La crisis provocada por la interrupción del suministro del gasoducto de Camisea, ocurrida el 1 de marzo de 2026, llevó al Ejecutivo a presentar un proyecto de Decreto Supremo que busca fortalecer la planificación energética nacional y reducir los riesgos para el abastecimiento de energía en el país. La propuesta fue presentada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que calificó la contingencia como un punto de inflexión para el sector.
Emergencia energética
La ruptura del gasoducto dejó sin suministro de gas natural al 83 % de Lima y generó un incremento en los costos de la electricidad para miles de usuarios. A cuatro meses del incidente, el Gobierno sostiene que la experiencia evidenció la necesidad de contar con mecanismos de planificación de largo plazo que permitan anticipar riesgos y brindar mayor estabilidad al sistema energético.
El exministro Ángelo Alfaro Lombardi calificó la emergencia como "la crisis más grave de las últimas dos décadas", mientras que el jefe del Gabinete del MINEM, Enrique Soto Ruiz, señaló que el episodio puso en evidencia las debilidades estructurales del sector.
"Esto fue un campanazo de alerta. Entre 2021 y 2025 solo se realizaron tres perforaciones exploratorias, frente a decenas en años anteriores. La energía es el motor de nuestra economía y la inversión se aleja cuando no hay claridad en el sector. Necesitamos reglas firmes que devuelvan competitividad y seguridad al país", sostuvo el funcionario.
Reservas e inversión
De acuerdo con información de Perupetro, el Perú cuenta con un potencial de 46,2 billones de pies cúbicos (BPC) de gas natural en recursos prospectivos y existen 146 áreas que actualmente no tienen contratos de exploración o explotación vigentes.
A ello se suman los retrasos en los procedimientos ambientales. Reportes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) indican que algunos permisos pueden demorar hasta tres veces más del plazo establecido por la normativa, situación que retrasa nuevas inversiones, la incorporación de reservas y la generación de canon para las regiones.
Planificación energética
El proyecto de Decreto Supremo propone institucionalizar la planificación energética nacional mediante la elaboración de un Plan Energético Integrado de Largo Plazo, estudios prospectivos y balances periódicos que permitan identificar riesgos y orientar las inversiones públicas y privadas.
Asimismo, el documento permanecerá abierto durante 20 días para recibir comentarios y aportes de ciudadanos, empresas e instituciones interesadas.
El MINEM sostiene que esta herramienta busca reducir la incertidumbre regulatoria y brindar mayor previsibilidad al desarrollo del sector energético.
Masificación pendiente
La propuesta también pone sobre la mesa el desafío de ampliar el acceso al gas natural fuera de Lima. Actualmente, la mayor parte de la red de distribución se concentra en la capital, mientras que proyectos como Siete Regiones y la Extensión al Sur continúan pendientes de ejecución para ampliar la cobertura del servicio.
Según cifras del Banco Central de Reserva (BCR), el sector hidrocarburos aportó US$ 240 millones al Estado durante el primer trimestre de 2026. Para el Ejecutivo, la reciente crisis evidenció que los retrasos en inversión, exploración y permisos terminan impactando en mayores costos para los consumidores y menores ingresos para las regiones productoras.