Según el informe “El precio de la inacción” de la UNESCO, el Perú podría enfrentar pérdidas económicas equivalentes a hasta el 18 % de su Producto Bruto Interno (PBI) hacia el año 2030 si no se cierran las brechas educativas en jóvenes y adultos. Esta advertencia surge en un contexto donde millones de peruanos carecen de las competencias básicas necesarias para integrarse formalmente al mercado laboral.
Ocho millones de peruanos sin secundaria completa
La magnitud del problema se refleja en una cifra alarmante: cerca de 8 millones de personas mayores de 15 años no han concluido la educación básica. A este grupo se suman 1.5 millones de jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan (población Nini).
“Hablar de educación a lo largo de la vida no es solo una agenda educativa, es una agenda de desarrollo. Si millones de jóvenes y adultos no tienen oportunidades de seguir aprendiendo, también se reducen sus posibilidades de acceder a trabajo digno y ejercer plenamente su ciudadanía. Por eso es fundamental que este tema forme parte del debate electoral y de los compromisos del próximo gobierno”, señaló Jimena Chávez, directora de DVV International, Instituto de Cooperación Internacional de la Asociación Alemana para la Educación de Adultos.
Pérdida de competitividad frente al mercado regional
El análisis de la UNESCO subraya que mantener niveles bajos de competencias básicas genera un "sobrecosto" para la economía nacional. La falta de recuperación de aprendizajes impide que los trabajadores se adapten a las nuevas demandas tecnológicas, lo que estanca la innovación industrial.
Reconocimiento de aprendizajes y rutas de formación flexibles
Para mitigar el impacto negativo en el PBI, especialistas sugieren fortalecer la EPJA. Este modelo no busca solo la alfabetización básica. Su meta es crear rutas flexibles para que los adultos validen aprendizajes adquiridos en la práctica laboral. Estos saberes se complementarían luego con capacitación técnica específica. La integración de educación y trabajo es el motor necesario para mejorar la participación ciudadana. Así, se asegura que el crecimiento económico sea sostenible y no dependa de una población con exclusión educativa.