El OSIPTEL aprobó una nueva normativa que obliga a las empresas operadoras de telefonía móvil a verificar, antes de concretar cualquier contratación, que las personas naturales no superen el límite máximo de siete líneas móviles establecido por la legislación vigente. La medida busca reforzar la seguridad en la contratación de servicios de telecomunicaciones y reducir los casos de activaciones no autorizadas.
La disposición fue oficializada mediante la Resolución N.° 000092-2026-CD/OSIPTEL, publicada en el diario oficial El Peruano, y desarrolla mecanismos para garantizar el cumplimiento del límite previsto en el Decreto Legislativo N.° 1738.
OSIPTEL implementará un sistema centralizado de verificación
Como parte de la norma, OSIPTEL desarrollará un sistema centralizado que permitirá a las empresas operadoras verificar, en tiempo real y mediante mecanismos seguros de autenticación, cuántas líneas móviles mantiene registradas una persona natural antes de aprobar una nueva contratación.
Las empresas contarán con un plazo de seis meses para adecuar sus sistemas tecnológicos e integrarse a esta plataforma, la cual permitirá garantizar la consistencia, trazabilidad y confiabilidad de la información utilizada durante el proceso de contratación.
Si la consulta determina que el usuario ya alcanzó o superó el límite permitido, la empresa estará impedida de activar una nueva línea, salvo en las excepciones contempladas expresamente por el Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1338.
Renteseg identificará a quienes excedan el límite
La normativa también fortalece las funciones del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), administrado por el OSIPTEL.
Este sistema identificará a los abonados que superen el límite de siete líneas móviles y comunicará dicha información a las empresas operadoras para que adopten las acciones correspondientes.
Tras recibir la notificación, las operadoras deberán enviar mensajes de texto y correos electrónicos durante diez días hábiles consecutivos a los usuarios que hayan excedido el límite desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N.° 1738, el 14 de febrero de 2026.
El objetivo es que los abonados soliciten voluntariamente la baja de las líneas excedentes o gestionen el cambio de titularidad de los servicios.
Procedimiento para la baja de líneas excedentes
Si el usuario no regulariza su situación, la empresa deberá comunicar la baja del servicio como máximo un día hábil después de recibir la información del Renteseg y ejecutar la cancelación al segundo día hábil.
La norma también protege los derechos de los consumidores en los servicios pospago y control. En estos casos, las operadoras no podrán cobrar por los días en que la línea permanezca inactiva debido a la baja, y estarán obligadas a devolver los montos pagados por adelantado que correspondan.
Más controles para evitar fraudes en contrataciones
El nuevo marco regulatorio incorpora otras medidas orientadas a reforzar la seguridad de las contrataciones de telefonía móvil.
Entre ellas figura la validación de identidad para ciudadanos extranjeros que cuentan con carné de identidad emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como la posibilidad de que cada abonado solicite a su operador una restricción para impedir nuevas contrataciones a su nombre.
Asimismo, las empresas deberán remitir información adicional al OSIPTEL sobre cada contratación realizada, con el propósito de mejorar la trazabilidad de las operaciones y facilitar las labores de supervisión.
Nuevas infracciones para las empresas operadoras
La norma establece además un régimen específico de infracciones para las empresas que incumplan las nuevas obligaciones.
Entre las conductas sancionables figuran la contratación de líneas móviles que superen el límite permitido, la omisión en el envío de los mensajes informativos a los abonados que excedan las siete líneas y el incumplimiento de las restricciones de contratación establecidas por el regulador.
Con estas medidas, el OSIPTEL busca fortalecer los mecanismos de control sobre la contratación de servicios móviles, combatir el uso indebido de líneas telefónicas y brindar mayores garantías a los usuarios frente al fraude y la suplantación de identidad.