Por: CARLOS PAREDES *
El escándalo “Chibolín” develó un secreto a voces que circulaba en los corrillos empresariales, bufetes de abogados e investigadores periodísticos: que el subsistema de lavado de activos de la fiscalía se habría convertido en un mercado persa donde las carpetas se abrían y cerraban al mejor postor. El proceso penal abierto contra la fiscal superior Liz Elizabeth Peralta Santur está mostrando cómo la red de tráfico de influencias de Andrés Hurtado había penetrado a este grupo de fiscales, coordinados por el impoluto Rafael Vela Barba. La organización de Andrés Hurtado logró, entre otras hazañas, que se devuelvan barras de oro ilegal a la familia Miu Lei o que se abran investigaciones a los empresarios del oro que compiten con estos patrocinados por Chibolín en opacidad, histrionismo y pedantería. La telaraña del presentador de televisión era, quizá, el “brazo comercial” de esta red de corrupción enquistada en una parte de la fiscalía. El otro brazo es el político. Según el testimonio de Jaime Villanueva, el mismo Rafael Vela negoció con Vladimir Cerrón que no se incluyera a Pedro Castillo en las investigaciones por lavado de activos contra los “Dinámicos del Centro”, que llevaba a cabo su subordinado Richard Rojas Gómez. Pedro Castillo era presidente electo y Cerrón no quería que nada estropease su fortuita oportunidad de llegar a lo más alto del poder político. Rafael Vela también tenía algo que pedir. Quería ser fiscal supremo pero no alcanzaba a completar los requisitos para postularse al cargo, por eso pidió una ley con nombre propio que tenía que nacer a iniciativa de la bancada de Perú Libre. Vela cumplió su compromiso con una frase procaz: “Vamos a dejar que se siente en el sillón presidencial”, según ha relatado ante un fiscal supremo su examigo Villanueva. Cerrón no. Por eso vino la cacería de allanamientos a los locales partidarios e incluso a varios inmuebles de los Cerrón Rojas, incluyendo la casa de su madre Bertha Rojas en Huancayo. Un inaceptable e ilegal uso político de las prerrogativas del Ministerio Público agravado por la ulterior venganza del traicionado fiscal superior. Estos hechos están corroborados en documentos fiscales y hasta en los registros periodísticos. Así pasaron las cosas.
LA MADRE DEL CORDERO
Las normas discrecionales y abusivas –como las de lavado de activos y extinción de dominio, e incluso el propio Código Procesal Penal, que no permite un control de acusación fiscal sino hasta la etapa intermedia– han convertido a los fiscales en reyezuelos que pueden disponer de la libertad, el patrimonio y la reputación de los mortales con una sola disposición fiscal. Este poder omnímodo se está usando con fines crematísticos y también políticos. En el primer caso, el poder de un fiscal se negocia en miles de dólares porque, para un empresario, estar inmerso en una investigación, como por lavado de activos, significa que los bancos le cierren las puertas, que sus compradores e incluso proveedores los cambien, y que su patrimonio pueda terminar incautado por el Estado bajo la figura confiscatoria de extinción de dominio. Existen historias kafkianas de este abuso inconmensurable.
En el segundo caso, la instrumentalización del sistema de administración de justicia con agenda política, los ejemplos son múltiples y, en algunas carpetas fiscales, patéticos o risibles, como la supuesta organización criminal integrada por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, su secretaria y su chofer. Si bien los equipos especiales del Ministerio Público se defienden de estos cargos alegando que autoridades políticas de todas las tiendas han sido investigadas e incluso detenidas gracias a sus pesquisas. Que no hay distinción por afinidad ideológica. Este argumento de defensa se cae al analizar el uso de la anterior ley de crimen organizado contra ciertas agrupaciones políticas. En las investigaciones que se abrieron contra Alberto Fujimori, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski y Luis Castañeda, los fiscales acusaron y procesaron no solo a estos políticos sino a sus hijos, a todo su entorno, ministros, asesores y empresarios cercanos a ellos. Todos imputados de formar supuestas organizaciones criminales. Sin embargo, en los juicios que se les siguen a Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra o Susana Villarán, no han desfilado por los tribunales hijos, ministros, asesores cercanos, empresarios. Tampoco se les ha levantado cargos por organización criminal. Parece ser que, dependiendo de la rivalidad o afinidad ideológica de los fiscales o de los que cortan el jamón en el Ministerio Público, hay corruptos malos y corruptos no tan malos. Verdaderas “organizaciones criminales” o bandas del Choclito.
UMBERTO EL OPERADOR
Esta semana el programa Contracorriente de Willax publicó un revelador audio que demuestra que el “método” del subsistema de lavado de activos ha hecho metástasis en el Ministerio Público, llegando también al poderoso Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder – Eficcop que coordinaba, hasta su apartamiento temporal, la todopoderosa fiscal superior provisional Marita Barreto Rivera. La empresaria Mirtha Gonzáles Yep, investigada y detenida preliminarmente por el Eficcop en el operativo Valkiria XI, ha denunciado haber sido extorsionada por el abogado y escritor Umberto Jara, quien la llamó para alertarle que era objeto de una investigación reservada tres meses antes de que ordenaran su detención preliminar acusándola de pertenecer a la supuesta organización criminal multipropósito liderada por la exfiscal de la nación Patricia Benavides.
Jara, el 20 de enero último, le dio detalles a la empresaria Mirtha Gonzáles de por qué era objeto de una investigación reservada iniciada por el fiscal Fredy Niño, a consecuencia de una declaración de Jaime Villanueva en calidad de aspirante a colaborador eficaz. Le dijo que los cargos eran muy graves, pero que él tenía llegada con este grupo de fiscales y policías para evitar que sea detenida y procesada. Todo a cambio de sus “honorarios” que llegó a establecerlos hasta en 250 mil dólares porque él decía que era el único que tenía la llave del Eficcop, para encajonar su carpeta acusatoria y de este modo evitar que la empresaria perdiera su libertad. Según se escucha, en una de las múltiples conversaciones grabadas por Gonzáles Yep, los diligentes servicios de Umberto Jara incluían elaborar una “narrativa”, que no era otra cosa que preguntas y respuestas que iban a ser ingresadas a la carpeta fiscal como un interrogatorio a la investigada, lo suficientemente contundente como para satisfacer a los inexpugnables investigadores del Eficcop. Según lo ofrecido por el abogado y escritor, la investigada ni siquiera tenía que tomarse la molestia de ir a declarar ante los fiscales y policías, solo firmaba y estampaba su huella digital en el documento que él haría, y listo. Podía tomar un avión, si quisiera, e irse a una paradisiaca playa de La Florida para no atribularse con las pesquisas fiscales.
La empresaria Mirtha Gonzáles Yep –que en el pasado reciente se acogió a la colaboración eficaz en el caso llamado “Porcelanato”, que sindicaba al excongresista fujimorista Héctor Becerril de haberle solicitado una coima en especies (porcelanato para terminar de construir su casa en Chiclayo) a cambio de hacer posible que una empresa constructora gane una millonaria obra– sostiene que se sintió extorsionada por Jara, que solo llegó a pagarle 20 mil dólares porque entendió que ofrecía sus servicios de asesoría legal y que decidió grabar todas sus conversaciones y encuentros con el abogado y escritor, en el Café Lucio de Lima, para denunciarlo ante el mismo Eficcop. Y, en efecto, así lo hizo. El 16 de febrero logró una reunión con el fiscal Fredy Niño, el coronel Harvey Colchado y el capitán Carlos Martínez. González Yep fue con dos abogados y premunida de uno de los audios que había registrado los pedidos ilegales de Umberto Jara. Dice que denunció la extorsión, les hizo escuchar el audio al fiscal y a los policías, pero ellos no hicieron nada con su denuncia. No levantaron un acta de inmediato, tampoco iniciaron una investigación preliminar de oficio, menos la volvieron a citar en los ocho meses y medio que transcurrieron entre esa reunión y la difusión del audio en un programa de televisión. Al contrario, el fiscal Fredy Niño está insistiendo en pedir prisión preventiva para ella a pesar de que los cargos que se le imputan han sido desvanecidos en la apelación a su detención preliminar. Esto, para Gonzáles Yep, es la prueba de que Umberto Jara no está solo en esta supuesta extorsión, sino que sería el operador de lo que ella llama una verdadera organización criminal.
FISCALÍA DE LA NACIÓN PARALIZADA
Esta denuncia que, tratándose de cualquier mortal, hubiera provocado una reacción en cadena, no ha merecido ni un comunicado del Ministerio Público. Menos se ha iniciado una investigación preliminar de oficio siendo que se está acusando, con pruebas indiciarias, de que uno de los equipos supuestamente emblemáticos en la lucha contra la corrupción ha sido infestado por esta. La flamante Fiscal de la Nación Delia Espinoza ha decidido callar en todos los idiomas cuando sabe, por experiencia propia, de qué es capaz su némesis Marita Barreto, quien ha viajado a Washington tratando desesperadamente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgue medidas cautelares en su intento de regresar, empoderada, a la coordinación del Eficcop sin cumplir la medida cautelar adoptada por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, de apartarla de la función fiscal por seis meses mientras la investiga por graves inconductas funcionales.
Si bien el Ministerio Público ha decidido blindar al Eficcop de una gravísima denuncia, se sabe que la División Contra Crimen Organizado de la Policía ha iniciado, de oficio, una investigación a Umberto Jara y los que resulten responsables por este supuesto caso de extorsión. A esta indagación policial, que habría sido notificada al fiscal superior Jorge Chávez Cotrina como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, se habría sumado una denuncia de parte del empresario Fernando Pazos Huayamares quien también, a través de su abogado César Espinoza, habría recibido la visita de Umberto Jara para ofrecerle sus importantes servicios a cambio de 30 mil dólares mensuales. Pazos Huayamares fue mencionado insistentemente en algunos programas periodísticos de la televisión, donde Jara también tenía acceso, porque fue uno de los socios inversionistas en un par de proyectos de vivienda social de Sada Goray. Esta investigación policial podría abrir una verdadera Caja de Pandora que implicaría a varios fiscales del Eficcop, empezando por su apartada coordinadora. En el pasado, estos mismos fiscales han investigado polémicos casos, como la supuesta organización criminal liderada por el abogado Rodolfo Orellana Rengifo, donde existen “colaboraciones eficaces” con peritajes contables que, sometidos a una revisión exhaustiva e imparcial, demostrarían que se falsearon ingresos para que no exista desbalance. Fiscales que han trabajado en esta cuestionada investigación, sostienen que, se trata de un operador clave de Orellana, acogido a colaboración eficaz fraudulentamente, convertido en asesor legal incondicional de la también investigable Marita Barreto Rivera que vuelve a aparecer como el abogado que hizo posible que Mirtha Gonzáles, en calidad de investigada en reserva, pueda hablar a solas con la coordinadora del Eficcop el miércoles 31 de enero de 2024, ingresando por la puerta posterior y sin registrarse. Todo indica que la supuesta organización criminal de fiscales, policías y abogados, está funcionando antes de crearse el Eficcop.
* Autor del libro “El perfil del Lagarto”.
