El Poder Judicial ordenó el archivo definitivo del proceso penal seguido contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por los presuntos aportes irregulares destinados a financiar su campaña presidencial de 2016.
La decisión fue adoptada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional. La cual declaró fundado el recurso de apelación presentado por la defensa del exmandatario. Asimismo, revocó la resolución emitida el último 4 de mayo por la jueza Margarita Salcedo.
Sala Penal declara fundada la apelación presentada por PPK
La jueza Margarita Salcedo había declarado infundado el recurso de excepción de improcedencia de acción presentado por la defensa de Kuczynski. La cual buscaba el archivo de los cuatro hechos atribuidos por la Fiscalía en el proceso.
La investigación se inició por el presunto delito de lavado de activos agravado, en calidad de integrante de una organización criminal.
Sin embargo, mediante una resolución emitida el 20 de agosto. La sala superior concluyó que los argumentos expuestos por la defensa eran suficientes para revertir la decisión impugnada respecto de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
“En ese orden de ideas, corresponde declarar fundada la solicitud de la defensa y sobreseer la causa por vía de excepción de improcedencia de la acción respecto del delito de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir”, precisó el tribunal.
Archivo del proceso comprende los delitos de lavado de activos y asociación ilícita
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional dispuso el sobreseimiento de la causa respecto de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, en atención a la excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa del exmandatario.
La resolución revierte el extremo de la decisión judicial anterior que había rechazado la solicitud de archivo presentada por los abogados de PPK.
Poder Judicial ordena anular antecedentes generados por el proceso
Como parte de su decisión, el colegiado superior ordenó que se cursen las comunicaciones correspondientes para la anulación de los antecedentes policiales, penales y judiciales que se hubieran generado a raíz de este proceso.
La medida comprende los registros que se hayan producido con ocasión de la investigación penal seguida contra el expresidente.
Resolución deja a salvo la reparación civil a favor del Estado
La sala superior también dejó a salvo la pretensión civil o el requerimiento de reparación civil a favor del Estado peruano que pudiera plantear la Procuraduría Pública asignada al caso.
Según la resolución, esta pretensión deberá ejercerse conforme a las reglas procesales vigentes y a la jurisprudencia aplicable.
Por tanto, aunque se dispuso el sobreseimiento de la causa respecto de los delitos analizados, el pronunciamiento mantiene a salvo la posibilidad de que la Procuraduría ejerza las acciones civiles que correspondan.