La economista Fiorella Molinelli ha hecho su carrera en el sector público. Pasó por
OSINERGMIN, el Congreso, MEF e INDECOPI. Como una de las principales colaboradoras de
Pedro Pablo Kuczynski, fue viceministra de Transportes, ministra del MIDIS y presidenta de
EsSalud, cargo que mantuvo con Martín Vizcarra. La inscripción del partido que fundó, Fuerza
Moderna, fue oficializada la semana pasada.
–¿Qué dificultades implicó la inscripción del partido?
Cumplir con los requisitos del jurado fue relativamente rápido. Lo hicimos en seis meses, de
mayo a noviembre. Pero la revisión de parte del jurado ha tomado casi ocho meses. Primero,
hay cola con todos los que se quieren inscribir. Segundo, creo que no tienen controlado el
proceso de tachas. Hay personajes extorsionadores, y te lo digo por experiencia propia. Pedí
por transparencia y acceso a la información todas las tachas interpuestas por el mismo sujeto y
nos dieron como 50 páginas con todas las tachas que ha pedido. Ahí me puse brava y tuve que
salir a protestar para evidenciar que había retrasos no justificados. Al final me dieron la razón
porque se resolvió la apelación de la tacha con una respuesta bien sencilla: que esa tacha
debió declararse improcedente hace tres meses, con lo cual nos hicieron perder tiempo
valioso. El 7 de agosto recién obtuvimos la resolución final con lo cual hemos comenzado con
algo de retraso para lo que es fichar, como yo digo, candidatos para las elecciones municipales
y regionales. El plazo de presentación es el 7 de octubre.
–Es un trabajo complejo.
Estamos hablando de reclutar y filtrar alrededor de 10 mil personas porque son 1800 alcaldes
distritales y 196 provinciales con su plancha de regidores, y 25 gobernadores regionales con
sus consejeros regionales.
–¿Cómo es la extorsión?
El que presenta la tacha está buscando negociar para retirarla. Por eso ves que hay partidos
que se han podido inscribir más rápido, porque se entiende que han cedido a ciertas
presiones. Nosotros no.
–¿Quién es esta persona?
José Luis Flores Castañeda, un militante del partido de Antauro.
–¿Habría que reformar el JNE?
Hay muchas cosas que no funcionan bien. Te obligan a que la gente se afilie con fichas que
tienen que ser entregadas en físico en Lima, sino no valen. No hay un sistema digital. Si una
persona se quiere afiliar en el Putumayo o la Triple Frontera, tiene que mandar su ficha por
courier o como sea. Imagina el proceso para los 10 mil candidatos. Si revisas las páginas web
de algunos partidos políticos, sus locales partidarios, que por ley tienes que tener al menos 65
en 20 regiones, son solo vientres de alquiler. Ves carteles en heladerías y tiendecitas. Con la
pandemia hemos aprendido que no necesariamente tienes que tener locales físicos, menos
con la inseguridad ciudadana y los costos de los servicios. Las exigencias están desligadas de
nuestra realidad.
VOLVER A CRECER
–Si usted planea ser candidata presidencial, ¿cuál será el núcleo de su mensaje?
Partimos de una ideología de centro basada en la persona. Nuestro símbolo refleja la
modernización del Estado. Estamos trabajando cuatro ejes: salud, educación, seguridad
ciudadana y reactivación económica. Acuérdate que fui coordinadora del plan de gobierno de
PPK y somos un partido construido sobre la base de nuestros colegas del sector salud, con los
cuales he trabajado durante cuatro años en más de 450 hospitales y 29 redes regionales a nivel
nacional.
–¿Cómo plantea la reactivación económica?
Debemos retomar el crecimiento sostenido del 7 %, promoviendo la mejora en la calidad de
los servicios públicos a través de más inversiones que impacten en mejorar la calidad de vida
de la población. Eso se traduce en más puentes, carreteras, aeropuertos, salud, educación, que
nos permitan generar el empleo que hoy en día no existe. No hay grandes inversiones ni
vemos inauguraciones de impacto.
–¿Qué plantea en materia tributaria?
Abordamos estos ejes acompañados de un Estado eficiente que no te agarre del cuello. El IGV
a todas las plataformas digitales es de terror. Tienes un gobierno que no escatima en generar
gastos y congraciarse con los congresistas, que ahora tienen iniciativa de gasto y el Ejecutivo
muy conforme. Por otro lado, buscan parchar esta ineficiencia con un sistema impositivo
trasladado directamente al consumidor. Los consumidores pagamos los platos rotos del gasto
ineficiente y sinvergüenza del Ejecutivo con el Congreso. En la reactivación, por el contrario,
tenemos que simplificar la vida del ciudadano y la estructura impositiva. Un Estado moderno
reduce las barreras burocráticas para fomentar las inversiones y promueve la meritocracia.
Tiene que articular entre sus tres niveles de gobierno.
–Quieren eliminar Servir, acabaron con la reforma universitaria y favorecen a economías
ilegales. ¿Se tendrá que hacer un trabajo de reconstrucción?
Antes en el Legislativo tenías grupos de poder que intentaban influir en el Congreso para
frenar ciertas leyes que afectaban la ilegalidad. Hoy en día son los actores políticos
enquistados desde adentro los que destruyen la poca institucionalidad. En lugar de fortalecer
una reforma, la destruyen. El sistema no me gusta, entonces destruimos la Junta Nacional de
Justicia.
–Hay 1.6 millones de funcionarios, públicos. De estos, los burócratas son 1 millón y se han
quintuplicado en 20 años. ¿Achicar o agrandar del Estado?
Depende de qué sector. En salud y educación hay una brecha muy grande de recursos
humanos y políticos. También en la Policía. La masa burocrática ha crecido por el lado de
sectores ineficientes. El tamaño del Congreso ha crecido innecesariamente. Por otro lado, está
la ausencia de personal capacitado, bien pagado, meritocrático en sectores clave. No puedes
tener en el MTC o Vivienda gente responsable de preparar los expedientes técnicos de S/ 400
millones que gana S/ 4000 soles. Eso abre ventanas de corrupción. Son las grandes
incongruencias del aparato estatal que tenemos que comenzar a corregir. Y es peor en los
gobiernos locales y regionales. La reforma del Estado debe plantear incentivos en las regiones
para dotarlas de recursos humanos más calificados. Gente dispuesta a migrar de Lima hacia las
regiones con otro nivel de salarios para capacitar al personal no preparado.
–¿Qué propone para el estado calamitoso del sector Salud?
Abordarlo desde un enfoque sistémico, no con puntos por separado. Se habla del acceso
universal a la salud: 20 millones de usuarios en el SIS y 13 millones en EsSalud. Pero no existen
los recursos suficientes para atender de verdad a toda esta gran masa. El financiamiento
sostenible pasa por el intercambio prestacional. Hay infraestructura ociosa en un lado y en el
otro está saturada. No sabemos compartir nuestros recursos. Siempre ha habido perro muerto
entre los dos sistemas. No hay un tarifario que unifique las atenciones. Vamos a atender a un
paciente por un tema de vesícula. Ya sabemos que la atención completa desde el
preoperatorio hasta el alta nos cuesta S/ 6 mil. ¿Quién paga la factura? La tiene que pagar uno
de los dos sistemas. Pero como no se da de verdad, nadie admite dentro de su sistema a un
usuario que venga del otro. El llamado a hacer viable el intercambio es SuSalud, con dientes,
autónomo, autonomía técnica y financiera funcional, adscrito a la PCM y ya no al Minsa. Con
capacidad de fijar tarifas y supervisar de verdad sin miedo a que los bote el ministro. El
segundo tema es cómo calculamos bien la brecha de infraestructura y tecnología en salud. Son
unos S/ 70 mil millones en hospitales en los tres niveles de complejidad. También hay una
brecha de personal que se traduce en ausencia de médicos y enfermeras. Solo en EsSalud
faltaban 9 mil enfermeras y 5 mil médicos. El médico se forma en ocho años, entonces hay que
trabajar de la mano con las universidades para aquellos espacios donde todavía no hay
personal capacitado.
–Pero el ministerio le acaba de bajar la valla al Serums para, aparentemente, favorecer a
universidades a las que no les va bien en los resultados.
Ese es un claro ejemplo de cómo vamos al revés con la política. Las exigencias son cada vez
menores y va en contra de tener un personal mejor capacitado.
–Salud y Educación son de los sectores más politizados. Los sindicatos están muy fortalecidos.
Al mismo tiempo tienes muchas denuncias de médicos que cobran su sueldo en el sector
público, pero prácticamente trabajan solo en consulta privada.
Las reglas no han jugado a favor del paciente. A mí me costó implementar la historia clínica
electrónica y hoy, dentro de los cinco subsistemas de salud, EsSalud es el único que la tiene.
Los médicos se oponían porque no les gusta el control, pues prendes la computadora y sabes a
cuánta gente atienden. Acuérdate que además tienen una exoneración especial donde ellos no
marcan ingresos ni salidas. El servidor público no está para servirse a sí mismo. Tienes que
tener esa vocación de servicio y cumplimiento de metas y obligaciones que están en tus
contratos.
–¿Qué más plantea para Salud?
Trabajar la prevención. No tienes que esperar que la persona se enferme sino cuidarla en todo
su ciclo de vida. Además de las vacunas a tiempo, con la pandemia aprendimos que las
personas más vulnerables son los pacientes crónicos, los hipertensos, diabéticos, los obesos
mórbidos. Tienen que hacerse sus chequeos preventivos todos los meses, pedir sus pastillas y
tener una vida saludable. La idea es evitar que la gente llegue tarde al sistema de salud y sea
mucho más costoso.
DRAMA EDUCATIVO
–Parte del drama con Pedro Castillo fue evidenciar el nivel de muchos maestros en el país. Él
era uno de ellos.
Primero, volver a retomar lo que han destruido en el Congreso que es la meritocracia. Se han
bajado todo. Segundo, el mejoramiento de la infraestructura, asegurando que todas las
instituciones cuenten con servicios básicos y tecnología. Recorro el Perú y me encuentro con
escuelas destrozadas. Los niños estudian sobre ladrillos. Los servicios públicos de agua son
deficientes, sus baños no tienen agua potable, niños que tienen que caminar más de tres horas
para llegar a sus escuelas en zonas rurales. No van a aprender, sino que llegan cansadísimos.
Los profesores deben recibir capacitación permanente, evolucionar con metodologías más
modernas acompañadas del uso de la tecnología. Reclamo que regrese la educación cívica y la
agenda de valores que nos enseñaban en nuestras escuelas. Para actualizar ese currículum hay
que tener todo un pensamiento crítico, educación en valores y habilidades socioemocionales
que hoy no están priorizadas. Y trabajar en educación inclusiva. He visitado escuelas aquí
nomás en Lima, donde tenemos niños con habilidades diferentes y no hay profesores para
enseñarles. Debemos atender la equidad educativa y reducir la deserción escolar. Esos niños
que ya no quieren seguir caminando para llegar a sus escuelas son una población de riesgo.
Implementar programas de apoyo, becas, tutorías, la alimentación escolar que ha ido de mal
en peor.
–¿En educación universitaria?
Somos un país con potencial muy rico en recursos naturales, pero no hemos trabajado en la
cadena de valor en sectores como minería y metalmecánica. El Estado puede generar
programas para los jóvenes que no estudian ni trabajan, que son 1.5 millones, con programas
de capacitación abocados a esta industria para dar oportunidades a estos jóvenes que luego
caen en la delincuencia.
–¿Cuáles son las principales propuestas en seguridad ciudadana?
También pasa por verlo de una manera mucho más integral. No solamente se trata de más
policías entrenados en las calles. Es fundamental, pero no es lo único. Cuando hablamos de la
prevención del delito es de tu población susceptible de caer en la delincuencia. Esos son los
jóvenes que no estudian ni trabajan entre 15 y 29 años. Segundo, una justicia eficaz y
accesible. No puede ser que los policías atrapen y el fiscal y el juez los suelten por otro lado. Mi
crítica va hacia la doble cara que hoy día tiene el sistema de justicia: para el político el
allanamiento, la prisión preventiva y el show. Pero para el extorsionador, el crimen organizado,
el violador del niño ahí si no aparece ni la fiscalía ni la policía. Y está la rehabilitación y la
reinserción. El 2026 vamos a tener a todos los terroristas reinsertados en nuestra sociedad.
¿Están en condiciones de hacerlo? Sin ir muy lejos, a nivel internacional hemos visto lugares
donde se han rescatado barrios muy inseguros, con pinturas, cultura, emprendimientos,
negocios pequeños que han ido prosperando en esas comunidades para darles espacios
públicos recuperados con capacidades de negocio. Todo va de la mano con mejorar el sistema
de cárceles, porque hoy día son un delivery de la extorsión.
–Usted acompañó a Kuczynski. ¿Quién la acompaña ahora?
Estamos recuperando algunos cuadros de los que nos acompañaron en 2016. De hecho, Pedro
Pablo nos está ayudando ahora. Hemos invertido un poco los roles. Nos hemos tomado muy
en serio el trabajo de retomar lo que no se hizo de ese buen plan de gobierno. Y se está
perfeccionando con un plan dirigido a revivir todo lo que es el sur. Estamos incluyendo el
gasoducto, pero ya no por el lado de Cusco, que salía más caro, sino por Puno. Tendría un
costo mucho menor que el que caducó. Está el tema de brechas, del agua y saneamiento que
ha quedado incompleto. Con él estamos viendo un plan para la zona del norte del país y hemos
recuperado personas serias y técnicas que colaboraron en nuestro equipo. Después las iremos
revelando.
–¿Cómo está el terreno de las investigaciones penales en su contra?
Como gestora pública siempre he estado sujeta a alguna investigación. Lo único que me queda
pendiente es, por un lado, la acusación de Chinchero, que llegó antes de que se resolviera el
arbitraje en el CIADI que nos dio la razón y determinó expresamente que la adenda fue lo
correcto, lo legal. Con lo cual yo sigo exigiendo que la Contraloría devuelva los 350 millones
que nos costó su mal informe, que hizo caducar un proyecto que ya debería estar listo y
culminado para Cusco.
–Usted se enfrentó al excontralor recientemente fallecido trágicamente, Édgar Alarcón.
El Poder Judicial ordenó prisión suspendida contra él y una indemnización monetaria para
Fiorella Molinelli por la difamación agravada que generó. Estamos a la espera del archivo de la
acusación fiscal. En segundo lugar, en medio de la transferencia de gobierno, cuando me
estaban pidiendo que saliera de EsSalud en el gobierno de Pedro Castillo, vimos a Vladimir
Cerrón pasearse por ahí. Yo no me había dejado doblegar y mi gestión había respaldado su
salida por incumplimiento de las normas laborales y ratificado por la Ley Servir. Abrieron un
caso por adquisiciones en pandemia. Entró la Contraloría y determinó que no tengo
responsabilidad, civil, penal, ni administrativa. Se armó una megacomisión que determinó lo
mismo. Me someto a todas las investigaciones, pero una vez que se culminan alguien tiene que
pagar por el daño al honor y a la buena reputación. Tengo una demanda civil admitida contra
el actual contralor porque cuando dirigía el tribunal de la Contraloría decidieron políticamente
reabrir mi caso luego de que ya era cosa decidida y me inhabilitaron por un año en la vía
laboral. El Tribunal Constitucional les enmendó la plana. Alguien tiene que responder, no por
un tema monetario, sino que ya es hora de levantar la voz por los buenos funcionarios
públicos.