La Contraloría General de la República identificó 265 situaciones adversas que comprometen la seguridad y vigilancia de 52 establecimientos penitenciarios del país, donde se encuentran cerca de 90 mil internos. Entre los principales problemas figuran la falta de personal y equipamiento, las fallas en las cámaras de vigilancia y la ausencia de sistemas para bloquear señales de celulares e Internet.
Los hallazgos corresponden a un operativo de control realizado del 14 al 16 de septiembre de 2026. Según los informes emitidos, los mayores riesgos se concentran en los penales de Lima.
Contraloría detecta falta de personal y agentes con licencias vencidas
El problema más recurrente es la insuficiente disponibilidad de personal, armamento, equipamiento táctico y medios de comunicación en los puestos de seguridad, con 81 situaciones adversas identificadas.
En 24 de los 52 penales supervisados, la cantidad de agentes resulta limitada para cubrir los torreones, vigilar el perímetro, controlar las cámaras y realizar el traslado y la custodia de internos. Esta situación puede reducir la capacidad de respuesta ante incidentes que comprometan la seguridad de los reclusos, los trabajadores penitenciarios y los visitantes.
Además, la Contraloría advirtió que algunos agentes carecen de licencias para utilizar armas de fuego o tienen estos documentos vencidos. En total, 229 agentes de seguridad tienen licencias vencidas: 200 trabajan en el penal Miguel Castro Castro, en Lima, y otros 29 en el establecimiento penitenciario de Chachapoyas, en Amazonas.
Cámaras de vigilancia presentan fallas en 43 penales
Otro de los principales hallazgos corresponde a los sistemas de videovigilancia. En 43 de los 52 establecimientos supervisados se identificaron problemas relacionados con cámaras inoperativas, lo que generó 51 situaciones adversas.
Entre las deficiencias reportadas figuran equipos defectuosos, imágenes borrosas o sin visualización, sectores sin cobertura y puntos ciegos. También se detectaron periodos de almacenamiento de grabaciones inferiores a los 60 días establecidos por la normativa.
Estas limitaciones podrían dificultar el monitoreo de las instalaciones y la detección de hechos que pongan en riesgo el orden y la seguridad penitenciaria.
Siete penales no tienen bloqueadores de señal de celulares e Internet, según Contraloría
La supervisión identificó riesgos relacionados con los sistemas de bloqueo o inhibición de señales en 13 establecimientos penitenciarios. De estos, siete no cuentan con sistemas para bloquear señales de telefonía móvil, Internet y radiofrecuencia.
Los penales señalados son:
- Barbadillo, en Lima.
- Base Naval–CEREC, en el Callao.
- Río Negro, en Junín.
- Juanjuí y Tarapoto, en San Martín.
- Iquitos, en Loreto.
- Pucallpa, en Ucayali.
En otros seis establecimientos, aunque se instalaron inhibidores de señal, no se encontraron resultados de las pruebas de efectividad ni reportes de incidencias sobre su funcionamiento. Además, en los penales del Callao y Chiclayo se comprobó que persistía la señal de telefonía móvil pese a contar con sistemas de bloqueo instalados.
Fallas en equipos para controlar el ingreso de visitantes
La Contraloría también reportó 50 situaciones adversas relacionadas con la falta o inoperatividad de equipos tecnológicos para revisar a visitantes y bienes en los puntos de acceso a los penales.
Entre los equipos afectados figuran máquinas de rayos X, arcos detectores, escáneres, sistemas de control biométrico y detectores portátiles de metales.
En los establecimientos de Chimbote, en Áncash, y Callao, el control de ingreso, inspección y registro de personas se realiza de forma manual debido a la falla o inoperatividad de los equipos. También se encontraron dispositivos inoperativos en penales como Challapalca, Camaná, Huancayo, Huánuco, Cochamarca, Cajamarca y Trujillo.
Estas deficiencias podrían dificultar la detección de objetos prohibidos y comprometer la seguridad de las instalaciones.
Contraloría: deficiencias en muros, cercos e iluminación perimetral
En 41 de los 52 establecimientos supervisados se identificaron problemas en los elementos de seguridad perimetral. Los informes señalan deficiencias en el estado de conservación y funcionamiento de muros, cercos, mallas y estructuras de los torreones.
También se advirtieron fallas en los sistemas de iluminación y en los faros de búsqueda de personas, lo que podría limitar la vigilancia durante la noche.
La Contraloría comunicó los resultados del operativo a los directores regionales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), para que adopten medidas correctivas y remitan la información correspondiente al Órgano de Control Institucional de la entidad.