Desde varias perspectivas, el Estado se encuentra en crisis. En 20 años, los funcionarios públicos que no están en las “carreras especiales” (policías, militares, médicos, enfermeras, maestros; en general quienes en general prestan directamente servicios públicos) se han quintuplicado. Aproximadamente, de 200 mil a un millón.
Los presupuestos públicos también dieron saltos estratosféricos. Y es evidente que los servicios públicos no han ido a la misma velocidad. Por decir lo menos. El marcado deterioro de la clase política abarca a todos los poderes del Estado y los gobiernos descentralizados.
Los intentos de reformar el servicio civil se han quedado a medias e incluso hay intenciones de sectores políticos para eliminarlos del todo.
En un contexto semejante, la edición número 20 de los Premios a las Buenas Prácticas en Gestión Pública se convierte en un acto de resistencia. Es también un antídoto al pesimismo prevaleciente.
La definición de una buena práctica formulada por la organización -Ciudadanos al Día y la Universidad del Pacífico- es ilustrativa:
“Una buena práctica es un conjunto de procedimientos y actividades vinculadas por un objetivo, que ha producido destacados resultados en el manejo y solución de un problema público y que puede ser replicada en otras entidades para mejorar su efectividad, eficiencia e innovación en beneficio de la ciudadanía”.
La posibilidad de réplica y repetición es fundamental cuando se requiere con urgencia clonar lo bueno.
Fueron 61 profesionales los que seleccionaron el conjunto de 195 buenas prácticas, entre los que salen los ganadores en 20 categorías. El número total es similar a los de los últimos años.
Primer punto decepcionante: la categoría de Compras Públicas Eficientes fue declarada desierta. En contraste, las de Sistemas de Gestión Interna (31), Servicio de Atención al Ciudadano (27) e Inclusión Social (20) son las categorías con más cantidad de seleccionados.
Resulta alentador que sean 14 buenas prácticas relacionadas con la Educación, desde las Ugeles y los gobiernos regionales hasta el ministerio del sector.
Y, como ocurre desde hace algunos años, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) está en la punta de las buenas prácticas, con 14 selecciones. Los problemas que persisten con los proveedores del programa de alimentación escolar Qali Warma ocultan que, en líneas generales, los programas sociales se han desarrollado como estructuras altamente profesionales.
Cabe preguntarse, además, si con un país que tiene un 70% de su población en la pobreza y vulnerabilidad de caer en esa condición, se justifica una revisión del alcance de sus beneficiados. La cuerda floja a la que se somete la democracia en cada elección tiene relación directa con un gran porcentaje del electorado que no observa beneficios en el supuesto “modelo” que otros defienden (dato de referencia, el Programa Juntos beneficia a poco menos de 700 mil hogares y tiene un presupuesto que equivale al 0.2% del PBI. El brasileño Lula, por su parte, reformuló su Bolsa Familia, que como Juntos es de transferencias directas condicionadas, y su presupuesto hoy equivale al 1.5% del PBI de ese país, con 21 millones de familias beneficiadas).
En el sector salud, es el Seguro Social de Salud, EsSalud, el que claramente saca la cabeza, con 7 buenas prácticas certificadas.
Entre las municipalidades distritales en la capital, que tienen un total de 23, Surco saca la ventaja con 6 buenas prácticas. San Isidro tiene tres y Miraflores y San Juan de Lurigancho, dos cada una.
Por su parte, Lima Metropolitana suma 6 buenas prácticas.
Proinversión, que este año batirá un récord de adjudicaciones por más de US$8 mil millones este año, cuenta con 3 buenas prácticas certificadas.
Los organismos reguladores -OSIPTEL, OSINERGMIN, OSITRAN y SUNASS- acumularon 18 buenas prácticas. Como ya lo han establecido informes de la OCDE, los reguladores “gozan de una gran independencia para ejercer el presupuesto y la toma de decisiones, y que sus prácticas sobre transparencia y rendición de cuentas son más avanzadas en comparación con las obligaciones en el gobierno central”.
Del mismo modo, las superintendencias resultan comparativamente bien calificadas, con la de registros públicos, SUNARP, arriba con 6 buenas prácticas certificadas.
El Poder Judicial ofrece algunas esperanzas con sus 9 certificaciones, entre las que destacan avances con el acceso a la justicia para las poblaciones indígenas, la celeridad de ejecución de sentencias, acceso a la visualización del expediente electrónico y la implementación del código procesal penal. Experiencias aisladas y focalizadas en algunos casos, pero con la posibilidad de la replicación.
Resulta sintomático que el Ministerio del Interior sea reconocido en dos ejemplos que podrían ser calificados de menores, como el sistema de monitoreo de riesgos operaciones de SaludPol y el programa de actividades preventivas en colegios. La seguridad ciudadana pura y dura brilla por su ausencia.
Del mismo modo, el Congreso de la República brilla por su ausencia. A veces parece el simbólico blanco de la ciudadanía que deposita en él sus frustraciones con la vapuleada democracia. Pero es muy significativo que no puedan ostentar una sola buena práctica pública en materia de acercamiento con los peruanos y servicios.
El Parlamento es un microcosmos de ese Estado que ha crecido mal y desordenadamente en los últimos años. En este caso, sus trabajadores son alrededor de 3,500, cinco veces más que hace 40 años. Con un presupuesto que se acerca a los S/.1000 millones, más del 70% es destinado al gasto corriente. Y ni una buena práctica según la edición de los premios de este año.
Es una crisis, pero también una oportunidad para comparar por qué funciona bien -o relativamente bien- lo que opera así con lo que va cada vez peor. En detrimento del ciudadano, la democracia y las obligaciones del sector público. El debate está servido.