¿Hasta dónde va el escándalo y dónde empieza el verdadero tema legal en todo el caso “Chibolín”? Semejante pregunta debe ser contestada con detalle y precisión porque, ante la catarata de información diaria, se necesita aclarar varios puntos, sobre todo con respecto a la minería, que es uno de los ejes del caso.
Primero vale decir que en el caso “Chibolin”, los propios actores –todo indica– se han hecho harakiri. La aparición de Ana Siucho, la hermana de dos de los implicados en toda la trama, terminó por confundirlo todo. Lanzó acusaciones e hizo revelaciones que en todo caso tendrá que probar. Pero vayamos a lo sustancial.
En resumen, la trama es la siguiente: “Chibolín”, a través de una fiscal (Elizabeth Peralta) habría intervenido (con coima incluida de USD 1 millón) para que se devuelvan 100 kilos de oro a la familia Miu Lei, dueña de Lomas Doradas, una empresa que –según Siucho también– “lava” oro ilegal. En esta trama habría dos organizaciones criminales: la familia Miu Lei y la familia Siucho.
Son varios los detalles: el primero es que la propia Ana Siucho se ha encargado de desmentir lo que ella misma dijo. De momento no se ha podido comprobar que Miu Lei le haya dado una coima a la fiscal Peralta, magistrada que por cierto no fue la fiscal que “devolvió” el oro a la empresa Lomas Doradas de los Miu Lei, sino que fue otro fiscal llamado Lucio Salyrosas. Es más, con lo que ha dicho de manera reciente Ana Siucho es probable que solo sea una opinión sin prueba. El otro tema es que el oro no es ilegal. Si hubiera sido de origen ilegal entonces el fiscal Salyrosas no habría tenido herramientas legales para entregarlo. El otro punto es que nunca fueron ni 100 ni 200 kilos de oro sino alrededor de 38 kilos que fueron devueltos a Lomas Doradas. En todo caso, ya se sabe que en total fueron 100 kilos entregados por resolución fiscal a varias empresas entre ellas a Lomas Doradas y Veta Dorada.
El gran problema aquí es el poco conocimiento sobre el proceso en la cadena logística en la minería aurífera, sobre todo en la minería artesanal y a pequeña escala. Por ejemplo, las plantas procesadoras pueden comprar todo el mineral aurífero de los pequeños y mineros artesanales siempre y cuando estos tengan el famoso Registro de Formalización Minera (Reinfo) y estén acreditados en Sunat (facturación). Asimismo, una planta procesadora –si tiene el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro y el Reinfo– está habilitada para comprar todo el mineral que quiera. No hay límite. En todo caso, hay mucho por reformar.
Hasta donde se sabe, tanto Lomas Doradas de los Miu Lei como Veta Dorada (la otra empresa a la que se le entregó el oro) tienen acreditada (la famosa trazabilidad) toda la producción de oro, tanto suya como de sus proveedores. Es por eso que el Ministerio Público –a pesar de incautárseles la producción de oro– terminan por entregársela.
Aquí hay que separar la paja del trigo. Una cosa es el escándalo de “Chibolín”, ese siniestro personaje y otra cosa la normativa con respecto a la minería artesanal y pequeña escala.