Una falla informática, una orden equivocada y varias advertencias que no lograron evitar el desastre. Esa es la cadena de acontecimientos que, según las primeras investigaciones, provocó el choque de dos trenes de alta velocidad en España, con un saldo de al menos 68 muertos y 107 heridos, de los cuales 21 permanecen en unidades de cuidados intensivos. La tragedia ocurrió el miércoles 28 de octubre, cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo.
El accidente involucró a un tren AVE de Renfe, que viajaba de Madrid a Sevilla con 397 pasajeros, y a un convoy de la compañía Iryo, con 147 personas a bordo, que permanecía detenido sobre la misma vía. El impacto provocó el descarrilamiento de los dos últimos vagones del Iryo y dejó escenas de destrucción que movilizaron a centenares de efectivos de emergencia.
Las grabaciones de las conversaciones entre los maquinistas y el centro de control de Atocha, difundidas por El País, permiten reconstruir los minutos previos a la colisión y apuntan a una combinación de fallas técnicas y errores humanos que terminó por convertir una avería en una catástrofe.
Todo comenzó alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando el sistema de seguridad LZB, encargado de supervisar la circulación y mantener la distancia entre los trenes, dejó de funcionar. La avería afectó a seis convoyes que transitaban por un tramo de aproximadamente 69 kilómetros de la línea Madrid-Sevilla.
Con el sistema automático fuera de servicio, la seguridad quedó en manos de los operadores del centro de control ferroviario. A las 8:36, uno de ellos autorizó al maquinista del AVE 2080 a desconectar y volver a conectar el equipo y continuar su recorrido con marcha normal.
La instrucción resultaría decisiva. El protocolo de seguridad exigía que, ante una falla de esas características, el tren circulara en marcha a la vista, a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, que permitiera detenerse frente a cualquier obstáculo.
Las advertencias que no evitaron el choque
Mientras el AVE continuaba su recorrido, el tren de Iryo permanecía inmovilizado cerca de Urda. A las 8:41, su maquinista comunicó al centro de control que no podía avanzar debido a problemas de transmisión. Siete minutos después volvió a advertir que el convoy seguía detenido.
Pese a esas comunicaciones, el AVE que circulaba detrás no recibió a tiempo una orden que evitara la colisión. A las 8:53 se produjo el impacto.
La velocidad agravó las consecuencias. En ese tramo de la línea, los trenes pueden alcanzar los 200 kilómetros por hora y necesitan una distancia considerable para detenerse. Sin la protección automática y sin una reducción preventiva de velocidad, el margen de reacción era mínimo.
El ministro español de Transportes, Óscar Puente, calificó de «inexplicable» la decisión del centro de control de Adif de autorizar la reanudación de la marcha del AVE cuando el sistema mostraba una alerta roja que indicaba que la vía estaba ocupada por otro tren. El operador que dio la autorización ya fue identificado y su actuación forma parte de la investigación.
Una tragedia que podría dejar más víctimas
El balance de víctimas podría aumentar. Según informó Europa Press, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, advirtió que los equipos de rescate todavía trabajaban en la retirada de los vagones siniestrados y que podrían encontrarse más fallecidos entre los restos.
De los 68 muertos contabilizados, cuatro cuerpos permanecían atrapados en los vagones. Entre los heridos, 15 fueron clasificados en estado muy grave, cuatro de ellos en situación especialmente crítica.
Los hospitales de Madrid y Castilla-La Mancha recibieron a decenas de pasajeros, mientras la Guardia Civil inició las labores de identificación de las víctimas mediante pruebas de ADN. Las autoridades habilitaron puntos de atención para los familiares en Madrid, Sevilla y Toledo.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se desplazó hasta el lugar del accidente y prometió esclarecer las causas de la tragedia. «Si ha habido negligencias se sabrá», aseguró, al tiempo que se comprometió a reforzar los mecanismos de seguridad ferroviaria.
El siniestro es uno de los más graves registrados en España desde el descarrilamiento de un tren Alvia en Angrois, cerca de Santiago de Compostela, en 2013, que dejó 80 fallecidos y 145 heridos.
La tragedia ocurre, además, apenas nueve meses después del accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, donde murieron 46 personas y cerca de 300 resultaron heridas. Dos catástrofes en un mismo año que han puesto bajo escrutinio la seguridad de una de las redes de alta velocidad más extensas del mundo.
Por ahora, las investigaciones apuntan a una sucesión de fallas que nunca debieron coincidir: un sistema de protección inoperativo, una autorización para continuar la marcha y advertencias que no consiguieron detener el tren. La justicia deberá establecer las responsabilidades. Lo que ya resulta evidente es que, durante aquellos minutos decisivos, los mecanismos destinados a impedir una tragedia no cumplieron su cometido.