por Eduardo Bruce Montes de Oca
El Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP), compuesto por Canal 7 y Radio Nacional, ha sido objeto de propuestas regulatorias que buscan alinearlo a intereses específicos, ya sean públicos o privados. Estas iniciativas, aunque bien intencionadas, suelen ser contraproducentes. Este artículo examina por qué es esencial darle y mantener independencia y autonomía a la radiodifusión pública.
Comencemos con un ejemplo. Existe una entidad del estado muy reputada, inclusive a nivel internacional. Me refiero al Banco Central de Reserva. Sus miembros de directorio son elegidos a dedo y el presidente Julio Velarde ha sido reelegido tres veces. Estimado lector: ¿arriesgaría usted la estabilidad y excelencia del BCR disponiendo que el presidente de Directorio sea elegido por concurso público o que sus directivos sean nombrados cada uno por un grupo de interés, digamos el MEF, la Superintendencia de Banca y Seguros, la banca privada, las aseguradoras o el gremio de las casas de cambio? La respuesta es obvia.
La clave de la excelencia del BCR es la independencia y autonomía de sus directores. Si bien son propuestos por la Presidencia de la República, los nominados son personalidades cuyo único compromiso es con su prestigio.
Al igual que el BCR, el IRTP debe ser un organismo independiente que represente los valores de objetividad, transparencia, y universalidad. Esto solo es posible si su dirección no responde a intereses específicos, sino a un compromiso con la construcción de ciudadanía.
Un medio de comunicación público no debe representar intereses específicos, sean lícitos o no. Debe tener conciencia y vida propia, desarrollada sobre la base de principios rectores que garantizan objetividad, calidad, transparencia, y universalidad. Debe ser generador de respeto mutuo entre personas e instituciones y tener como uno de sus objetivos primordiales la defensa de la institucionalidad (en nuestro caso sería en realidad reconstrucción de institucionalidad).
Lo manifestado en el párrafo anterior es lograble con un directorio de personas y personajes con ideas claras sobre el uso de la comunicación. De ninguna manera funcionará si hay un director que obedece a la secretaria de la presidencia de la república, otro al ministro de Cultura de turno, otros a las cámaras del parlamento, o a gremios empresariales, la sociedad civil, etc. Este modelo ha sido descartado hace tiempo en Europa, donde la TV Pública es un bastión de sus sociedades. En el mejor de los casos, dicho directorio parcelará la programación televisiva, con contenidos sesgados a los intereses de cada grupo. Un pandemonio.
No se debe restringir el perfil personal y profesional de los directivos. No es requisito indispensable que sean comunicadores, periodistas, profesionales o carreras afines. Deben ser personalidades respetables y respetadas, ser políticamente independientes, desligados de cualquier grupo de poder. Personas dignas a las que les entregamos un valioso recurso estatal destinado a la construcción de ciudadanía. Hay que considerar las ventajas de contar con profesionales que privilegian su prestigio por encima de otras consideraciones, ya que quedaría garantizado el idóneo, plural y objetivo manejo del medio.
Pero, ¿cómo garantizamos que realmente pueda este colectivo diseñar y ejecutar una estrategia sin interrupciones políticas?
El Directorio deberá tener un período fijo y definido de gobierno, digamos 5 años. Su renovación no debe coincidir con las de las elecciones generales. El tener períodos fijos, como es el caso del BCR, tiene una gran ventaja. El directorio podrá diseñar y ejecutar su política sin temor a ser interrumpidos o coaccionados con inopinados cambios de directorio. Eso da sostenibilidad y fuerza a la institución.
Como ejemplo de esa falta de estrategias a largo plazo, veamos el caso de las redes sociales. Hoy en día hasta los medios de difusión más potentes sufren el traspaso de sus lectores y televidentes a las redes sociales. El IRTP debe desarrollar estrategias innovadoras en redes sociales para competir con los medios digitales. Esto incluye invertir en contenido nativo para plataformas como YouTube, TikTok y Facebook, y capacitar a su personal en la producción de contenido digital.
Un punto importante es el acceso del Poder ejecutivo a la programación del IRTP. Sea cual fuere el perfil del gobierno de turno, nos guste o no, el Poder Ejecutivo tiene derecho a utilizar el IRTP para difundir su agenda política, pero este acceso debe ser normado. Es fundamental establecer tiempos, horarios y recursos técnicos predefinidos para garantizar que esta actividad no comprometa la independencia editorial del medio ni se confunda con su labor periodística.
Diferente es el caso de la radiodifusión privada, que tiene el derecho de optar por no difundir las actividades del ejecutivo por considerarlas poco relevantes. La TV pública no puede hacer eso. Le toca ser el órgano de difusión del poder ejecutivo.
Otras necesidades del Ejecutivo pueden ser espacio para cuñas publicitarias o programas informativos de divulgación de su agenda política. De igual manera, se deberán establecer los recursos humanos, técnicos y de espacio en la programación que se destinarán para este fin. Esta actividad no debe confundirse con el trabajo periodístico del propio medio; los equipos de tareas, especialmente el personal, no se deben mezclar, pues tienen diferentes fines: unos hacen labor periodística y los otros trabajan en pos de difundir la agenda de gobierno y la mejora de su imagen pública.
El IRTP tiene una base técnica sólida y un equipo competente. Sin embargo, para asegurar su relevancia en el futuro, debe garantizar su independencia, adaptarse a las nuevas tecnologías y priorizar estrategias que construyan ciudadanía. Solo así podrá consolidarse como un medio público moderno y respetado.
(*) El autor ha sido presidente ejecutivo del IRTP