La presidenta de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, promulgó la ley que autoriza la incorporación de un crédito suplementario hasta por S/ 3000 millones, que permitirá impulsar la reactivación económica a través de proyectos de inversión como la construcción de puentes, obras de saneamiento, compra de ambulancias, entre otros.
La iniciativa beneficiará a pliegos del Gobierno nacional y Gobiernos regionales y locales porque los dotará de mayores recursos para avanzar en proyectos sociales y de infraestructura.
“La aprobación de este crédito suplementario tiene el propósito de seguir reactivando nuestra economía, que este año está logrando una franca recuperación. Esta es una muestra de que podemos y debemos seguir trabajando, a fin de construir un país con más oportunidades”, expresó la jefa de Estado.
Este crédito suplementario permitirá financiar diferentes acciones, como el financiamiento de 947 proyectos a nivel nacional. Se transferirán 987 millones de soles al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para dar inicio a 692 proyectos que, en su mayoría, consisten en la construcción de puentes a nivel nacional.
Dichos puentes mejorarán la eficiencia de las vías de transporte, que se encuentran interrumpidas, debido a la mala condición de sus infraestructuras que en la actualidad no soportan determinado peso. En muchos casos, el tránsito se realiza a través de badenes en los ríos, que quedan inutilizables durante las épocas de lluvias y crecientes.
Asimismo, se otorgarán 159 millones de soles para la construcción de postas médicas; 113 millones de soles para la adquisición de ambulancias; 145 millones a 65 proyectos de saneamiento; 30 millones para mantenimiento de escaleras sociales; 114 millones para 87 proyectos agropecuarios; y 79 millones serán dirigidos a 47 proyectos del sector Educación.
También se destinarán 347 millones de soles al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para financiar más de 1000 actividades de intervención inmediata del programa Llamkasun Perú y más de 140 proyectos en todo el país, con el objetivo de crear más de 68 000 empleos temporales a nivel nacional.
Además, se asignaron 20 millones al fortalecimiento de la defensa pública, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de pobreza y vulnerabilidad.