Por: CARLOS PAREDES*
En medio de la aguda crisis política, de gobernabilidad y, también, de representación –que sufrimos por lo menos desde 2016– es lugar común decir que la política está judicializada y que la justicia está politizada. Situación que degrada ostensiblemente la calidad de nuestra democracia porque destruye uno de los pilares del estado constitucional de derecho: el balance e independencia de poderes.
Hay evidencias estadísticas que sustentan la crisis política interminable que nos aqueja, no solo en el Poder Ejecutivo o en el Congreso de la República, también en el sistema de administración de justicia. En el lado del Ejecutivo las cifras son elocuentes: Seis presidentes y tres congresos en nueve años. Ocho mociones de vacancia presidencial presentadas en el Congreso en el mismo período (2016-2024) que terminaron en renuncia (PPK) o remoción de presidentes (Vizcarra y Castillo). Otra cifra nos muestra la calidad y rotación de los altos funcionarios del gobierno designados en los últimos años. Pedro Castillo removía, en promedio, un ministro cada seis días. Varios de sus ministros en lugar de currículum tenían prontuario. También nombró a Richard Rojas García, un respetable técnico de televisores y otros electrodomésticos, como embajador de Perú en Panamá y, después, en Venezuela, con la intención de protegerlo de investigaciones penales iniciadas en su contra por el dinero ilícito que entró a su campaña. Rojas García, hombre de confianza del prófugo Vladimir Cerrón, fue su jefe de campaña en 2021. Solo una orden judicial de impedimento de salida del país detuvo su viaje a Venezuela como nuestro representante en la dictadura chavista.
EL PODER LEGISLATIVO
Los viejos cronistas parlamentarios sostienen que en este nuevo siglo el nivel del Congreso de la República en cada período es peor. La degradación de los parlamentarios es directamente proporcional a la calidad de sus leyes y a su nivel de aceptación en las encuestas de opinión pública. Están por debajo de un dígito y, en algunas zonas del país, rozan el error estadístico. Para no hablar del elevado número de congresistas denunciados y procesados por graves delitos como crimen organizado o por robarle el sueldo a sus trabajadores en esa modalidad delictiva que la prensa ha dado en llamar “mocha sueldo”. Otra cifra categórica es el número de representantes tránsfugas que modifican permanentemente el nombre y número de bancadas, por ahora son 13 de las 8 iniciales. Para no hablar de la penetración de los intereses partidarios o empresariales inconfesables de los caciques de los partidos o de las economías ilegales que han preñado y parido leyes con nombre propio o claramente violatorias de principios constitucionales o tratados internacionales a los que se ha adherido el Perú. Algunos asesores parlamentarios han actualizado sus prácticas legislativas, antes copiaban de Wikipedia la exposición de motivos o fraseo de artículos de sus proyectos de ley. Ahora le piden al Chat GPT que les redacte sin tomarse la molestia de editar el texto, como lo ha descubierto la prensa acuciosa en más de un caso.
EL OTRO PALACIO EN CRISIS
El Poder Judicial, entendido como uno de los tres pilares de la estructura del Estado, no solo es el Palacio de Justicia, es todo el sistema de administración de justicia que está integrado, además, por otros órganos autónomos como el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la Procuraduría General del Estado. La crisis en este poder, entendido como un sistema, también es aguda. Si hablamos solo de jueces, la alta provisionalidad de estos es uno de los principales problemas. Esta anomalía que afecta la calidad de las resoluciones va desde la Corte Suprema hasta los Juzgados de Paz. En la más alta instancia hay 60 jueces supremos, pero solo 20 titulares. Similar proporción de provisionalidad se presenta en salas superiores y juzgados de primera instancia. Es decir, la justicia, en gran parte la imparten jueces provisionales o supernumerarios, varios de ellos abogados de la calle que ingresan a la judicatura sin que se conozca cuáles son sus credenciales académicas o su solvencia ética o moral. Los presidentes de las cortes superiores tienen la prerrogativa de nombrar y sacar a dedo a estos magistrados con todo lo que eso significa. El caso de la suspendida presidenta de la corte más importante del país, la Corte Superior de Justicia de Lima, la jueza María Delfina Vidal La Rosa Sánchez –conocida como la “jueza chibolina” por su peligrosa e investigable relación con la telaraña de tráfico de influencias de la organización armada por Andrés Hurtado “Chibolín”– es un ejemplo reciente de la penetración del crimen organizado en la justicia.
El próximo 5 de diciembre la Sala Plena de la Corte Suprema elegirá a su nuevo presidente, que también es el titular del Poder Judicial. Hay tres candidatos visibles para reemplazar a Javier Arévalo. Los jueces supremos Manuel Lujan (que tendría el aval de César San Martín) Carlos Arias (que tendría el respaldo del saliente presidente Javier Arévalo) y Janeth Tello (avalada por la expresidenta de la Corte Suprema Elvira Barrios). Tradicionalmente para que un juez supremo llegue a ser elegido presidente debía tener el aval o patrocinio de los poderosos supremos, hoy no. De los 18 titulares, la mitad, o sea 9 son nuevos jueces, elegidos en los recientes concursos hechos por la JNJ. Aunque en los pasillos del Palacio de Justicia se da por descontado el regreso del juez supremo Carlos Arias Lazarte destituido por la JNJ porque fue implicado en el escándalo de “Cuellos Blancos del Puerto”. Si los 9 jueces novatos deciden apoyar a uno de los suyos fácilmente podrían elegir al nuevo presidente. Eso lo sabremos en dos semanas.
EL MISTERIO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La fiscalía es el otro brazo de la justicia que pasa por una severa crisis institucional que, con el caso de Patricia Benavides, ha tocado fondo. El número de fiscales de la nación que han ocupado el puesto en medio de esta crisis es elocuente: 10 desde 2014. Uno de ellos, Pablo Sánchez, lo hizo hasta tres veces, la última ocasión solo por unos días, suficientes para firmar la resolución que devolvía en el cargo de coordinadora del Eficcop a la controvertida e investigable fiscal superior provisional Marita Barreto Rivera. Hay un factor a tener en cuenta en esta nueva correlación de fuerzas al interior de la Junta de Fiscales Supremos es el regreso inminente de Tomás Aladino Gálvez Villegas repuesto por un amparo que deberá resolver en las próximas semanas en última instancia el Tribunal Constitucional. La audiencia se realizó el 18 de septiembre último y, todo indica, que tiene los votos mayoritarios a su favor en el TC porque su defensa técnica alegó algo, que su destitución por parte de la JNJ se dio un mes después de haber cesado la facultad sancionadora que tenía. La otra variable es que Pablo Sánchez fue suspendido por 120 días por la misma JNJ, sin embargo presentó un recurso de reconsideración que hasta hoy no se atiende pero se sabe que el ponente de este recurso, Guillermo Thornberry, ha emitido una opinión para que se le confirme la sanción. Probablemente esta JNJ que termina sus funciones en diciembre, fiel a su actuación politizada, no verá este caso. Será la nueva JNJ la que decida esto, si antes, Sánchez no decide renunciar por motivos de salud.
Otra cifra, que dice mucho de la calidad de las carpetas fiscales en casos emblemáticos, es el número de veces que jueces de control de acusación han rechazado las acusaciones fiscales de los casos Cócteles u Orellana a cargo del histriónico José Domingo Pérez y de la poco prolija alumna de pregrado Marita Barreto.
La preparación académica de ciertos fiscales protagónicos es, por decir lo menos, cuestionable. Patricia Benavides no ha mostrado sus tesis de maestría y doctorado en la Universidad Alas Peruanas (UAP) con las que obtuvo puntaje adicional en el concurso público que la hizo fiscal suprema. Hubo sospechas de que eran tesis plagiadas. Su exasesor Jaime Villanueva ha dado detalles. No solo que una de ellas, la de doctorado, tenía 90 % de plagio, sino cómo pretendía salir de ese entuerto. Zoraida Ávalos tiene certificados de cursos de especialización de dudosa procedencia, que la prensa ha demostrado que se compran a un precio módico en una institución supuestamente académica de fachada. Marita Barreto tiene una tesis desaparecida en una maestría, también de la extinta Universidad Alas Peruanas, donde obtuvo la excelencia académica de Suma Cumme Laude con un tema de Derecho Penal en una maestría de “Derecho Constitucional y Derechos Humanos”. Hay sospechas razonables que también se trate de una tesis copiada porque las examigas Benavides y Barreto compartieron a su presidente de jurado. Barreto se ha negado a exhibir su tesis porque alega que ya pasó más de una década desde que se hizo maestra por la UAP.
En medio de este panorama desolador en el Ministerio Público acaba de asumir como flamante Fiscal de la Nación Delia Milagros Espinoza Valenzuela. Sus dos primeras decisiones han llamado la atención o provocado protesta de los poderes fácticos entrometidos por años en la fiscalía. No invitó a ninguna autoridad ajena a la institución a la ceremonia de su juramentación como solía hacerse. La razón que esgrimió fue muy simple: varias de esas autoridades (presidenta de la República y 12 congresistas) serán investigados por ella por ser aforados. La segunda medida, la que ha causado escozor inicial en cierto sector, es que los fiscales mediáticos o figuretis que son los coordinadores de los llamados equipos especiales (Lava Jato, Crimen Organizado, Lavado de Activos, Eficcop, entre otros) ya no podrán salir a declarar alegremente, como lo solían hacer con sus periodistas amigos o los fidelizados del “club de la filtración”. El Ministerio Público nombrará un vocero o vocera que será el que informe de todos los casos o temas de interés público de la institución. Se prevé que en los próximos días se produzcan cambios en la estructura administrativa y fiscal, que son cargos de confianza de la Fiscalía de la Nación.
LOS EQUIPOS ESPECIALES
Quizá la decisión inicial más importante, que Delia Espinoza deberá tomar, será qué hacer con los coordinadores y fiscales de dos controvertidos equipos especiales del Ministerio Público. Lava Jato con Rafael Vela Barba a la cabeza y el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) que lideró la apartada de la función fiscal Marita Barreto. En el primer caso ha quedado claro el fracaso estrepitoso de la función de la fiscalía como titular de la acción penal. El acuerdo con la transnacional de la corrupción Odebrecht es vergonzoso. La empresa brasilera ha podido disponer ampliamente de su patrimonio en el país, la reparación que pagará al Estado es ridícula para todo lo robado y, lo más grave, la supuesta colaboración de la empresa y sus funcionarios para delatar a las autoridades peruanas que se coludieron para defraudar al erario no se dará como se había ofrecido a cambio de no meterlos presos. Jorge Simons Barata nunca podrá ser extraditado al país porque está blindado por el lesivo acuerdo de colaboración que permanece guardado bajo siete llaves. Barata, a través de su abogado César Nakazaki, acaba de decir claramente que los fiscales no están cumpliendo el acuerdo que le otorga blindaje total a cambio de nada. Una investigación imparcial posterior deberá dilucidar si Rafael Vela, José Domingo Pérez y procuradores fueron entreguistas con la corrupta Odebrecht por una ilusa esperanza de colaboración o hubo millones de razones para torcer el brazo de la justicia.
Eficcop es otra Caja de Pandora. Cada vez más se están descubriendo métodos irregulares y hasta ilegales de los fiscales que lideraba la controvertida Marita Barreto. No solo se trata de procedimientos torpes (como la detención del exministro Geiner Alvarado sin tener orden judicial expresa a la mano) o carpetas fiscales carentes de evidencias objetivas que terminan cayéndose en la segunda instancia. Hay más de un empresario que ha denunciado prácticas extorsivas de fiscales y policías a través de abogados o emisarios que tienen relación estrecha y probada con Eficcop. Las próximas semanas serán claves para que Delia Espinoza adopte medidas sobre estos dos equipos especiales que pasan por una crisis evidente. La peor decisión sería no hacer nada.
*Autor del libro “El perfil del Lagarto”.