El nombre de Julián Pérez Mallqui detenido se convirtió en tendencia este jueves 30 de julio luego de que la Policía Nacional del Perú interviniera al diputado de Juntos por el Perú en el distrito limeño de San Miguel.
De acuerdo con información policial difundida por Canal N, Julián Pérez Mallqui detenido permanece en la comisaría junto con la presunta víctima. Se trata de una mujer cuya identidad se mantiene en reserva. Mientras tanto, continúan las diligencias.
El legislador fue elegido por la región Cusco y actualmente integra la bancada de Juntos por el Perú. Sin embargo, esta no es la primera vez que enfrenta problemas con la justicia.
Diputado Julián Pérez: Ministerio de la Mujer se pronuncia
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que un equipo multidisciplinario del Programa Nacional Warmi Ñan se encuentra en la comisaría de San Miguel para brindar soporte legal y psicológico a una mujer que denunció ser víctima de violencia por parte del diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, quien ya se encuentra detenido. Desde el sector, el ministerio condenó "enérgicamente" el hecho, lamentando que involucre a una autoridad recientemente elegida.
Pero no sería la primera vez. De hecho, según los registros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el parlamentario cuenta con antecedentes por lesiones culposas, falsa declaración en proceso administrativo y casos vinculados con violencia familiar.
Uno de los hechos más recordados ocurrió en febrero de 2024, cuando fue sentenciado por lesiones culposas tras atropellar a una menor de siete años y a su madre en Pichari, Cusco. El Poder Judicial le impuso una condena de prisión suspendida y ordenó el pago de S/80.000 por concepto de reparación civil. Ese proceso aún continúa en revisión luego de un recurso presentado por su defensa.
Ahora, el caso de Julián Pérez Mallqui detenido vuelve a colocar al legislador bajo el escrutinio público. Un familiar de la denunciante confirmó la existencia de la presunta agresión y pidió que las autoridades actúen para garantizar la seguridad de la víctima.
Hasta el momento, la Policía Nacional y el Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades del caso. Será la Fiscalía la que defina las acciones legales que correspondan tras recibir las declaraciones de los involucrados.