La Defensoría del Pueblo quedó bajo cuestionamiento por una serie de contrataciones, ascensos y designaciones realizadas durante la gestión de Josué Gutiérrez. Una investigación de Cuarto Poder expuso casos de personas que, tras reunirse con el titular de la institución, accedieron a órdenes de servicio y posteriormente a puestos bajo el régimen CAS.
El reportaje también recoge informes de la Contraloría General de la República que advierten presuntas irregularidades en la acreditación de requisitos para determinados cargos. Entre los casos revisados aparecen funcionarias que alcanzaron puestos de mayor responsabilidad pese a observaciones sobre su experiencia profesional.
Defensoría del Pueblo bajo la lupa de la Contraloría
Uno de los casos corresponde a Lucía Yalán Cano, quien acudió al despacho de Gutiérrez el 12 de junio de 2024 para una reunión que duró más de dos horas. Según la investigación, Yalán no había prestado servicios previamente para el Estado y semanas después obtuvo su Registro Nacional de Proveedores (RNP).
Tras conseguir dicho registro, recibió cinco órdenes de servicio consecutivas. Luego pasó a formar parte de la Defensoría bajo el régimen CAS como asistente administrativa. Otro caso señalado es el de Nicole Mingos Medrano, quien visitó el despacho del defensor en dos oportunidades el 30 de julio de 2024.
Tres días después de esas reuniones, Mingos tramitó su RNP y consiguió cuatro órdenes de servicio antes de acceder también a un puesto CAS. Ambas mujeres, según el reportaje, negaron ante los investigadores que sus contrataciones estuvieran relacionadas con las reuniones que sostuvieron en la sede de la institución.
Contraloría cuestionó perfiles para cargos de confianza
Las observaciones alcanzaron puestos de mayor responsabilidad. Uno de los casos corresponde a Betbiary Díaz Coral, quien en julio de 2024 fue designada jefa del Programa del Derecho a la Salud, cargo que exigía cuatro años de experiencia específica.
Un informe de control señaló que los documentos utilizados para acreditar su trayectoria solo sustentaban siete días de trabajo, pero fueron consignados como equivalentes a tres años y dos meses de experiencia. Díaz dejó la jefatura en enero de 2025 a raíz de estas observaciones. Sin embargo, después fue designada como asesora I y posteriormente ascendió al cargo de adjunta.
La Contraloría también observó la situación de Margarita Yahuana Correa, excolaboradora parlamentaria vinculada al entorno de Gutiérrez. Mientras ocupaba una plaza CAS, participó en un concurso interno para acceder al régimen 728 y, según el expediente fiscalizador, recopiló y consolidó información administrativa de la convocatoria en la que ella misma era postulante.
Yahuana ganó el concurso interno y su remuneración pasó de S/7.000 a aproximadamente S/14.000. Posteriormente, fue promovida a la Dirección General de Administración de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.