La fiscalización laboral volvió al centro del debate en el Senado. Durante una sesión de la comisión que aborda asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, expuso las líneas que seguirá su gestión para promover el empleo, reducir la informalidad y eliminar barreras para la incorporación de jóvenes al mercado laboral.
Pero la presentación derivó rápidamente hacia las dificultades que persisten en el terreno. Senadores de distintas bancadas cuestionaron la capacidad del Estado para supervisar el cumplimiento de los derechos laborales y reclamaron una mayor presencia de la Sunafil en las regiones.
Reclamos desde las regiones
Uno de los cuestionamientos más duros estuvo a cargo del senador Joaquín Yauri, de Juntos por el Perú, quien puso como ejemplo la situación de Huancavelica. Según afirmó, la oficina de la Sunafil en esa región tendría una capacidad de fiscalización insuficiente y cuestionó que la máxima responsable de la sede no residiría en el departamento.
Yauri sostuvo que la institución cuenta con apenas cuatro o cinco fiscalizadores para atender las necesidades de la región. A su juicio, esta situación limita la capacidad de intervención de la autoridad laboral y exige una respuesta del Ministerio de Trabajo.
“Hay que corregir, hay que ser más proactivos”, planteó el senador durante la sesión.
El cuestionamiento apunta a uno de los principales desafíos de la fiscalización laboral: no solo contar con normas, sino con inspectores y oficinas capaces de hacerlas cumplir efectivamente fuera de Lima.
Senado: seguridad privada bajo la lupa
La senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, trasladó el debate a las condiciones de los trabajadores de seguridad privada. Señaló que existen empleados que laboran en condiciones que consideró precarias y empresas que recurrirían a contratos de corta duración para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales.
Según Luque, algunas compañías modificarían incluso su rubro para eludir responsabilidades frente a sus trabajadores. Por ello, planteó la necesidad de adoptar medidas legislativas específicas para un sector que concentra a un número importante de trabajadores con remuneraciones cercanas al sueldo mínimo.
El planteamiento coloca nuevamente sobre la mesa la discusión sobre derechos laborales, contratación temporal y mecanismos de fiscalización en actividades donde la rotación y la tercerización pueden dificultar la supervisión.
Más empleo para jóvenes
La agenda de la comisión también abordó las políticas destinadas a facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral. En ese punto, el senador Rafael Gustavo Yamashiro Oré, de Fuerza Popular, pidió ampliar la cobertura del programa Jóvenes Productivos a la región San Martín.
Yamashiro sostuvo que la incorporación de una nueva unidad territorial permitiría acercar los programas del Estado a los jóvenes de esa región y aprovechar su potencial laboral.
La propuesta forma parte del reto que enfrenta el Ministerio de Trabajo: reducir las barreras de entrada para quienes buscan su primer empleo y, al mismo tiempo, generar condiciones para que esas oportunidades se desarrollen dentro de la formalidad.
El reto para Sheput
La exposición de Sheput dejó así una agenda que va más allá de la generación de puestos de trabajo. Los senadores plantearon que la política laboral debe estar acompañada por una Sunafil con mayor capacidad operativa, presencia efectiva en las regiones y herramientas para detectar y sancionar incumplimientos.
El ministro deberá ahora convertir los lineamientos anunciados en medidas concretas frente a problemas que, según los propios legisladores, persisten en sectores con alta informalidad y precariedad.
La discusión también revela una tensión central para el sector: promover más empleo sin rebajar los estándares de protección laboral. Para el Senado, ambas tareas deberán avanzar de manera paralela.