El Estado está para defender al ciudadano. Para eso se creó. No es al revés: que el Estado está para servirse del ciudadano y mucho menos para enfrentarse a él. Este enunciado, tan claro e inequívoco cuando se formuló, ha tenido varias mutaciones en el tiempo, pero su esencia siempre quedó a salvo.
En el Perú ha venido ocurriendo un fenómeno, extraño cuando menos: el Estado está desnaturalizando su papel. Su distorsión ha sido tan lenta y parsimoniosa, que el ciudadano de a pie no se ha dado cuenta o simplemente es tan natural que no la ha advertido. Y es que el Estado ya no lo defiende, sino que lo perjudica. Ni qué decir de su falta de representación. No ha sido inusual en nuestro devenir histórico, los enfrentamientos entre los grandes Poderes del Estado. El Ejecutivo y el Congreso, o el Judicial y el Gobierno y viceversa.
Sin embargo, ahora, abrupta y grotescamente, las desavenencias se están presentando entre entidades derivadas de esos grande Poderes. La pelea es, porque así hay que denominarla, entre la Fiscalía de la Nación y la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ambas instituciones autónomas, con funciones propias y relacionadas con la administración de justicia. Nada menos.
La disputa es aparentemente simple, pero conlleva una trascendencia que hace procedente hablar de una pulverización del Estado. Puede resumirse de la siguiente manera: La Fiscal de la Nación quiere remover a la JNJ y ésta, a su vez, quiere hacer lo mismo con aquella. El típico juego de poder de nuestras irrelevantes autoridades, a las cuales los cargos que ostentan les quedan demasiado largos. La imposición de uno implicará la sumisión del otro.
La Fiscal de la Nación sostiene que los miembros de la JNJ han cometido falta grave que merece que el Congreso los releve. El Parlamento, movido por intereses de otra índole, ha acogido el pedido y ha iniciado el proceso de destitución, transitoriamente suspendido por un mandato judicial, que ha sido acatado. El interés del Parlamento es controlar a la JNJ porque ella es quien designa a las autoridades electorales (al Jefe de ONPE y de la RENIEC).
Es importante hacer notar que la invocada falta grave de los miembros de la JNJ, señalada por la Fiscal de la Nación, y asumida por el Congreso, no ha sido acreditada en forma alguna y aquella que se indica como tal, haber defendido el ejercicio de la función jurisdiccional de los magistrados, mal puede acogerse como tal.
Las imputaciones a la Fiscal de la Nación, pareciera que no son tan descaminadas, tanto es así que la JNJ ha encontrado merito suficiente para suspenderla de su cargo por medio año hasta que se dilucide la acusación formulada.
Pero lo cierto es que mientras las autoridades que representan importantes intereses del Estado llamadas a defender a los ciudadanos, dejan de atenderse porque cada una de tales autoridades está interesada en defenderse de las acusaciones de la otra, descuidado expresamente sus propias atribuciones, el proceso de hacer polvo al Estado va cobrando cruda realidad.
*Abogado y fundador del original Foro Democrático.
