Escribe: Luis E. Lama
1.- En redes sociales puede verse a Waldemar Cerrón, el “nepo bro” del Congreso, anunciando con orgullo la aprobación de este proyecto elaborado junto con Flavio Cruz, María Agüero, Segundo Montalvo, Isaac Mita y Kelly Portalatino. El dictamen fue sustentado por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, mientras que la Comisión de Cultura permaneció al margen. Una reforma destinada a “reorganizar” el sector terminó aprobándose sin consultar con los artistas ni contar con un análisis especializado. Ninguno de los impulsores de esta iniciativa consiguió la reelección. Fracasados.
Este interés de Cerrón no es nuevo. En julio del año pasado reconoció a más de treinta artistas, entre los que figuraban —acertadamente— Melcochita, Amanda Portales, Bartola, Carlos Gassols, Alberto Ísola y Haydeé Cáceres. Junto a ellos rindió homenaje a “otros protagonistas del arte musical y cultural del país” [sic], como Dayanita y varios personajes del ambiente cuyos merecimientos confieso ignorar.
2.- Muchos han interpretado la creación del Colegio de Artistas como una expresión controlista del marxismo peruano. No estoy seguro de ello porque Perú Libre es mucho más cercano al conservadurismo fujimorista. En realidad, si existe una influencia ideológica reconocible, se asemeja más al estalinismo y a su vocación de someter la vida social y cultural a mecanismos de control.
El antecedente más cercano fue el proyecto presentado en 2018 por el fallecido tenor, congresista y ministro de Cultura Francesco Petrozzi. Él buscaba fortalecer la representación gremial; la nueva ley, en cambio, atribuye al Colegio la facultad de “ordenar y supervisar el ejercicio profesional”. Ya no se trata de representar, la intención de hoy es fiscalizar.
El texto contiene contradicciones evidentes. No establece la colegiación obligatoria, por lo que el futuro de la institución dependerá de la adhesión voluntaria de los artistas. Entonces surgen preguntas inevitables: ¿quiénes se afiliarán?, ¿quién supervisará?, ¿cuáles serán los criterios? Esto es inaplicable y estoy convencido de que la presión de los involucrados promoverá su derogación.
3.- Hasta el momento, nadie ha explicado por qué han intentado reunir en una sola institución a músicos, pintores, escultores, fotógrafos, actores, bailarines, escritores y creadores tradicionales. Sus trayectorias, problemas laborales y modos de formación son demasiado diferentes. Las asociaciones solo funcionan cuando cada disciplina decide organizarse libremente y, si lo considera conveniente, articularse con las demás para formular demandas comunes al Estado.
La ley además supone que el artista se forma necesariamente en una universidad o en una Escuela Superior, desconociendo nuestra realidad. El autodidactismo, el taller familiar, la tradición oral y los conocimientos transmitidos entre generaciones también han producido obras de excelencia. ¿Habría podido Joaquín López Antay incorporarse a este Colegio? ¿Qué ocurriría con Sara Flores u Olinda Silvano, figuras fundamentales del arte amazónico contemporáneo?
4.- El conflicto trasciende el plano jurídico. Siempre que un Gobierno ha pretendido encauzar a los artistas, los resultados han conducido al fracaso. Recordemos que, durante el Oncenio de Leguía, el indigenismo fue convertido en estética oficial mediante museos, premios, adquisiciones y políticas públicas. Ese apoyo contribuyó a debilitar su impulso renovador. Como observó Mirko Lauer, la institucionalización coincidió con el inicio de su agotamiento artístico.
No fue casual que las renovaciones posteriores surgieran fuera de ese modelo. El Grupo Espacio, las vanguardias de los años sesenta, Huayco y muchas de las expresiones más vigorosas del arte andino y amazónico nacieron de la iniciativa de sus propios miembros, no de una imposición estatal.
5.- El Colegio es lo de menos. El verdadero problema es creer que desde el Estado se puede controlar el acto creativo. Se olvidan de que la historia del arte la han protagonizado quienes cuestionaron las reglas de su tiempo. Por eso es contradictorio que una ley pretenda “ordenar y supervisar el ejercicio profesional” de quienes existen precisamente para desafiar los límites establecidos.
El Estado debería concentrarse en proteger el patrimonio, ampliar el acceso a la cultura, fortalecer los museos, financiar proyectos, generar incentivos tributarios y facilitar la circulación de las obras. Los artistas necesitan seguridad social, jubilación, atención médica, mejores mercados y oportunidades de proyección internacional. Ninguna de esas necesidades se resolverá con este Colegio.
Por eso las asociaciones son indispensables para defender intereses comunes, negociar mejores condiciones de trabajo y promover políticas culturales. Pero deben surgir de la voluntad de sus miembros, no de una entelequia institucional diseñada desde el poder.
6.- Conviene recordar que el Tribunal Constitucional sostuvo, al resolver el caso del Colegio de Periodistas, que la colegiación no podía convertirse en requisito para ejercer el periodismo porque ello vulneraba la libertad de expresión. Ese principio resulta igualmente aplicable al arte. El periodista comunica mediante la palabra; el artista, mediante la obra. Ninguno debería depender de una autorización para ejercer una libertad fundamental.
Las grandes obras del arte peruano no surgieron porque algún gobierno las autorizó, sino porque alguien se atrevió a hacer aquello para lo que todavía no existía permiso. Por eso, en lugar de convertir Facebook en un muro de las lamentaciones, los artistas deberían dejar de lado la abulia y los egos para actuar unidos. Es impostergable hacer sentir su voz como colectividad.
No olviden que su principal herramienta es la libertad.