Dina Boluarte: Pura Cosmética

No se oye, madre. Desborde de inseguridad requiere de liderazgo, estrategia, tecnología y profesionalismo. Una secuencia sin horizonte.

por asistentemk

Las postales de violencia se multiplican por las redes sociales gracias a las cámaras de seguridad. El espantoso asesinato del docente Julio Pacheco Pimentel, acribillado frente a sus alumnos en la puerta de un colegio en Ate, tocó una sensible fibra social. Otros episodios de los últimos días, como el asalto sufrido por enfermeras cuando realizaban una campaña de vacunación en San Juan de Lurigancho y el brutal ataque contra agentes del Grupo Terna en el Cercado de Lima, alimentan la indignación ciudadana. Incluso episodios en zonas exclusivas, como el asalto armado a una camioneta en Miraflores en la noche del lunes, refuerzan la sensación de descontrol entre todos los sectores.

En medio del incremento delincuencial, el ministro del Interior Juan José Santiváñez se ha visto claramente desbordado. El abogado llegó a la órbita del sector en 2019, cuando asesoró externamente a la comisión que elaboró el plan de reforma policial Mariano Santos 2.0. A partir de mayo de 2020 se desempeñó como jefe del gabinete de asesores del sector Interior, encargo que repitió hasta unos días antes de ser designado ministro, en mayo último.

Los hechos indican que Santiváñez llegó al despacho como fuerza de choque sobre todo para sacar del camino al coronel Harvey Colchado, por entonces enfrentado con la presidenta Dina Boluarte vía las investigaciones que su jefa, la fiscal Maríta Barreto, realizaba contra el hermano Nicanor Boluarte, que incluso lo llevó a unos días de prisión preliminar.

Los hechos han demostrado –como lo advirtió tempranamente CARETAS– que los métodos de la fiscal y sus colaboradores policiales dejaban muchísimo que desear. Y es cierto que Santiváñez entró con el pie en alto, a pelearla en el mismo nivel.

Pero luego el ministro siguió en modo de choque. Los audios –por él negados– que presentó su examigo el capitán Junior Izquierdo, “Culebra”, lo dejaron muy mal parado, al punto que reforzó la sospecha mayoritaria sobre la protección que el gobierno, y la presidenta, le habrían dado al sentenciado Vladimir Cerrón, que el 6 de octubre cumplió un año como prófugo de la justicia. Las ambiciones presidenciales que revelan los audios lo terminaron de desubicar ante la opinión pública. Su intención de aplicarle el polígrafo a su círculo más cercano de asesores terminó con la renuncia de cuatro de ellos. La paranoia se instaló en Corpac.  

EPIDEMIA EXTORSIVA

Desde el mes que juramentó, Santiváñez llevó a cabo los operativos Amanecer Seguro, con gran despliegue policial. El tiempo demuestra que no han marcado una diferencia.

La epidemia de extorsiones no ha cesado. Ya van más de 14 mil casos denunciados en lo que va del año, con un aumento de más de 500 denuncias frente a las denuncias en el mismo período de 2023. Sin embargo, solo se han dictado 179 sentencias por este delito.

Del mismo modo, se reportó que, en lo que va del año, se han producido 1493 homicidios. Desde ya se proyecta que será mayor a los 1516 de todo 2022, que fue la peor cifra de los últimos ocho años.

En medio del clima de miedo, el contexto puede resultar impopular. Resulta que para 2023, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en el Perú fue solo de 3,2, solo con El Salvador de Bukele a la saga (2,4). Por encima se encuentra Chile (4,5), lo que hubiera sido impensable los últimos años. Mucho más arriba en asesinatos se encuentran Brasil (18,7), Colombia (25,7) y Ecuador (44,5).

Cifras que ayudan a encuadrar mejor el fenómeno. Ecuador y Chile están entre los países más afectados por la proliferación del crimen transnacional, exacerbado por el éxodo venezolano. A pesar de ello, ambos países han visto la reducción de los homicidios, con Chile en una tasa de 2.9 por cada 100 mil habitantes, mientras que en Ecuador se ha reducido en más del 16 %.

MÁS VIOLENCIA, MÁS POBREZA

A las bandas internacionales, que según los expertos han tenido el efecto de violentar más a los hampones nacionales, se suman las mafias múltiples de las economías ilegales –comenzando por la minería–.

“El que delinque es porque no tiene ingresos, seguramente”, dijo La ministra Dina Boluarte en otra de sus intervenciones convertidas en memes. Pero aquí le puede haber ligado de chiripazo. Según el estudio “Revirtiendo la pobreza en el Perú: desafíos y oportunidades pospandemia” presentado por el Banco Mundial y el Instituto de Estudios Peruanos (IPE) se recuerda que en los últimos cinco años 3.3 millones de personas cayeron en la pobreza y que el deterioro se concentró principalmente en las zonas urbanas, donde la pobreza pasó de 14.6 % a 26.4 % entre 2019 y 2023, lo que equivale a un retroceso de nada menos que 15 años.

Todos elementos que cuecen el caldo de cultivo de la delincuencia. Un país con mucha más criminalidad y mucha más pobreza. 

CRIMEN ORGANIZADO

A todo ello se suma el enfrentamiento político por la ley 32108, que modificó alcances relacionados con el crimen organizado. Es notable la diferencia entre las interpretaciones de los penalistas. Para unos como Julio Rodríguez y Wilber Medina, la norma no tiene problemas de fondo para realizar allanamientos y corrige los excesos que la Fiscalía hizo costumbre desde el caso Lava Jato (con “organizaciones criminales” de tres personas como es el caso de Pedro Pablo Kuczynski y la criminalización de partidos políticos), pero para otros como César Azabache y Luciano López –presentado como abogado de la fiscal Barreto– la norma excluye a las organizaciones perpetradas para realizar delitos a las que no les interese “controlar” un segmento del mercado ilegal (como dice la ley). Azabache advierte que “como han subido la vara a delitos sancionados con más de seis años no entran las organizaciones para el tráfico de influencias ni para el tráfico de migrantes”.

Durante el reciente paro de transportistas fue evidente que un sector de la izquierda lanzó un globo de ensayo para posicionar la derogatoria de la ley como asunto de suma urgencia. Y llama la atención, en ese sentido, que el proyecto de ley original fuera impulsado por Américo Gonza, de Perú Libre, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, en base a un proyecto presentado por Waldemar Cerrón.

Que importante sería que tanto actores del Ejecutivo como del Congreso impulsen un debate equilibrado para dar a entender que no hay que ser de “ultraderecha” ni “caviar” para identificar los abusos de algunos fiscales que a la larga han puesto en jaque al país, en un destructivo circo romano. Y si hay que hacer modificaciones a la ley, que se hagan.

No será el gobierno ese fiel de la balanza con la presentación de un proyecto de ley de fuegos artificiales como el de terrorismo urbano. Menos Keiko Fujimori y su bancada que proponen que las cárceles sean tomadas por los militares y, cómo no, la denuncia del Pacto de San José que pondría al Perú al nivel de las dictaduras de Venezuela y Nicaragua.        

La debilidad de Santiváñez, por otro lado, se estrella con la desbocada realidad de haber tenido 13 ministros del Interior desde que se inició el actual quinquenio con Pedro Castillo.

Los ministros que suelen hacer mucho show personal, por cierto, no suelen ser los más eficientes. Ahí está el caso de Daniel Urresti, apoyado a diario por el aparato de propaganda del gobierno de Ollanta Humala para ser candidato presidencial. Bastante mejor les fue a sus sucesores José Luis Pérez Guadalupe, que duraron en sus puestos 18 y 15 meses, respectivamente, y que contaron con una estrategia bien afinada para combatir a la delincuencia por entonces creciente.

A ello se suma el papel del comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, cuestionado en los últimos días por pretender irse una semana a Boston por estudios (le cancelaron el viaje) y frivolidades relacionadas con concursos de belleza para encontrar a las policías más atractivas.

En estas circunstancias, más que nunca, hay que ser y aparecer. Se hace necesario un liderazgo sobrio, firme y profesional.  

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