José Domingo Pérez y Rafael Vela mantienen un esquema de seguridad policial pese a que actualmente no ejercen funciones fiscales. Según la última edición de CARETAS, en un informe a cargo de Miguel Ramírez, cada uno cuenta con cuatro efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) asignados a su protección.
La seguridad responde a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de ambos fiscales y sus familiares. Pérez dejó el Ministerio Público en abril de 2026, mientras que Vela conserva su condición de fiscal superior titular, pero permanece suspendido.
José Domingo Pérez y Rafael Vela con protección del Estado
Según CARETAS, fuentes de la División de Protección de Dignatarios de la Dirección de Seguridad del Estado de la PNP señalaron que Pérez y Vela tienen cuatro agentes asignados cada uno. El esquema contempla protección durante las 24 horas, con relevos de personal.
"Sí, cuento con seguridad de la Policía, porque sufro amenazas de la persona que en este momento está ejerciendo la presidencia de la República", dijo Domingo Pérez a Ramírez en referencia a Keiko Fujimori. Por su lado, Vela confirmó que "tenemos con mi familia dos policías en cada turno 24 por 24 por la medida cautelar de la CIDH".
La situación laboral de ambos es distinta. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) no ratificó a Pérez como fiscal y el Ministerio Público dio por concluida su designación con eficacia desde el 2 de abril de 2026. Vela, en cambio, conserva su condición de fiscal superior titular, aunque está suspendido y no ejerce actualmente funciones fiscales.
Fernando Rospigliosi, expresidente del Congreso y hoy senador, declaró a este medio que este escenario "debe ser revisado por el actual Gobierno". "El Estado peruano no tiene por qué estar acatando los mandatos de la CIDH, pero los gobiernos anteriores lo han estado haciendo. A ninguna de estas dos personas les corresponde seguridad policial", enfatizó.
Domingo Pérez y su salida del Ministerio Público
José Domingo Pérez dejó de ejercer como fiscal después de que la JNJ resolviera no ratificarlo en su cargo como fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. El Ministerio Público formalizó el término de su designación con eficacia anticipada desde el 2 de abril, mediante la Resolución 1642-2026-MP-FN, publicada el 9 de junio de 2026.
La resolución de la Fiscalía precisó que su salida no implicaba el cierre de las quejas o denuncias que permanecían en trámite ante los órganos de control. El documento consignó la existencia de expedientes disciplinarios vinculados con su desempeño como fiscal.
Su salida del Ministerio Público ocurrió varios años después de su participación en las investigaciones del caso Lava Jato y de los procesos relacionados con los aportes a campañas electorales. Durante ese periodo, Pérez se convirtió en una de las figuras más visibles del equipo fiscal que investigó los presuntos actos de corrupción vinculados con empresas brasileñas.
Vela mantiene su cargo, pero está suspendido
Rafael Vela tiene una situación diferente porque conserva la titularidad de una plaza fiscal superior dentro del Ministerio Público. En julio de 2026, la Fiscalía de la Nación dispuso su designación en la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, como parte de una reorganización de estas fiscalías.
Sin embargo, Vela permanece suspendido de sus funciones por una sanción impuesta por la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público. La medida, oficializada por medio de la Resolución Final N.° 16-2026-ANC-MP-DGPAD-DS, emitida el 17 de febrero de 2026, tiene una duración de nueve meses y fue cuestionada por el fiscal mediante un recurso de apelación.
¿Por qué la CIDH otorgó medidas cautelares?
Las medidas cautelares se originaron en una solicitud presentada ante la CIDH el 23 de junio de 2021 por el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) a favor del entonces fiscal José Domingo Pérez, su esposa y su hijo. Los solicitantes alegaron que Pérez enfrentaba una situación de riesgo relacionada con su labor en el Equipo Especial Lava Jato.
El 25 de julio de 2021, mediante la Resolución 55/2021, la CIDH otorgó las medidas cautelares a Pérez y su núcleo familiar. La Comisión consideró que se encontraban en una situación de gravedad y urgencia que podía afectar sus derechos a la vida e integridad personal. Entre los hechos expuestos figuraron amenazas, hostigamiento y otros actos vinculados con su actividad como fiscal en las investigaciones del caso Lava Jato.
Posteriormente, el 8 de noviembre de 2023, la CIDH amplió las medidas cautelares para incorporar a Rafael Vela y su núcleo familiar. La Comisión tomó en cuenta la situación de riesgo que, según la información recibida, enfrentaba el entonces fiscal superior por su labor al frente del Equipo Especial Lava Jato y solicitó al Estado peruano adoptar las medidas necesarias para proteger su vida e integridad personal y permitirle ejercer sus funciones sin amenazas, hostigamientos o actos de violencia.