El Estado recuperó 115 predios que se encontraban ocupados ilegalmente durante 2026, mediante acciones extrajudiciales que permitieron restituir un total de 15 millones 537 mil 943.36 metros cuadrados de terrenos públicos, equivalentes a más de 1,553 hectáreas.
La cifra fue reportada por la Procuraduría General del Estado, entidad que impulsa estas acciones para proteger el patrimonio público y evitar que los terrenos estatales sean objeto de invasiones, ocupaciones ilegales o tráfico de tierras.
SBN concentró la mayor cantidad de recuperaciones
De acuerdo con el balance institucional, la Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) recuperó 110 predios, que representan 15 millones 506 mil 620.43 metros cuadrados, equivalentes a 1,550.66 hectáreas.
Por su parte, la Procuraduría Pública del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) reportó la recuperación de otros cinco predios, cuya extensión conjunta alcanza los 31,322.93 metros cuadrados.
De esta manera, la SBN concentró la mayor parte de las intervenciones registradas durante el año, tanto en número de terrenos como en superficie recuperada.
¿Cómo funciona la recuperación extrajudicial?
Este mecanismo permite a las entidades públicas recuperar terrenos de propiedad estatal frente a ocupaciones ilegales sin tener que esperar necesariamente la culminación de un proceso judicial.
Las intervenciones se realizan dentro del marco legal vigente y buscan restituir la posesión de los bienes públicos. Su aplicación constituye una herramienta para actuar frente a invasiones y otras formas de ocupación no autorizada de terrenos estatales.
El marco legal de las intervenciones
Las acciones reportadas se desarrollaron al amparo de la Ley N.° 30230 y de las disposiciones legales que regulan la recuperación extrajudicial de predios estatales. La normativa establece mecanismos para que las entidades públicas puedan defender sus propiedades frente a ocupaciones ilegales.
La Procuraduría General del Estado, bajo la gestión de María Caruajulca, señaló que estos resultados responden al fortalecimiento de la defensa jurídica del patrimonio estatal y al trabajo coordinado entre las procuradurías públicas.
¿Qué destino tendrán los terrenos recuperados?
La recuperación de estos espacios busca permitir que los bienes estatales vuelvan a estar disponibles para el cumplimiento de fines públicos, la ejecución de proyectos de inversión y la prestación de servicios a la ciudadanía.
El desafío para las entidades involucradas será garantizar que los terrenos recuperados permanezcan bajo control estatal y puedan incorporarse a iniciativas que respondan a las necesidades de las distintas regiones del país.