Hay series que uno termina de ver y deja atrás. Y hay otras que, por las circunstancias, adquieren un significado distinto. Eso me pasó con El Juicio, la serie que se estrenó hace poco en Prime Video, mientras en el Perú explotó el caso de violación a un alumno del Liceo Naval por parte de otros estudiantes.
La coincidencia resulta inquietante porque El Juicio habla, precisamente, de lo que puede ocurrir después de una agresión sexual: la víctima que busca justicia, las familias que se enfrentan, las instituciones que deben investigar y, sobre todo, el poder que puede aparecer cuando los acusados pertenecen a entornos privilegiados.
La serie no recrea literalmente un caso real, pero tiene como uno de sus principales referentes el caso de Daphne Fernández, una joven de Veracruz que denunció haber sido agredida sexualmente por cuatro jóvenes de familias adineradas e influyentes, conocidos como “Los Porkys”. Su padre, Javier Fernández, emprendió entonces una larga batalla legal y pública para conseguir justicia para su hija, enfrentándose a las presiones y amenazas que rodearon el caso.
Dos de los acusados fueron finalmente condenados y encarcelados; otro fue exonerado por falta de pruebas y un cuarto huyó y permaneció prófugo. No fue, por tanto, una historia de impunidad absoluta, pero sí una historia que mostró hasta qué punto el acceso a la justicia puede convertirse en una lucha desigual cuando alrededor de los acusados existen dinero, relaciones y poder.
Por eso resulta inevitable mirar el caso del Liceo Naval. Todavía no sabemos cómo terminará, pero hay muchas cosas cuestionables, por decir lo menos: la pérdida del objeto del delito (el palo de escoba) que debió mantenerse bajo custodia, por ejemplo, o el hecho de que luego de la renuncia del Dr. Jorge Petrozzi, el abogado del chico agredido sea Juan Mario Peña Flores, hijo de Juan José Peña Aguilar, abogado de uno de los adolescentes implicados, que ya logró irse del país con destino a los Estados Unidos, donde justamente se encuentra Peña Flores. Y que pese a que un día antes Beto Ortiz lo advirtió en su programa, asegurando que no es permitido legalmente, nadie se lo impidió.
La primera audiencia de esclarecimiento de los hechos duró apenas cuatro horas aunque los testimonios de los estudiantes eran contradictorios entre sí y también con lo que dijeron en un primer momento ante la fiscalía. Se citó para el día de hoy para continuar, si antes del cierre de esta edición no hay cambios. Todo esto, muy aparte del segundo intento de violación dentro de Maranguita del principal agresor contra otro de sus compañeros que también se encuentra recluido allí y por el que ya se le ha abierto otro proceso penal.
Pero lo sucedido en el Liceo Naval no puede ser entendido como un hecho aislado. Entre enero y agosto de este año, el sistema SíseVe registró 77 reportes de violación sexual entre escolares y 1183 reportes de violencia sexual entre estudiantes. Detrás de esas cifras hay adolescentes, familias y vidas que difícilmente vuelven a ser las mismas.
Y hay algo todavía más perturbador: cuando los involucrados son menores y pertenecen a una institución prestigiosa, aparece una tentación adicional. La de proteger el nombre del colegio, preservar su reputación, cerrar filas, minimizar lo ocurrido o convertir el problema en “un juego de chicos que se les fue de las manos”.
Eso es precisamente lo que El Juicio obliga a mirar de frente: la diferencia entre administrar un escándalo y hacer justicia y la verdadera advertencia de la serie no es solamente que los agresores existen, sino que una sociedad también puede contribuir a la impunidad cuando, por proteger a una familia, una institución o un grupo, termina dejando sola a la víctima.
Y ese es un juicio que, en el Perú, recién está comenzando.