La seguridad nacional ya no se plantea únicamente desde una perspectiva militar. La nueva Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030 propone una respuesta que incorpora dimensiones políticas, sociales y económicas frente a amenazas que afectan la seguridad y los derechos de la población.
El enfoque fue presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) durante una jornada informativa realizada en cumplimiento de los encargos de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA).
Política de Seguridad y Defensa Nacional amplía su enfoque
La estrategia plantea que la defensa nacional debe responder a un escenario en el que las amenazas no provienen únicamente de conflictos convencionales.
Entre los problemas considerados se encuentran la inseguridad ciudadana, el crimen organizado, la corrupción, la minería ilegal y los desastres.
La propuesta busca articular la respuesta de diferentes sectores del Estado y reducir las condiciones de vulnerabilidad que pueden afectar la seguridad y el bienestar de las personas.
Este cambio supone pasar de una concepción centrada principalmente en el componente militar hacia una política que también incorpora factores sociales, económicos y políticos.
Derechos humanos como parte de la respuesta
Dentro de este esquema, el MINJUSDH tiene participación en el Consejo de Defensa Nacional, donde aporta el enfoque de derechos humanos y el marco jurídico que debe orientar la actuación estatal.
El objetivo es que las medidas adoptadas frente a las amenazas a la seguridad nacional se desarrollen dentro del marco legal y respetando los derechos fundamentales.
La jornada también abordó la Ley de Movilización para la Defensa Nacional y el Orden Interno, una de las herramientas vinculadas a la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones que comprometan la seguridad del país.
Una estrategia frente a amenazas múltiples
La política al 2030 parte de la premisa de que fenómenos como el crimen organizado, la minería ilegal o los desastres pueden generar impactos que exceden a un solo sector del Estado.
Por ello, plantea una intervención coordinada y multisectorial, con responsabilidades distribuidas entre las instituciones involucradas.
La exposición estuvo a cargo del teniente general FAP (r) Rodolfo García Esquerre, coordinador de la Unidad Funcional de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres del MINJUSDH.
La nueva política busca, en ese sentido, establecer una hoja de ruta para que las distintas entidades públicas respondan de manera articulada a las amenazas que puedan afectar la seguridad, integridad y derechos de los ciudadanos.