Rossana Alayza Maccera, del Partido del Buen Gobierno, presentó ante la Cámara de Diputados, este 10 de agosto, un proyecto que propone derogar la Ley 32645, que creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP). La iniciativa sostiene que la colegiatura afecta las libertades de trabajo y expresión artística de quienes desarrollan su actividad fuera de la formación superior formal.
La norma que creó el colegio profesional fue publicada el 13 de junio de 2026 y establece que la entidad agrupa a profesionales egresados de escuelas superiores de formación artística, institutos o universidades en especialidades como artes plásticas y visuales, música, danza y artes escénicas.
Proponen derogar ley de artistas en la Cámara de Diputados
La iniciativa de Alayza, a la que se sumaron otros 11 diputados, plantea la derogación integral de la Ley 32645 "por resultar lesiva a las libertades de trabajo y de expresión artística de aquellos artistas comprendidos en la misma".
El documento sostiene que la regulación puede excluir a artistas autodidactas, cultores tradicionales y creadores cuya formación proviene de saberes ancestrales, populares o comunitarios.
La propuesta cuestiona que la ley establezca como requisito para incorporarse al CPAP la presentación de un título profesional o título de licenciado en Arte o Educación Artística emitido por una escuela superior de formación artística, instituto o universidad. También contempla el pago de derechos de incorporación y una promesa de honor en ceremonia oficial.
Ley 32645: ¿por qué se cuestiona la colegiatura de artistas?
Uno de los principales argumentos del proyecto es que la colegiatura podría profundizar la diferencia entre quienes cuentan con formación académica y aquellos artistas que construyeron su trayectoria mediante la práctica, los talleres, la tradición familiar o los saberes comunitarios. La iniciativa sostiene que esta diversidad caracteriza al sector cultural peruano.
El documento cita información del Ministerio de Cultura sobre las condiciones laborales y socioeconómicas de los trabajadores culturales. Según el estudio mencionado en la exposición de motivos, el 9,29% de las mujeres y el 20% de los hombres del sector completaron estudios universitarios. Para la congresista, estos datos evidencian las brechas de formación existentes.
La propuesta también invoca la libertad de trabajo reconocida por la Constitución y recoge jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la colegiación profesional.
El proyecto sostiene que una exigencia de este tipo debe contar con una justificación objetiva y respetar los derechos fundamentales, por lo que cuestiona que la Ley 32645 establezca una barrera para el ejercicio artístico.
Falta de libertad artística
"A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión", se lee en el artículo 2, inciso 8, de la Constitución peruana.
Según la iniciativa, este derecho corresponde a toda persona y no depende de un grado académico, título profesional o incorporación a una entidad gremial.
La exposición de motivos también recoge una opinión jurídica del Mincul relacionada con el Proyecto de Ley N.° 4970/2022-CR, antecedente de la norma, la cual advertía que las disposiciones dirigidas a artistas y trabajadores del arte no debían limitar su libertad para ejercer una profesión creativa.