El Perú se paralizó tres días. ¿La razón? El incremento de los casos de extorsión contra transportistas. Aunque la medida fue anunciada por diversos gremios, entre ellos la Asotrani, desde el Ejecutivo no se dieron las medidas suficientes para aminorar el impacto en la economía y la rutina de las personas. Clases paralizadas, horas de trabajo perdidas, violencia en las calles, disturbios, atropellos y una crisis política de la que no va a ser fácil salir.
La situación de inseguridad que enfrentan los transportistas en Perú ha alcanzado niveles alarmantes. Amenazas, asesinatos en marcha y la creciente violencia, han puesto en jaque no solo a los trabajadores del transporte, sino también a la economía nacional y al bienestar de millones de ciudadanos que dependen de este servicio.
El transporte en Perú es un sector vital para la economía. Desde los pequeños colectivos hasta los grandes camiones de carga, la movilización de personas y mercancías es fundamental para el desarrollo del país. Sin embargo, la inseguridad ha aumentado de manera exponencial. Según datos del Ministerio del Interior, en el último año, los casos de extorsión en el sector del transporte han crecido en un 30 %, lo que ha llevado a muchos conductores a sentirse inseguros en su labor diaria.
Las extorsiones suelen ser perpetradas por bandas criminales que, bajo la amenaza de violencia, obligan a los transportistas a pagar cuotas para “proteger” su vida. También extorsionan a las líneas de transporte, con la finalidad de proteger “sus vehículos”. Esta situación no solo afecta a los empresarios, choferes y cobradores, sino que también incrementa los costos de operación, lo que se traduce en tarifas más altas para los usuarios.
La Paralización
La desesperación ha llevado a los transportistas a realizar paros en diversas regiones del país. Aunque pueda ser difícil reconocerlo, estos paros no son más que una respuesta a la falta de acción efectiva por parte del gobierno y las autoridades competentes.
En regiones también están empezando a manifestarse ante esta problemática. De momento, Junín y Ucayali mostraron su adhesión al paro. Walter Carrera, presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), indicó que es vital, por ejemplo, empezar derogando la ley contra el crimen organizado, aprobada por el Congreso. Así, vemos que este problema va escalando niveles, pues el Parlamento ha indicado en todos los idiomas que no tiene la intención de hacerlo. Fue mediático el momento en el que dirigentes de gremios de transporte inquirieron a legisladores sobre el particular.
Por otro lado, el gobierno está perdido. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes ha manifestado que ha dialogado con gremios, pero no con los que han convocado a las protestas. Esta declaración, que por decir lo menos es cándida, demuestra que no existe el interés genuino en querer solucionar la difícil circunstancia que atraviesan los transportistas y ciudadanos. Las voces de los líderes del sector son clave para entender la magnitud del problema.
Los paros, si bien son una herramienta legítima de protesta, también generan complicaciones para la población. Millones de ciudadanos dependen del transporte público para llegar a sus trabajos, escuelas y hospitales. Sin embargo, la falta de alternativas y soluciones efectivas ha dejado a los transportistas sin más opción que manifestarse de esta manera.
Acciones tímidas
“No más muertes”. “Queremos vivir” es el lema que vimos portar a los transportistas en tal jornada. A la fecha, según informan los diarios, fueron 400 las empresas de transporte que acataron el paro. Salir de un feriado largo y encontrarse con una nueva pausa ha afectado a las inversiones.
Según el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, “la vida no puede costar 2 soles o 7 soles. El sicario y los delincuentes salen a la calle y si no pagaste te matan”. Por desgracia, la situación desde el Ejecutivo se sigue viendo por debajo de los hombros. Se minimiza y hasta se le trata de politizar. Por ejemplo, el vocero del despacho presidencial, Freddy Hinojosa, consideró que el paro se llevaba a cabo por “intereses políticos” que tienen como objetivo “afectar la institucionalidad e impedir que nuestro país continúe dentro del marco democrático y constitucional”.
Estos delirios por parte del Ejecutivo no contribuyen con los mecanismos de solución. Lo que el gobierno debería comprender es que existe la necesidad de una reforma integral. No es un problema aislado. Ni reciente. Ya se había advertido en numerosas ocasiones –y también desde este espacio– que esta problemática podía desencadenar un conflicto social.
Las causas de la inseguridad en el transporte son múltiples. En primer lugar, el crecimiento del crimen organizado en Perú ha creado un ambiente propicio para la extorsión. La debilidad institucional y la corrupción en algunos sectores de la policía también han contribuido a la falta de confianza de los transportistas en las autoridades. A esto se suma un Congreso que no toma en cuenta a la ciudadanía y persiste en que se mantenga una ley que beneficia a la delincuencia.
Además, la situación económica del país, exacerbada por la pandemia, llevó a muchos a buscar ingresos de manera desesperada, a menudo a través de actividades delictivas. La falta de oportunidades laborales y el acceso limitado a educación y formación han sido factores que han empujado a algunos a integrarse en estas bandas criminales. Así que es un problema social de compleja magnitud.
Desde espacios como este se recomendaron medidas para poder corregir esta difícil circunstancia. El anuncio de estados de emergencia no ha sido efectivo. Y la central telefónica instaurada no sirve si es que solo se van a dar las direcciones de dónde podemos ir a denunciar. Se necesitan canales de acción, no medidas tímidas ni aplicaciones decorativas.
El aumento de la presencia policial en las rutas de transporte más vulnerables es lo mínimo que debe ejecutarse. Pero estos efectivos deben estar entrenados. Fomentar la denuncia es importante, pero deberían hacerse operativos en base a estas informaciones. Que no solo quede constancia, sino que se realicen medidas inmediatas si es que alguien tiene el valor para denunciar.
Ya que el Ministerio del Interior no ha demostrado la estrategia para poder hacer frente a este mal (que no empezó ahora, sino hace muchos meses) se deben fomentar Alianzas Público-Privadas para establecer convenios entre el gobierno y asociaciones de transportistas y así diseñar un plan de seguridad integral que contemple desde la prevención hasta la reacción ante situaciones de riesgo.
Tras los niveles de inseguridad, la PNP ha planteado proyectos de ley para que la inversión privada pueda invertir en tecnologías mediante un mecanismo de obras por impuestos. Urge el uso de tecnología, como aplicaciones móviles de seguridad y geolocalización, que permitan a los transportistas alertar a las autoridades en tiempo real en caso de ser víctimas de un delito. Y lo más importante: es vital promover un diálogo abierto y sincero con los operadores de transporte en el Perú, gremios logísticos, taxistas y asociados en general.
Ya se han anunciado dos nuevas fechas de paralización: el 23 de octubre y el 12 de noviembre. La inseguridad que atraviesan los transportistas en el Perú es un problema que no puede ser ignorado. Las extorsiones y la violencia han llevado al sector a la legítima desesperación.