Una obra de infraestructura destinada a reducir el impacto de las lluvias en cuatro distritos del Cusco enfrenta un escenario que podría comprometer su continuidad. Se trata de la segunda etapa del proyecto de drenaje pluvial de la microcuenca Cachimayo, cuyo monto de inversión asciende a S/200,8 millones y que contempla intervenciones para beneficiar a pobladores de Cusco, Santiago, Wanchaq y San Sebastián.
El proyecto es impulsado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), y cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Según la información oficial difundida sobre el proyecto, la infraestructura contempla la construcción de 10,4 kilómetros de colectores, 180 sumideros y dos tanques de almacenamiento de agua de lluvia, conocidos como tanques tormenta. La finalidad es contribuir a reducir el impacto de las precipitaciones y el riesgo de inundaciones en la zona de intervención.
Drenaje pluvial de Cachimayo enfrenta un nuevo escenario
El contrato entre el PNSU y el Consorcio Cachimayo fue suscrito el 4 de diciembre de 2024. El inicio de la ejecución estaba previsto para el 3 de marzo de 2025.
Uno de los principales problemas se presentó en el frente correspondiente a los tanques tormenta del Sistema Casuarinas. Vecinos de la zona expresaron su oposición a la construcción de estas estructuras debido a su proximidad a sus viviendas y plantearon cuestionamientos relacionados con las condiciones del terreno y la presencia de napa freática.
El cronograma contractual establecía el inicio de estos trabajos para el 14 de abril de 2025. Sin embargo, el conflicto social impidió que ese frente avanzara conforme a lo previsto.
La tensión llegó a un punto crítico el 28 de abril de 2025, cuando trabajadores que realizaban labores de replanteo fueron retirados del lugar por pobladores de la zona, según la documentación citada en la investigación periodística que dio cuenta del caso.
El conflicto no habría quedado resuelto y terminó incidiendo en el desarrollo del cronograma de la obra.
Una ampliación en disputa
La controversia tomó una nueva dimensión durante este año. El supervisor de la obra, Consorcio Concremat-Milla, recomendó al PNSU otorgar una ampliación de 158 días mediante la Carta N.° 0182-2026/CCM-JRMR-RCA, fechada el 24 de julio de 2026.
La recomendación habría considerado que el retraso asociado al frente de los tanques tormenta estaba relacionado con el conflicto social y no con hechos atribuibles al contratista.
Posteriormente, el 8 de septiembre de 2026, el administrador del contrato del PNSU, ingeniero Raffo Sotomayor Cabrera, emitió el Informe Técnico N.° 204-2026/VMCS/PNSU/UGPP-BID-CT-PNSU, mediante el cual se denegó la ampliación solicitada.
La decisión abre una interrogante sobre el cronograma que resta para culminar la obra, debido al tiempo que requiere la ejecución de los tanques tormenta.
El factor tiempo
De acuerdo con la documentación citada en la investigación sobre el proyecto, los tanques tormenta representarían aproximadamente 36% del valor del contrato, mientras que su ejecución demandaría alrededor del 60% del plazo contractual.
La diferencia resulta relevante para el desarrollo de la obra. Si el plazo no se amplía y el frente de los tanques requiere una parte sustancial del tiempo contractual, el margen disponible para completar los trabajos podría reducirse considerablemente.
El escenario podría derivar en nuevas controversias contractuales si las partes mantienen posiciones distintas respecto de las causas del retraso y del plazo necesario para culminar las prestaciones pendientes.
Según documentos del PNSU y de la supervisión citados en la investigación, el retraso habría sido relacionado con el conflicto social registrado en la zona. Esta documentación deberá ser contrastada con la posición de las partes involucradas respecto de la responsabilidad y las consecuencias contractuales del retraso.
Una obra bajo presión
La segunda etapa del drenaje pluvial de Cachimayo busca intervenir una zona expuesta a los efectos de las precipitaciones y contempla infraestructura destinada a captar y almacenar temporalmente el agua de lluvia.
El proyecto había sido presentado por el Ministerio de Vivienda como una intervención de alcance regional para reducir la vulnerabilidad frente a las lluvias y beneficiar directamente a población de cuatro distritos cusqueños.
Ahora, el futuro de parte de sus trabajos dependerá de cómo se resuelva el conflicto en torno a los tanques tormenta y de las decisiones que adopten las entidades responsables de la ejecución y supervisión del contrato.
La denegatoria de la ampliación de 158 días no significa por sí sola que la obra vaya a quedar paralizada. Sin embargo, coloca al proyecto ante un escenario de riesgo contractual y de cronograma que deberá ser resuelto para garantizar la continuidad de los trabajos.
La obra, concebida para reducir el impacto de las lluvias en una parte importante de la población cusqueña, llega así a una etapa en la que la solución del conflicto social y la definición del plazo de ejecución resultarán determinantes para su culminación.