El ajedrez judicial presenta varias jugadas importantes por estos días. Por un lado, continúa el proceso de selección de los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por parte de la comisión especial encabezada por el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez. De los 15 preseleccionados, en el proceso de tachas cayeron candidatos expectantes como el expresidente del Poder Judicial, Francisco Távara y la exintegrante del tribunal de sanciones de la Contraloría, Mónica Rossell. Medios como el portal Epicentro han criticado a Gino Ríos Patio, que encabeza el cuadro de puntajes. Son siete plazas las que se deben cubrir para iniciar funciones en enero.
El otro termómetro es el del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Su actual presidente, Jorge Salas Arenas, solicitó al PJ que convoque a la Sala Plena para nombrar a su sucesor, pues su período termina el 21 de noviembre. En realidad, el debate desatado en torno a su permanencia por un sector de la derecha –luego de lo que consideran resultados controversiales en la elección del 2021– no tenía sentido. Como CARETAS lo había advertido, nunca un presidente del JNE, salido entre los jueces supremos, había repetido el plato. Era imposible que esa costumbre se rompiera en las actuales circunstancias. Distinto es el caso de Piero Corvetto, jefe de la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que fue ratificado por la JNJ para un segundo período luego de solicitar la reconsideración a la decisión previa que le había negado esa posibilidad.
Los supremos con más opciones para reemplazar a Salas Arenas son Ulises Yaya y Janet Tello. El primero ingresó a la máxima instancia del PJ en 2023 y tiene el respaldo de la nueva generación de integrantes, que además cuenta con la simpatía de uno de los miembros más influyentes, como es César San Martín. La elección se realizará a fines de este octubre.
En diciembre, mientras tanto, se convocará a la Junta de Fiscales Supremos para elegir al titular del Ministerio Público, institución sumida en una profunda crisis. Tras la destitución de Patricia Benavides, la junta está actualmente integrada solo por el actual fiscal de la nación interino, Juan Carlos Villena, Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez y Delia Espinoza. Sobre Villena penden espadas de Damocles en torno a supuestas irregularidades con su proceso de divorcio en Ica. Ávalos y Sánchez ya fueron fiscales de la Nación. Espinoza, mientras tanto, se quedó en la votación que eligió a Benavides y hoy tiene los mayores chances.
Será, por cierto, la nueva JNJ la que deberá llevar el concurso para elegir a nuevos fiscales supremos el 2025.
La postura que podría tener Espinoza frente a la crisis de su institución tiene una clave con su talante ante Marita Barreto. Fue ella quien sustentó ante la Autoridad Nacional de Control (ANC) la tesis que determinó la suspensión por seis meses de Barreto, luego que Guillermo Bermejo denunció a la fiscal por haber filtrado el expediente de su investigación a la prensa, como lo reveló el periodista Carlos Paredes.
En contraste, en mayo pasado el fiscal Villena exigió al gobierno que se reponga el Equipo Especial que apoyaba a la Eficcop dirigido por Barreto, y que fue desarticulado por el Ministerio del Interior.
Tras la salida de Barreto, fiscal que abusó repetidamente de su poder como se pudo notar con los claros montajes relacionados con el caso de los “Waykis en la Sombra”, persiste la situación de fiscales como Rafael Vela y José Domingo Pérez, atrincherados en el pernicioso fracaso del proceso de Lava Jato.