Escribe: Paul Neira Del Ben Director de TLF Especialista en políticas educativas
No cabe duda alguna que 10 años después de que se dio la ley universitaria, el tema sigue estando en la mesa de la discusión pública. En ese lapso se fueron construyendo e instalando narrativas, las cuales muchos miramos con cansancio. La última propone la polarización de que por un lado se encuentran los contra-reformistas y por otro los pro-reformistas. Nos hemos pasado demasiado tiempo enfrascados en este mal libreto de capuletos y montescos luchando interminablemente. Esta vocación, poco sana, de categorizar la realidad en blanco y negro no solo no nos permitió avanzar, si no que (y es lo más penoso) nos ha quitado tiempo valioso para discutir, proponer y buscar caminos para el fortalecimiento a través, de la complementariedad de acciones de política que refuercen el espíritu que avivó el proceso de plantear un cambio en las reglas de funcionamiento del sistema de educación superior en el Perú.
Hay temas vitales para el sistema que no hemos ventilado. Ha escaseado el binomio reflexión/acción, hemos sido coñetes con la prospectiva, con pensar el futuro del sistema y como acoger aquellos temas que son estándares y práctica común en las universidades de países hermanos de la región, pero que en el nuestro no los permitimos desde el ordenamiento legal-normativo y desde una cerrazón antitécnica y casi obsesivamente contraria a incorporar nuevos temas en la práctica y desarrollo de las universidades. Un ejemplo absurdo es no permitir que un Rector de una universidad obtenga su título de doctorado en modalidad a distancia; lo cual a su vez le impide ser elegido Rector.
Uno de estos temas no tratados es el de la necesidad imperiosa de contar con un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación. Recientemente, una nueva ley dada en el congreso propone el licenciamiento permanente (desde mi perspectiva debería ser único, porque el concepto de permanente justamente alude a que es para siempre) institucional de las universidades y la acreditación de los programas ofrecidos por las universidades. Esta ley tangencialmente pone el tema de la necesaria interdependencia respecto de la calidad que requerimos. ¿Por qué tangencialmente? Porque el licenciamiento sigue bajo responsabilidad de la SUNEDU y la acreditación en manos de el reinstalado SINEACE. Un punto a favor porque ya no es una sola institución la que supervisa todo, sino que ahora tenemos al menos dos entidades que deben trabajar en tándem. Es una muestra mayor de madurez del sistema y de las responsabilidades que debe cumplir.
Es vital considerar el hecho que en un entorno académico global cada vez más competitivo y complejo, la necesidad de contar con un sistema de aseguramiento de la calidad en la educación superior universitaria se vuelve esencial para garantizar la excelencia educativa, la eficiencia en la gestión institucional y la satisfacción de las necesidades de una sociedad como la nuestra que requiere de una masa crítica de profesionales bien formados y con flexibilidad que les permita enfrentar el reto del desarrollo de nuestro país. Un sistema robusto de aseguramiento de la calidad debe involucrar a múltiples entidades que trabajen de manera interdependiente para abordar la calidad educativa que tiene que ver con lidiar con aquellos procesos que suceden dentro del aula y que definen la calidad de la formación recibida (acreditación permanente y cíclica), versus un licenciamiento que asegura las condiciones para que se dé el proceso educativo (pero que no entra a evaluar el proceso educativo en sí mismo). Solo de esa forma vamos a poder asegurar que todos los aspectos, desde la planificación curricular hasta la evaluación de los resultados de aprendizaje, sean abordados de manera integral y no solamente desde la perspectiva de comprobar que están a disposición del estudiante. No basta con comprobar que la Universidad cuenta con el Laboratorio y todos los equipos operan adecuadamente y además se tiene asegurado los insumos para que así sigan haciéndolo. Eso no asegura en la práctica que el proceso de aprendizaje se dé con los niveles de logro que requiere un cada vez más exigente entorno laboral. La trampa en la que estuvimos dando vueltas mucho tiempo fue asumir que las Condiciones Básicas de Calidad aseguran la calidad. Me atrevo a sostener que en este caso ni siquiera la correlación se asegura; es decir, asumir que por contar con el laboratorio mi nivel de aprendizaje va a ser mejor en términos de calidad.
Sin embargo, es crucial que esta interdependencia entre las entidades responsables del aseguramiento de la calidad respete el principio de equilibrio y reparto de funciones. Concentrar todas las responsabilidades en una sola institución es caldo de cultivo para generar conflictos de interés, sesgos en la evaluación, y una carga administrativa insostenible, siempre puesta en el supervisado antes que en el supervisor. En cambio, la distribución equitativa de funciones garantiza que cada entidad se concentre en enfoques que contribuyan a hacer tangible la calidad educativa. Un sistema en el que interactúen el licenciamiento y la manutención de dichas condiciones en las universidades junto con la acreditación de programas supone una evaluación externa más equilibrada, ofreciéndole a las universidades rutas claras, ordenadas, con predictibilidad y estabilidad regulatoria. Solo de esa forma estas van a continuar comprometiéndose más y más con la calidad de la educación, consolidando de esa forma su apuesta por la mejora continua y la supervisión del cumplimiento de normativas, sin perder de vista el objetivo común de mejorar la educación superior en general.
En esta arquitectura pendiente de implementar, el Ministerio de Educación tiene un rol clave que cumplir respecto al soporte subsidiario para el fortalecimiento de las Universidades Nacionales. Estas tienen el reto más complejo en términos de atender las sofisticadas demandas de una educación global con los problemas de gestión, falta de recursos, pero sobre todo apertura de sus autoridades a cambios más disruptivos en la formación ofrecida.
Al mismo tiempo, es crucial puntualizar que no estamos afirmando que contar con este Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación ya implementado y funcionando va a implicar automáticamente que ya resolvimos nuestros problemas respecto de la calidad. Sería un despropósito, aparte de una mentira. Lo cierto es que nos acerca un paso más hacia esa meta de mejorar continuamente, no por el sistema, sino por los estudiantes que deben ser siempre los primeros en orden de importancia. Nos ayuda a madurar el sistema y obliga a diseñar respuestas mejor articuladas y que nos prepara con mayor apertura a aceptar procesos como la internacionalización, el fortalecimiento de la investigación, la educación a distancia, las microcredenciales y la innovación en los procesos formativos permitiendo así contar con un sistema de universidades menos desigual, con mayor prestigio regional, más disruptivo e innovador. Pero sobre todo colocando al estudiante, sus aprendizajes y formación en primer lugar.