La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó dos dictámenes que buscan revertir cambios legales en las denominadas leyes "procrimen". Los cuales fueron introducidos por el anterior Congreso y cuestionados por sus efectos en la investigación del delito y el juzgamiento de policías y militares.
Las iniciativas se refieren a las leyes 32130 y 32735, calificadas como normas “procrimen” por organizaciones de derechos humanos y sectores de oposición. Sin embargo, las propuestas todavía deberán ser debatidas por el Pleno de Diputados y pasar por el Senado.
La comisión, presidida por Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, aprobó ambos dictámenes durante la sesión del martes 20 de octubre. En el caso de la Ley 32735, la propuesta plantea una derogación parcial para precisar el concepto de delito de función y restituir parte de las disposiciones anteriores.
Comisión de Diputados: ¿qué plantean los dictámenes sobre las leyes 32130 y 32735?
El primer dictamen propone derogar la Ley 32130, norma que modificó el Código Procesal Penal. Además reforzó el papel de la Policía Nacional del Perú (PNP) en las diligencias preliminares de las investigaciones penales. La iniciativa busca restablecer el régimen jurídico previo sobre la conducción de estas investigaciones.
El segundo dictamen propone derogar parcialmente la Ley 32735, que modificó las reglas del Código Penal Militar Policial y del Nuevo Código Procesal Penal en materia de delito de función y competencia jurisdiccional.
La modificación busca precisar qué conductas deben ser juzgadas por la justicia militar policial. Además de corregir las disposiciones que, según sus promotores, ampliaron indebidamente el alcance de ese fuero frente a la justicia ordinaria. La propuesta no elimina el Fuero Militar Policial y mantiene las sanciones más severas previstas para los efectivos que participen en bandas u organizaciones criminales.
Ambos dictámenes pasarán al Pleno de la Cámara de Diputados. Si reciben la aprobación correspondiente, serán remitidos al Senado para su revisión.
Fuerza Popular posterga el debate de la Ley Soto
En la misma sesión, la comisión tenía previsto debatir y votar una propuesta para revertir los efectos de la Ley 31751, conocida como Ley Soto, y de su norma ratificatoria, la Ley 32104.
La iniciativa plantea establecer un plazo para la suspensión de la prescripción de la acción penal equivalente al criterio que la Corte Suprema había fijado mediante acuerdo plenario antes de la aprobación de las normas cuestionadas.
Sin embargo, Fuerza Popular promovió una cuestión previa para aplazar el debate y la votación. La bancada cuestionó que la propuesta establezca un único plazo de suspensión de la prescripción para todos los delitos. Sin distinguir la gravedad o las características de cada uno.
La comisión tampoco llegó a abordar el dictamen que propone modificar el decreto legislativo sobre extinción de dominio. Con el objetivo de restablecer la autonomía del proceso y fortalecer sus garantías.
Diputados proponen derogar otras leyes cuestionadas
Las propuestas sobre las leyes 32130 y 32735 forman parte de un conjunto más amplio de iniciativas legislativas que buscan revertir normas aprobadas por el anterior Congreso. Las cuales fueron señaladas como perjudiciales para la lucha contra el crimen organizado.
En agosto, Catherin Palomino presentó un proyecto para derogar siete normas, entre ellas las leyes 31751, 32104, 31989, 31990, 32054, 32108, 32138 y 32130. Estas disposiciones abarcan materias como la prescripción penal, la intervención policial frente a la minería ilegal, la colaboración eficaz, la responsabilidad penal de los partidos políticos y los requisitos para configurar el delito de organización criminal.
Por su parte, diputados de Ahora Nación, a iniciativa de César Holguín y con el respaldo de Indira Huilca y otros legisladores, presentaron otra propuesta para derogar diez normas. Esta incluye la Ley 32419, que concede amnistía a integrantes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas procesados por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000.
Las iniciativas contemplan restablecer las disposiciones del Código Penal, el Código Procesal Penal. Ademá de otras normas que regían antes de los cambios introducidos por el Congreso anterior. Su aprobación, no obstante, dependerá del trámite legislativo correspondiente.