La sentencia a nueve años de prisión para Alberto Pascó-Font, exfuncionario de ProInversión a quien se atribuye haberse coludido con empresarios para beneficiar a Odebrecht en la adjudicación de los tramos II y III de la carretera interoceánica sur habría tenido el objetivo de asegurar la sentencia de 20 años de cárcel que se le impuso al expresidente, Alejandro Toledo, por colusión y lavado de activos.
Esa es la conclusión a la que llega Francisco Ugaz, abogado del economista, quien expresa a CARETAS su extrañeza debido a que el colegiado que sentenció a Pascó- Font no tomó en cuenta que los testigos propuestos por el fiscal José Domingo Pérez declararon que no se coludieron con su patrocinado para cometer algún acto de corrupción.
Incluso, el fiscal habría pasado por alto que el mismísimo Jorge Barata señaló que ProInversión fue la piedra en el zapato de la constructora brasilera y sus constantes quejas sobre las bases del concurso, dado que no favorecían a la empresa que representaba.
Ugaz Heudebert explica que para el colegiado, el comité de ProInversión habría cometido irregularidades administrativas a la hora de realizar acciones que están dentro de sus atribuciones, como cambiar las bases, hacer modificaciones al contrato o haber ampliado a 25 años el plazo de concesión.
La sala también cuestionó que la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) haya presionado para que los contratistas nacionales participen del proceso, pedido al que finalmente se accedió dándoles una participación mínima de 40 %, a pesar de que esta decisión no solo no benefició a Odebrecht, sino que los afectó, ya que el trato con Toledo fue que les dieran el contrato exclusivamente a ellos.
El abogado también resalta que fue Jorge Barata quien reconoció que los beneficios económicos ilícitos de Odebrecht tienen su origen en los arbitrajes y las adendas en que participaban el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y los concesionarios, y que estas ganancias empezaron a generarse recién en el gobierno de Alan García.
El Poder Judicial habría sentenciado a Pascó-Font y a Sergio Bravo Orellana por una razón; el delito de cohecho, por el que se acusaba a Alejandro Toledo, prescribió antes del inicio de las investigaciones, y la Fiscalía optó por acusarlo por lavado de activos y colusión. Pero este último tipo penal requiere que el funcionario tenga el poder de adjudicar la obra y el entonces presidente de la República no tenía participación en ese proceso.
Es por ello que se habría buscado incluir a los miembros de ProInversión en la acusación.
Pese a que ya apelaron a la sentencia en primera instancia, desde el entorno del economista temen que la sala superior no corrija las observaciones al primer fallo para asegurar que se ratifique la sentencia contra Toledo. Pero si bien, una rectificación podría tumbarse la sentencia por colusión, la sanción por lavado de activos se mantendría.
Ese mismo entorno cuestiona que los presuntos casos de corrupción en la adjudicación de la carretera interoceánica sur se estén juzgando nuevamente, en el proceso que involucra a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en su condición de ministro de Economía y Finanzas de Toledo.