La Fiscalía solicitó nueve años y cuatro meses de prisión efectiva contra el diputado de Ahora Nación Harvey Colchado por los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica. La acusación está relacionada con el alquiler de un inmueble a la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando Colchado tenía el grado de coronel en actividad.
El requerimiento fue presentado por la fiscal Diana Paico Guevara ante el 30.° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios el 24 de julio.
El caso también comprende a Clara Ramírez Benites y al suboficial PNP Víctor Ocmin Vargas, para quienes la Fiscalía pidió cuatro años y ocho meses de prisión por presunta negociación incompatible.
Fiscalía pide nueve años y cuatro meses de prisión para Harvey Colchado: ¿de qué se le acusa?
Según la tesis fiscal, el caso se originó por el alquiler de un inmueble ubicado en Comas que funcionaba como sede de la División de Investigación Criminal (Depincri) de ese distrito. El predio pertenecía a los padres de Harvey Colchado y era arrendado a la PNP desde 2015. Tras la muerte de su padre, en 2020, una sucesión intestada convirtió al hoy diputado y sus hermanos en copropietarios.
La Fiscalía sostiene que esa condición generó un impedimento legal para contratar con el Estado, debido a que Colchado era coronel de la PNP en actividad. El 30 de abril de 2021, el entonces oficial otorgó un poder especial a su madre, Martina Huamaní, para administrar el inmueble. Según la acusación, en ese documento declaró que su ocupación era “independiente”, pese a que continuaba en actividad policial, hecho que para el Ministerio Público configuraría el presunto delito de falsedad ideológica.
La acusación también señala que Clara Ramírez Benites y Víctor Ocmin Vargas, quienes pertenecían al área de contrataciones de la PNP, elaboraron informes técnicos y cuadros comparativos que permitieron validar la propuesta presentada por la madre de Colchado. En 2021 se suscribió un contrato por S/ 73.200 durante 12 meses, equivalente a S/ 6.100 mensuales.
La Fiscalía sostiene que Colchado obtuvo un beneficio económico pese al supuesto impedimento legal. Por negociación incompatible, solicita cinco años y cuatro meses de prisión para él como cómplice primario, además de cuatro años por falsedad ideológica.
Diputado de Ahora Nación defiende su inocencia
Harvey Colchado rechazó la acusación fiscal en un pronunciamiento publicado el 5 de agosto. El diputado sostuvo que el requerimiento “no cuenta con el debido sustento y fundamento legal” y consideró que existen “insuficientes elementos de convicción” para atribuirle los delitos señalados por el Ministerio Público.
“Como ciudadano y hoy como diputado de la República, tengo la absoluta convicción de que soy inocente de los cargos que se me imputan”, afirmó Colchado. También señaló que respeta la autonomía del Ministerio Público y la independencia del Poder Judicial, y sostuvo que mientras los hechos permanezcan en investigación goza de la presunción de inocencia.
El diputado de Ahora Nación cuestionó además el momento en que la acusación se hizo pública. Según indicó, ocurrió cuando asumía una responsabilidad como integrante de la Comisión de Ética del Congreso. “No permitiré que ninguna investigación sea utilizada como herramienta o instrumento de presión política”, afirmó.
Colchado añadió que su lucha contra la corrupción no cambiará por la denuncia y aseguró que continuará con la misma “firmeza, honestidad e independencia” que, según dijo, marcaron su trayectoria.
¿Qué dijo Harvey Colchado sobre el alquiler del inmueble?
En su declaración ante la Fiscalía, en octubre de 2024, Colchado aseguró que no tuvo injerencia en los contratos celebrados por su madre. Sostuvo que nunca tuvo vínculo laboral con la Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia ni con la Región Policial Lima que le permitiera intervenir en el alquiler del inmueble donde funcionó la Depincri Comas.
Colchado también afirmó que el arrendamiento se realizaba desde 2015 y que los directores y jefes de región tenían el grado de general, mientras que él era coronel. En ese sentido, negó haber intervenido en el contrato antes, durante o después de la muerte de su padre. La Fiscalía, sin embargo, sostiene que la documentación del expediente acreditaba su condición de copropietario del predio.
El requerimiento fiscal contempla además una reparación civil de S/100.000 por negociación incompatible y S/50.000 por falsedad ideológica. Colchado y los otros dos investigados afrontan el proceso bajo comparecencia simple. El Ministerio Público indicó que no existen bienes incautados susceptibles de decomiso.