Dentro de las denuncias constitucionales presentadas días atrás contra los ministros Rafael Belaunde (Defensa) y César Astudillo (Interior), ante el Congreso de la República, se hace mención a presuntas irregularidades en la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP), entidad que controla la gran mayoría accionaria del Banco de Comercio, ahora bautizado con el nombre de Bancom en el mercado peruano, y cuyo patrimonio destinado a respaldar el futuro y las pensiones de miles de familias de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú podría quedar expuesta a contingencias legales y un severo daño reputacional.
Las acusaciones contra los citados ministros son por las presuntas omisiones o designaciones en el directorio de la CPMP, situación que habrían colocado en riesgo el dinero destinado a respaldar el futuro y las pensiones de miles de familias aseguradas, lo que motivó las alarmas en el Congreso.
Sobre este asunto, CARETAS ha podido verificar que el Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar contra los altos mandos del Banco de Comercio. La Segunda Fiscalía Penal de San Isidro-Lince tiene el expediente que pone en la mira al gerente general de la citada entidad financiera, Aron Kizner Zamudio, y a sus encargados fiduciarios, Manuel Serrano y Katia Cieza, por los presuntos delitos de administración fraudulenta, fraude procesal y falsificación de documentos.
Según los documentos a los que esta revista tuvo acceso, la hipótesis fiscal apunta a que el banco habría facilitado una maniobra ilegal para constituir un fideicomiso exprés en solo 48 horas, recibiendo la "Parcela A" de Surco —un terreno valorizado en más de 849 millones de dólares— con el único fin de evitar que el Jockey Club del Perú pague una deuda judicial firme de 58 millones de dólares a la empresa Portalia.
Exigen investigación
La senadora Silvana Robles, de la bancada de Juntos por el Perú sostuvo que la Comisión de Defensa debe investigar la alarmante situación de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP). La parlamentaria advirtió que el patrimonio destinado a garantizar el futuro y las pensiones de miles de familias de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú se encuentra expuesto a graves contingencias legales y a un severo daño reputacional.
"No vamos a permitir que el dinero y el futuro de nuestros veteranos, policías y militares en situación de retiro y actividad sean puestos en juego por manejos cuestionables o decisiones políticas opacas. Exijo una total transparencia y que se investigue este caso”, sostuvo la parlamentaria a CARETAS.
Robles enfatizó que no se puede permitir que el dinero de los policías y militares sea puesto en riesgo por manejos cuestionables. Por ello, anunció que formalizará las acciones necesarias dentro de la Comisión de Defensa del Senado para esclarecer estos hechos y proteger los fondos de los asegurados.
"Desde el Congreso debemos actuar con celeridad y, ante esta alerta institucional, se debe citar a todas las autoridades implicadas de los ministerios correspondientes para que respondan ante la Comisión de Defensa, porque el futuro económico de quienes arriesgan su vida por la patria es sagrado. No puede ser posible que las pensiones de militares y policías dependan de una financiera sin fiscalización adecuada, esperamos que el directorio de la caja de pensiones pueda dar respuesta ante esa situación", concluyó.