DURANTE catorce años –de 2006 a 2020– un cartel de laboratorios farmacéuticos encabezado por los laboratorios Medifarma, AC Farma y Portugal e integrado por otras 10 empresas, operó a plena luz del día. Las compras públicas del MINSA, ESSALUD y CENARES fueron intervenidas desde dentro mediante un sistema sofisticado de reparto de ítems, posturas de resguardo, supresión de competencia y acuerdos clandestinos que convertían cada licitación en una farsa. No se trataba de un puñado de “manzanas podridas”, sino de una estructura cartelizada que infiltró el corazón de las adquisiciones del Estado peruano. La resolución de Indecopi revela un universo de correos, cuadros internos, conversaciones directas y maniobras de operadores comerciales que parecen extraídos de una serie sobre crimen corporativo. Pero no hay ficción: los medicamentos involucrados abastecían hospitales, centros de salud y regiones enteras. El daño es real, prolongado y sistemático.
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