Tras la renuncia del directorio de Petroperú, ¿está de acuerdo con la posibilidad de incorporar una oficina de gestión de proyectos (PMO) internacional que administre la reestructuración como lo anunció el premier?
Este nuevo episodio nos deja desguarnecidos porque bien o mal el directorio ha venido actuando y tomando conocimiento de la realidad de la compañía. No sé cómo este gobierno ha permitido la renuncia. Ahora estamos enfrentados a quién sabe qué. Esta posibilidad del PMO tiene un elemento imposible que no se está tomando en consideración. Las cosas han llegado a un nivel tal en el que no solo se necesita conocimiento, sino autoridad y acción. Petroperú es una empresa de derecho público que tiene personería jurídica de derecho privado y ha sido pensada para funcionar como una sociedad anónima. Las reglas del mercado le son aplicables. Me explico. Toma crédito de los proveedores y les paga en 15 días. En realidad, hoy paga a 120 días si es que paga y en consecuencia va utilizando los factores de mercado en desmedro o a favor de los proveedores y todos aquellos que le dispensan bienes y servicios. No actúa sola. No es que el primer ministro diga tal cosa. Se trata de que sea posible. Si mañana viene este experto internacional, ¿cómo inicia un proceso de pago de deudas si no saben ni siquiera quiénes son los acreedores y puede haber muchos truchos? El experto va a tener que buscar un ambiente idóneo donde las fuerzas del mercado lo acompañen. Que el Estado continúe con la reestructuración pero que lo haga en términos razonables y posibles. Y ese ambiente es el del Indecopi, con un proceso concursal donde se garantice a los acreedores, que hoy día son los titulares de la empresa, que esta va a tener continuidad.
–¿Un paso previo que sanee el terreno y empareje la cancha?
Exactamente. Y eso se llama un proceso concursal. En Estados Unidos esos procesos que afectan a las grandes compañías se someten a la autoridad que se llama Chapter Eleven. Los que han perdido su patrimonio, en este caso la empresa y sus accionistas, salen del enfoque y entran los acreedores que gobiernan la empresa. Deciden a quién contratan, segmentan deudas laborales, hipotecarias y a bancos. En consecuencia, empiezan a pagar las acreencias con los flujos futuros de la compañía, dando prioridad a su operación. Casi lo que hicieron los bancos en la crisis de 2008. Siguen cobrando como pueden, pero hay una nueva operación que es sujeto de crédito. Porque si algo no puede ocurrir es que se le quite la posibilidad del crédito a Petroperú y hoy día se le ha quitado. El 75 % de la economía de Talara depende de Petroperú. Casi el 100 % de los asociados a la Cámara de Comercio de Talara son proveedores de bienes y de servicios, a los que les deben un montón de dinero. Ellos, con el afán de no romper su enlace de la fuente de negocios, le han dado crédito que hoy no les devuelven. Al principio la banca les compraba por un porcentaje importante las facturas de Petroperú pero hoy ya no se las aceptan. No tiene crédito y tampoco lo va a tener porque la presidenta diga que no van a privatizar. No tiene ni idea.
–Petroperú tiene deudas por alrededor de USD 8500 millones, lo que es más de 7 veces sus recursos. Pero dice que parte del problema es que habría también proveedores truchos. ¿Cómo identificarlos?
La primera acción de gobierno de la Junta de Acreedores y del Indecopi es hacer un listado completo de todos aquellos que dicen tener una acreencia con Petroperú. Tienen que documentarla: me deben bonos soberanos, les ofrecí servicios y aquí está todo. El proceso puede tomar un tiempo, pero no se detiene la operación de la compañía. El Estado tendrá que entregarle de nuevo algún dinero para que siga operando. Me parece terrible, pero vamos a tener que aceptarlo porque los barcos están ahí anclados y no pueden entregar la gasolina o el petróleo porque no les pagan.
–Antes de la renuncia del directorio hubo un detrás de cámaras con el expresidente Pedro Chira presionando en Palacio. El exministro Óscar Vera dice que Petroperú dio utilidades durante 54 años. ¿Qué pasaría después?
Lo objetivo es que, a diciembre de 2023, la compañía ha perdido USD 824 millones, y para el 31 de diciembre de este año proyectaba empezar a revertir la situación. Esto no ha ocurrido porque Talara no está en operación total. Esto es por un elemento que nadie desarrolla en profundidad, pero es gravísimo. Una de las secciones de la planta que se llama Flex Cooking es la que procesa petróleos más pesados y es la que le genera mayor utilidad a la empresa. Por un defecto de diseño eléctrico se malogró y recién ha sido puesta en marcha después de seis meses de paralización. La pérdida se va a incrementar y el señor Vera está absolutamente equivocado si piensa que va a empezar a ganar a partir del 31 de diciembre, los más de 800 millones de dólares que podrían revertir la operación. Dios no quiera que el señor Chira vuelva. El ambiente concursal permite reestructurar la deuda a 30 años si es necesario. Toda la mala deuda se pone en el flujo de caja y se juega con la utilidad que va generando.
–Encausado ese proceso, ¿qué es lo que seguiría?
Hay que elegir una magnífica administración, que puede ser internacional o local. No podría recomendar al señor Vera porque no lo conozco y me parece que es parte del problema. No ha llegado todavía el punto, pero se lo advierto que va a llegar el próximo mes o en cualquier momento, en que los acreedores que se sienten afectados por el no pago empiecen a arrancarse las cosas. Va a haber procesos judiciales y de cobranza. Anuncian que están listos para vender los activos. Imagínese que vendan el edificio de San Isidro en USD 100 millones. ¿A quién le pagan? ¿Por qué a él y no a mí? Y ahí viene la razón. Ese armazón lo protege Indecopi. El Gobierno, dicho sea de paso, es uno de los principales acreedores. Quien declara es el primer ministro, pero no tiene nada que hacer acá. La junta de accionistas la preside el MEF. Está el Ministerio de Energía y Minas y varios viceministros. Ellos son los responsables de no estar haciendo esto rápido y bien. Vemos con preocupación que esa deuda suba a USD 12 mil, USD15 mil millones.
–¿Y la opción de la liquidación?
Siempre hay la opción de una liquidación en marcha. Y hay experiencias exitosas en el Perú, una de las cuales me tocó asistir como administrador concursal que fue el caso de Doe Run. Tienen en la cabeza que el hecho de llevar la empresa a un proceso concursal significa la quiebra, lo peor del mundo, cuando está justamente diseñado para evitar que las empresas salgan del mercado desordenadamente. (E.CH.)