Víctor Gobitz es presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). El caso de la familia Siucho lleva a los titulares un fenómeno que se ha multiplicado por siete desde el año 2005. Con la onza de oro entre USD 2400 y USD 2600 y un total de USD 4 mil millones exportados de manera negra, el monstruo se encuentra fuera de control.
–Con la familia Siucho hay un aparente caso de corrupción donde se habría pagado una coima para liberar una carga de 200 kilos de oro de origen ilegal. No debe ser el único…
Claro. Lo que está pasando es que esta actividad ilegal no solamente no paga impuestos, incumple todas las reglas ambientales y laborales, y pone en riesgo a las personas que trabajan en ella por razones económicas. Además, corrompe toda nuestra institucionalidad. Están llanos a pagar coimas para pasar insumos críticos como explosivos. Cuando ya han llegado a la pérdida de propiedad son capaces de corromper el sistema judicial. Ese es el cáncer que estamos enfrentando.
–Según un testigo, parte del oro en ese caso provenía de Madre de Dios…
También podría ser del norte por Piura, en la Cordillera del Cóndor. En la frontera con Ecuador hay estructuras auríferas. Pero está claro que está fuera de control. Son más de una familia sin escrúpulos, sin valores, que se está dedicando a esta actividad. Lo que se requiere es que el Estado logre plena trazabilidad de esta actividad. El Reinfo ha permitido formalizar entre comillas la compra de explosivos, la extracción de minerales y llevarlos a plantas de beneficio, algunas precarias, otras mejor instaladas, pero todas sin excepción han obtenido permisos en los gobiernos regionales. La regionalización malentendida ha permitido que la otorgación de permisos y la fiscalización de la “pequeña minería”, porque ya no es pequeña, se quede en manos de gobiernos regionales. Es una combinación de errores.
–¿Las plantas procesadoras son la clave?
Las plantas son las que procesan y exportan. Y claramente el Estado está llegando por partes, de manera aislada. SUNAT ya ha empezado a hacer revisión cruzando información. Pero se requiere un acompañamiento de un ente técnico como puede ser Osinergmin. Detrás está el incentivo económico que genera el precio del oro y los márgenes que obtienen dada la poca transparencia en la información. Además, en la base de esa pirámide que han construido, hay mano de obra joven desempleada. Los que están lucrando son los que están en el ápice de esa organización, ya sea porque tienen las plantas de beneficio o habilitan capital de trabajo para que este sistema camine.
–¿Qué opina del paro que se convocó para esta semana?
Dicen que es una marcha de 100 000 personas, pero no son 100 000 dueños de plantas. Es la fuerza laboral que opera en condiciones muy riesgosas para su vida. A ellos los convocan.
–¿Lo más lógico sería ir detrás de esos grandes acopiadores de las plantas?
Hay pocos puntos que requieren control y el de las plantas es uno de ellos. Hay que controlarlas. No se pueden mover, están estacionadas. Se controla eso y controlamos en paralelo toda la exportación del oro, aseguramos que la trazabilidad sea plena y que obviamente no se salga el oro por nuestras fronteras. La llave final es controlar los explosivos y de esa manera tenemos bajo control todo el sistema. Así se formaliza lo que se pueda formalizar.
–¿Cuántos son los dueños de estas plantas?
Hay plantas en Piura, La Libertad, Trujillo, Casma, Barranca, Arequipa, en La Joya, Nazca, Puno y Madre de Dios. Diría sin temor a equivocarme que no son más de 100 plantas. Consumen energía y esa es otra fuente de información. No hay forma de mentir y el registro de energía nos va a dar las ratios de cuánto realmente están procesando. Hay mucha información. Y como los dueños no tienen minas son los que promueven el ingreso a minas formales y el robo de mineral. Por eso el tema no es tan complejo. Lo que requiere es decisión.
–¿Qué porcentaje del oro ilegal pasa por esas plantas?
Se estima que en el Perú se están produciendo en total 5 millones de onzas de oro al año, de las cuales 3 millones de onzas son formales, pasan por plantas formales y reportan todos los meses su producción al Ministerio de Energía y Minas. Los otros 2 millones son de estas 100 plantas.
–Un dueño de procesadoras, Jimmy Pflucker, fue anunciado en el evento de esta semana de Expomina. Ya no aparece en el programa, pero entiendo que ustedes en el gremio fueron muy críticos…
Si el organizador de este evento decide invitarlo, yo no puedo evitar que lo invite. Si es así nosotros no vamos a participar y así de claro lo hemos dicho. No vamos a avalar a alguien que está actuando, desde nuestro punto de vista, al margen de la ley. Si tenemos atisbo de que participa, tenga la seguridad de que las empresas formales nos vamos a retirar.
–En julio el MINEM presentó el proyecto de ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería, MAPE. ¿Qué pasó con ella?
Es un buen punto. Tenemos algunas observaciones sobre ella, pero hasta la fecha no hay debate. El paro pretende que se extienda el Reinfo, que es extender lo irregular, lo que no funciona y que ha permitido la criminalidad y la glorificación de esta actividad. Sabemos también que es un gobierno con poca capacidad y sin representación en el Congreso y está un poco a la espera que esto se discuta.
–¿En qué puntos están en desacuerdo con el proyecto?
Estamos de acuerdo en que los mineros medianos o grandes no pueden estar en el proceso de formalización. Sin embargo, nos preocupa el tema de los explosivos. Para el pequeño y artesanal quieren proponer una norma distinta, exprés, para que los obtengan. Es un insumo crítico y darle una excepcionalidad permite generar un incentivo perverso. El estándar de obtención de explosivos tiene que ser uno solo. Y lo segundo es que cuando uno tiene una concesión minera paga por tenerla y si no la usa hay una penalidad. En esta norma si es pequeño, artesanal, le quita toda penalidad. Nuevamente promovemos que tengan un montón de empresas y todos se presentan como pequeños. Se atomiza el negocio para pasar por debajo del radar. Y el pequeño productor minero tiene que ser una persona natural, no puede ser una persona jurídica. Nuevamente, un error. Si soy minero artesanal, de pequeña escala, tengo que ser una persona con nombre propio. Sino voy a comenzar a jugar con nombres y le quito transparencia al sistema. Igualmente, en estadística, el proyecto le da la responsabilidad al INEI. Sin la presencia técnica de Osinergmin es muy probable que las personas no sean fidedignas para brindar la información. La otra cosa importante es que la norma recoge el tema de la trazabilidad solo en la parte final, en la comercialización. Pero también debería incidir en la trazabilidad de insumos críticos, como los explosivos, las transacciones bancarias, el consumo de energía y el pago de tributos.
–¿Hay alguna evolución con la situación de Pataz?
Hay presencia policial en Pataz, pero obviamente el área es muy agreste. Y repito, si no logramos controlar las plantas de beneficio, el incentivo siempre va a estar ahí. Sigue saliendo mineral a pesar de la presencia policial y militar. Lo cual también nos revela que nuestra institucionalidad es permeable y penetrada.
–Hay factores internacionales que afectan la situación. En Bolivia, por ejemplo, ante la falta de dólares la gente compra oro y sabemos que todo el oro de allá procede del Perú.
Es correcto. Por razones geológicas, Bolivia tiene muy poca presencia de oro. Está claro que también en algunas zonas de Bolivia hay narcotráfico que podría ser otra fuente de financiamiento para esta actividad ilegal. Por eso es importante tener trazabilidad de la exportación y control sobre las fronteras. Bolivia es un punto de salida como también Ecuador y Brasil. También es un problema multinacional porque luego de tener la barra de oro hay un paso final. Esa barra puede tener 90, 95, 98, 99 % de oro, pero hay muy pocas refinerías en el mundo que finalmente alcanzan los cuatro nueve 99,9999 %. Le ponen un sello que lo convierte casi en moneda. Ya con ese sello de delivery uno lo puede depositar en un banco central. Esas refinerías también tienen parte de la responsabilidad y lamentablemente hay países como la India y Dubai que reciben el oro sin preguntar. Es una decisión de Estado necesaria para promover un acuerdo internacional y que los países tomen responsabilidad. Ese es el último paso del oro, llevar el sello de un delivery. (Enrique Chávez)
Objetivo Reinfo
Mineros informales y congresistas del Bloque Magisterial juegan en pared para ampliar el Reinfo hasta 2027.
El tan anunciado paro que la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin) convocó para los días 9 y 10 de septiembre en Lima fue más una seguidilla de reuniones con congresistas para promover la aprobación de una ley que amplíe el pazo de inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2027.
La búsqueda de apoyos se inició cuatro días antes de la huelga. Específicamente el 5 de septiembre, representantes de la Confemin liderados por Máximo Franco Bequer, un expostulante al Congreso por Avanza País, se reunieron con los parlamentarios Luis Kamiche de Alianza Para el Progreso y Elizabeth Medina del Bloque Magisterial.
Es precisamente la bancada de maestros la que impulsa la ampliación de la inscripción a Reinfo a través de Segundo Quiroz, congresista investigado por integrar el grupo de “Los Niños”.
El 9 de septiembre, día del inicio del paro, los mineros se volvieron a reunir con Kamiche Morante y con Paul Gutiérrez Ticona, también del Bloque Magisterial. A la salida, Máximo Franco aseguró que los congresistas “se comprometieron a impulsar una ley que les garantice que el proceso de formalización va más allá del 31 de diciembre de 2024”.
Esa primera ampliación, que vence a fin de año, fue producto de una propuesta de ley del hoy presidente del Congreso, Eduardo Salhuana.
Posteriormente, el líder de la Confemin adelantó que tendría una reunión en el Consejo de Ministros, en la que pedirían la renuncia del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, “y el cese de la interrupción en el distrito de Pataz”.
Pero el proyecto de Quiroz no es el único que busca ampliar el plazo del Reinfo, pues en la Comisión de Energía y Minas –controlada por el Bloque Magisterial– se encuentra encarpetada una iniciativa de Guido Bellido para alargar nuevamente la inscripción de los mineros informales por 180 días.