La justicia peruana condenó a 15 años de prisión efectiva a un exteniente gobernador del distrito de Acos Vinchos, en Ayacucho, por el delito de desaparición forzada, en un caso ocurrido hace más de cuatro décadas durante el periodo de violencia interna que vivió el país.
La sentencia fue obtenida por la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Ayacucho, que acreditó la responsabilidad de Elías Ccollana en la desaparición de Silvestre Quispe, registrada el 6 de agosto de 1984.
Fiscalía acreditó la participación del exteniente gobernador Elías Ccollana
De acuerdo con el Ministerio Público, durante el juicio oral se demostró que el sentenciado ejercía funciones como teniente gobernador del distrito de Acos Vinchos, en la provincia de Huamanga, además de presidir el Comité de Autodefensa de la localidad.
La investigación fiscal concluyó que Ccollana intervino en la detención arbitraria de Silvestre Quispe y en su posterior desaparición, hechos que fueron sustentados mediante pruebas testimoniales y documentales presentadas durante el proceso judicial.
El caso fue dirigido por el fiscal provincial Carlos Alberto Palomino Quispe, mientras que la sustentación en el juicio estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Wilton Uziel Asto Rivas.
Peritajes y testimonios fueron claves en el proceso
Entre los elementos probatorios valorados por el tribunal figuró el informe del antropólogo Mauro Ezequiel Pumahuacre Espinoza, quien expuso el contexto sociopolítico en el que ocurrieron los hechos durante el conflicto armado interno en Ayacucho.
Asimismo, diversos testigos brindaron su declaración de manera presencial con el acompañamiento de la Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos (Udavit) de Ayacucho, fortaleciendo el sustento de la acusación fiscal.
Reparación para la familia de la víctima
Además de la pena privativa de libertad, la sentencia dispone el pago de una reparación civil de S/ 50 000 a favor de los familiares de Silvestre Quispe.
El Ministerio Público señaló que esta decisión reafirma su compromiso con la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos, así como con la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, incluso en casos ocurridos hace varias décadas.