El segundo paro de transportistas, convocado para los días 13, 14 y 15 de noviembre, coincide con el foro APEC.
Las demandas de los gremios que acatarán el paro, haciendo oídos sordos a los pedidos del primer ministro, Gustavo Adrianzén, se han radicalizado. Ahora incluso exigen la vacancia presidencial y la convocatoria a nuevas elecciones generales.
Pero la anulación de las modificaciones que el Congreso hizo a la Ley Contra el Crimen Organizado sigue siendo un tema central. Hermán Mendieta López, presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani) insiste, en diálogo con CARETAS, en que esta norma debe ser dada de baja, porque según su percepción, dificulta que las bandas de sicarios y extorsionadores puedan ser calificados como organizaciones criminales.
En efecto, la norma fue criticada porque establecía como requisito obligatorio, el control de una cadena de valor para que una banda delictiva pueda ser considerada como una organización criminal. Esto, en la práctica, dejaba a los extorsionadores y sicarios fuera del alcance de esta ley. La norma también exigía la presencia de los investigados y sus abogados en los allanamientos. Pero estos detalles fueron corregidos posteriormente.
El abogado penalista, Jorge Zúñiga, explicó que el Parlamento ha incluido expresamente los delitos de extorsión, sicariato “y otros” en la Ley Contra el Crimen Organizado, pero ese detalle en la redacción de la norma continuará generando controversia.
Ese “otros” sembrará dudas respecto a si solo se considerarán como crimen organizado a los delitos violentos, ya que de ser esta la interpretación, los delitos como lavado de activos o colusión quedarían fuera del alcance de esta norma, según el especialista.
“Expresamente no excluye los delitos contra la administración pública, pero deja una nebulosa que deberá ser interpretada por el juez”, amplía.
Julio Cárdenas, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, asegura que son más de 230 los gremios que se sumarán a la paralización del 13 de noviembre. Entre ellos están los comerciantes, mineros y hasta el sindicato de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).
Más enfocados son los reclamos del emporio comercial de Gamarra. Susana Saldaña, explica a esta revista que ellos exigen la intervención de los militares en el patrullaje de las calles de La Victoria, previo a la respectiva declaración de estado de emergencia.
Los comerciantes de Gamarra también piden cambios en la Comisaría de Apolo -empezando por el comisario, apunta Saldaña- y una reforma a todo el sistema de justicia. “Hace años denunciamos la presencia de mafias y el Ministerio Público no actúa de oficio”, reclama.
La dirigente también marcó distancia de algunos grupos que van por el “paro tributario” y resalta que este pago es una obligación de quienes deciden ser empresarios. “Eso no es una opción viable, ni legal y menos democrática”, agrega.
De momento, en el emporio de La Victoria están esperando resultados en el combate a la delincuencia, y si estos no se dan, motivarían la convocatoria a una Asamblea en la que se determinen “otras medidas”.
La politización de la protesta es otro tema. Si bien, se ha visto presencia de partidos como Unidad Popular, del expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, a los simpatizantes del expresidente, Pedro Castillo, y algunos dirigentes de los transportistas, como Julio Cárdenas, están inscritos en partidos como la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (Antauro), estos han negado que estas organizaciones tengan un papel central en los paros. Pero no niegan la naturaleza de su protesta.
“–El paro– es político, pero no se puede satanizar. Tenemos derecho a protestar”, dice el militante antaurista y Hermán Mendieta agrega: “Para nosotros no tiene importancia si es político o no. No se debe permitir que asesinen a las personas mediante la extorsión o el sicariato”.