Un taller textil vinculado a la diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, funcionaría a puerta cerrada en un inmueble ubicado en el jirón 5 de Agosto 312, en el barrio San Cristóbal de Huancavelica, sin contar presuntamente con licencia de funcionamiento municipal.
Así lo reveló un reportaje de Cuarto Poder, que verificó la actividad del establecimiento y consultó los registros de la Municipalidad Provincial de Huancavelica.
El informe señala que en el inmueble se desarrolla la confección de prendas de vestir y que el lugar contaría con máquinas de coser, materiales de corte e insumos para producir prendas en serie.
Municipio no registra licencia para el taller
Según el reportaje, Macario de la Cruz, funcionario de la Subgerencia de Comercialización de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, confirmó que no existe una licencia de funcionamiento registrada a nombre de Catherin Palomino Casavilca.
La búsqueda, realizada en los registros municipales desde el año 2000 hasta marzo de 2026, tampoco habría encontrado una autorización para desarrollar actividades de taller textil o confecciones en el inmueble señalado.
La situación también generaría dudas respecto a las condiciones de seguridad del establecimiento, debido a que el uso de maquinaria y herramientas de corte requiere que el espacio cumpla con las disposiciones correspondientes.
La propia Palomino presentó el taller como emprendimiento
El reportaje recordó que, durante la campaña electoral, Palomino presentó el taller de confecciones como parte de su trayectoria profesional.
El 10 de febrero de 2026, la entonces candidata difundió un video en sus canales oficiales en el que mostró el establecimiento y prendas elaboradas en el lugar.
Entre los productos exhibidos figuraban prendas vinculadas a Juntos por el Perú, según el informe periodístico.
Un trabajador entrevistado por Cuarto Poder señaló que el taller produciría prendas por lotes y que algunos pedidos alcanzarían hasta 50 unidades.
Abuela de Palomino afirma que funciona a puerta cerrada
Dionicia Fernández, abuela de la diputada y propietaria del inmueble, reconoció que el taller funciona dentro de la vivienda.
Según el reportaje, Fernández sostuvo que la actividad se desarrolla a puerta cerrada y cuestionó la necesidad de contar con una autorización municipal debido a que el negocio no atendería directamente al público desde la calle.
Sin embargo, funcionarios municipales citados por Cuarto Poder señalaron que el desarrollo de una actividad comercial requiere cumplir con las autorizaciones correspondientes, independientemente de que el establecimiento atienda o no directamente al público.
Cuestionan condiciones de seguridad
El abogado constitucionalista y especialista en derecho parlamentario Alejandro Rospigliosi consideró que el funcionamiento del taller podría generar cuestionamientos relacionados con las normas de seguridad y salud en el trabajo.
Según explicó al programa, la utilización de maquinaria y herramientas de corte en un inmueble destinado también a vivienda puede representar riesgos si no se cumplen los protocolos de seguridad.
El especialista consideró que los hechos deberían ser evaluados por las autoridades competentes para determinar si existe alguna responsabilidad.
Familiares de Palomino también estuvieron vinculados al rubro textil
El reportaje también señala que la actividad textil no sería ajena al entorno familiar de la legisladora.
Su madre, Norma Casavilca, y su abuela, Dionicia Fernández, registrarían antecedentes de venta de prendas de vestir a instituciones públicas de Huancavelica en años anteriores.
No obstante, el taller ubicado en el jirón 5 de Agosto no aparecería registrado como una empresa bajo titularidad de la diputada, según la información presentada en el reportaje.
Palomino no respondió a los cuestionamientos
Durante la investigación periodística, Cuarto Poder solicitó los descargos de Catherin Palomino y de Juntos por el Perú respecto al funcionamiento del taller y las presuntas irregularidades señaladas.
De acuerdo con el informe, no se obtuvo respuesta a las solicitudes realizadas.
El caso podría ser evaluado por las autoridades municipales, que tienen competencia para verificar el cumplimiento de las normas sobre licencias, seguridad y funcionamiento de establecimientos comerciales.
Mientras tanto, los cuestionamientos deberán ser esclarecidos por las instancias correspondientes, respetando el debido proceso y el derecho de la legisladora a presentar sus descargos.