El 25 de enero el precio del oro se disparó en los mercados internacionales y superó la barrera de los 5 mil dólares la onza, un nuevo récord que vuelve a poner bajo la lupa a uno de los negocios más rentables —y menos controlados— de la región: la minería ilegal.
El alza del metal precioso no solo tiene efectos en las bolsas y en los inversionistas globales. En países como el Perú, donde la minería ilegal se ha consolidado como una economía paralela, el impacto es político, institucional y criminal. De acuerdo con estimaciones regionales, Perú concentra cerca del 44% de las exportaciones de oro ilegal de Sudamérica, convirtiéndose en un actor clave de un circuito que mueve miles de millones de dólares al margen de la ley.
Este fenómeno no opera en el vacío. El crecimiento del oro ilegal ha ido de la mano con la cooptación de puestos estratégicos del Estado por operadores vinculados a redes políticas corruptas. Direcciones clave, entidades fiscalizadoras debilitadas, controles aduaneros laxos y un sistema de trazabilidad ineficiente han permitido que el oro de origen ilícito se mezcle con el formal y salga del país con aparente legalidad.
El encarecimiento del oro actúa como un poderoso incentivo adicional: cuanto más alto el precio, mayor la presión por controlar territorios, rutas, certificaciones y oficinas públicas. La minería ilegal deja de ser solo un delito ambiental o laboral y se convierte en un negocio de captura del Estado, con capacidad para financiar campañas, comprar silencios y bloquear reformas.