El Gobierno declaró el estado de emergencia en 607 distritos de 16 regiones del país ante el peligro inminente generado por el déficit hídrico previsto para el periodo de lluvias 2026-2027. La medida busca reducir el muy alto riesgo que esta situación representa para la población y sus medios de vida, especialmente para la agricultura y la ganadería.
La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 116-2026-PCM, que establece una vigencia de 60 días calendario y permitirá ejecutar medidas de reducción del riesgo, así como acciones de respuesta y rehabilitación que sean necesarias.
La decisión del Ejecutivo se enmarca en las acciones de prevención frente al fenómeno El Niño y tiene como uno de sus principales objetivos contribuir a preservar la seguridad alimentaria.
¿Qué regiones están comprendidas?
El decreto contempla distritos de los departamentos de Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali, entre las regiones incluidas en la declaratoria.
La emergencia permitirá que las autoridades adopten medidas destinadas a atender de manera prioritaria los efectos que podría generar la escasez de agua durante el próximo periodo de lluvias.
INDECI coordinará acciones con gobiernos regionales
Los gobiernos regionales y locales comprendidos en la declaratoria deberán ejecutar las acciones prioritarias para enfrentar el déficit hídrico, en coordinación técnica y bajo el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).
Entre las prioridades se encuentra el sostenimiento de las actividades agropecuarias, debido al impacto que una eventual escasez de agua podría generar sobre los cultivos, el ganado y, en consecuencia, sobre los ingresos y medios de vida de las familias.
Para ejecutar estas acciones también participarán diversos sectores del Ejecutivo, con el propósito de articular una respuesta descentralizada frente a los riesgos asociados a las condiciones climáticas.
Medida busca proteger la seguridad alimentaria
El Gobierno señaló que la declaratoria permitirá fortalecer la preparación ante los efectos del déficit hídrico y reducir su impacto sobre la población.
La intervención coordinada entre el Gobierno nacional, las autoridades regionales y los municipios busca atender de manera anticipada los escenarios de riesgo y proteger las actividades productivas que dependen de la disponibilidad de agua.
La medida forma parte de las acciones adoptadas por el Ejecutivo frente a los eventos climáticos previstos para el periodo 2026-2027.