemplado en la Constitución del Perú, que permite investigar y eventualmente sancionar a altos funcionarios del Estado por infracciones constitucionales o delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.
En el caso de expresidentes, como es el caso de Martín Vizcarra, el Congreso debe aprobar la acusación mediante una votación calificada en el Pleno. Solo entonces el Ministerio Público puede continuar con el proceso penal correspondiente.
En este caso, si el Pleno da luz verde, la Fiscalía de la Nación estaría habilitada para llevar a Vizcarra ante el Poder Judicial, en el marco de una investigación preparatoria por presuntos delitos contra la administración pública.
Ocho meses de retraso en el Congreso
El informe que hoy fue aprobado fue elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en enero de este año. La acusación fue votada y aprobada internamente el 23 de enero de 2025, y recién fue elevada a la Comisión Permanente el 29 de enero.
Desde entonces, han pasado más de ocho meses hasta que finalmente el informe fue puesto en agenda y sometido a votación, lo que ha generado críticas por la dilación en los procesos de control político y judicial desde el Congreso.
Vizcarra enfrenta otros procesos judiciales
Cabe recordar que Martín Vizcarra ya enfrenta otros procesos judiciales y constitucionales por presuntos actos de corrupción durante su gestión. Uno de los más conocidos es el caso relacionado con presuntos sobornos en la adjudicación de obras públicas cuando fue gobernador regional de Moquegua, antes de asumir la presidencia.
Además, el exmandatario fue inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos en 2021, tras haberse vacunado en secreto contra la COVID-19 antes de que se iniciara la campaña de vacunación oficial.
¿Qué viene ahora?
Con la acusación constitucional ya aprobada por la Comisión Permanente, el siguiente paso será su debate y votación en el Pleno del Congreso, donde se requiere una mayoría calificada para que el caso siga su curso en el sistema de justicia penal.
De ser aprobado, Vizcarra podrá ser procesado como cualquier otro ciudadano, marcando un nuevo capítulo en los procesos judiciales que involucran a exmandatarios peruanos.
Este caso, además, reaviva el debate sobre la independencia en el nombramiento de procuradores y defensores del Estado, y sobre cómo evitar que decisiones clave del aparato público sean utilizadas como herramienta de control político o personal.